Luces y sombras del Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

El Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España y que fue aprobada por el Consejo de Ministros hace casi un año, se encuentra actualmente en tramitación en el Senado después del obtener la mayoría del voto favorable en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El objetivo de esta iniciativa legislativa es "la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos" por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución y dando respuesta "al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030", según el comunicado oficial del Congreso.

Cifras del desperdicio alimentario en España

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España se desperdician alrededor de 8,9 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale a un 2,9% del total de los alimentos disponibles para el consumo humano. De estos 8,9 millones de toneladas, los fabricantes y distribuidores de alimentos desechan alrededor de 2,5 millones de toneladas al año, lo que representa el 42% del total de alimentos desperdiciados en España.

Esta cifra supone una pérdida económica significativa para las empresas del sector alimentario. Reducir el desperdicio alimentario no solo es importante para evitar la pérdida de recursos, sino también para contribuir a la lucha contra el cambio climático y mejorar la sostenibilidad del sistema alimentario.

Precisamente, una de las claves de la nueva ley contra el desperdicio alimentario es respetar la jerarquía de prioridades en la gestión de los productos no vendidos, en la que las donaciones ocupan el primer puesto. Será obligatorio establecer acuerdos y convenios con asociaciones para destinar su excedente. De esta manera, con la aprobación de la norma, España se une a otros países europeos que ya han adoptado medidas similares.

El análisis del colectivo Ley Sin Desperdicio

El colectivo Ley Sin Desperdicio, integrado por diferentes organizaciones y activistas preocupados por las graves consecuencias del desperdicio alimentario, valoró muy positivamente los avances alcanzados en el texto legal, en el que venían trabajando desde hace un año.

Sin embargo, también lamenta que el proyecto de ley, en sus diferentes fases, “no se haya desarrollado en el sentido que hubiese deseado para contar con una ley pionera en Europa. El texto inicial del anteproyecto de ley era más ambicioso y transformador que el que después recogió el proyecto de ley”, manifestó Ley Sin Desperdicio en un comunicado.

En cuanto a los aspectos positivos, Ley Sin Desperdicio considera que están recogidas parte de las demandas que propuso en los últimos meses a los diferentes grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Una de las grandes reclamaciones era mejorar la especificación de la medición, tanto cualitativa como cuantitativamente en todos los eslabones de la cadena de suministro, de manera periódica. Es el gran cambio que se aprecia en el nuevo texto, ya que se han incrementado las obligaciones de las administraciones públicas para medir todos y cada uno de los eslabones. En concreto, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que deberá aplicar metodologías que permitan comparar la evolución recurrente y publicar de forma periódica los datos.

En lo que se refiere a definiciones, el proyecto de ley incorpora la visión global del sistema agroalimentario, desde las pérdidas de alimentos que se quedan en campo, hasta el desperdicio alimentario de todas las fases posteriores de la cadena.

Asimismo, se sitúa la prevención en la jerarquía de prioridades. El artículo 5 de la nueva ley se alinea con las directivas y documentos europeos y recoge que se tomarán “cuantas medidas sean posibles para prevenir la generación de pérdidas y desperdicio alimentario, incorporando criterios de producción, compra y gestión racionales y basados en las necesidades concretas que impidan la generación de excedentes”.

Carencias del texto legal

Sin embargo, y a pesar de estos avances incluidos el texto, Ley Sin Desperdicio destaca algunas carencias y espera que puedan ser incorporadas a la ley, ya sea en su paso por el Senado, o en posteriores reglamentos relacionados

En primer lugar, la ley no incluye la mención a la rebusca o el espigueo. A pesar de no ser estrictamente necesario un marco normativo para su práctica (se realiza de manera formal e informal en todo el territorio español) sería un gran avance su reconocimiento en el texto de la norma para unificar procedimientos y dar seguridad jurídica a todas las partes implicadas.

En cuanto a aplicar la obligatoriedad de jerarquía de prioridades y la donación, el colectivo cree que es demasiado elevada la dimensión de superficies de 1.300 metros cuadrados. Sería más oportuno reducirla considerablemente, hasta los 400 metros cuadrados, tal y como aparecía en el primer anteproyecto de ley.

Además, no se recoge ninguna dotación presupuestaria que serviría para propiciar que se den todas las condiciones para que este cumplimiento de la ley sea factible a lo largo de toda la cadena alimentaria y en todos los territorios. Sin embargo, para la adopción de buenas prácticas y fomento de la autorregulación sí se plantea la posibilidad de ayudas a su constitución y ejecución, mientras que no se habla de ello para ayudar a incorporar las medidas obligatorias.

Ley Sin Desperdicio pide también la eliminación de algunos puntos del articulado de la ley. Por ejemplo, el punto 4 del artículo 15, ya que considera la gestión de excedentes no debe ser una estrategia clave para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, sino que estas estrategias deben estar guiadas por un enfoque de derechos humanos y no de asistencialismo.

Igualmente, solicita eliminar el apartado 1 i) del art 10, que propone promover la creación de nuevos negocios para la canalización de los excedentes, cuando el objetivo prioritario de la Ley no es este, sino la prevención de dichos excedentes.

Por último, el colectivo echa de menos la consideración de medidas positivas (no sólo sancionadoras) que motiven a los agentes implicados en el cumplimiento de los objetivos de la ley, así como espera una pronta reglamentación de todo lo dispuesto y una coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades locales, para empezar a aplicar la norma cuanto antes.

En definitiva, el colectivo Ley Sin Desperdicio considera que la nueva norma, aunque podría haber sido algo más ambiciosa y transformadora, da un paso importante en la dirección correcta para la prevención de las pérdidas y desperdicio de alimentos, máxime en un momento como el actual con elevada inflación, escasez y carestía de recursos, emergencia climática y pobreza alimentaria.