La Directiva marco sobre la gestión de residuos (Directiva 2008/98/CE) exige adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que dicha gestión no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medioambiente. Los Estados miembro también deben velar por que los residuos se eliminen de forma segura y para que los productores iniciales de residuos o bien los traten ellos mismos o bien se cercioren de que el tratamiento se lleve a cabo de forma adecuada.
En este caso, la Comisión Europea informa de que “España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir esos requisitos. La persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados ni restaurados desde 2008 está provocando daños graves al medioambiente y pone en peligro la salud humana”.
Esto indica, también, que España ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos. “Esto crea riesgos para la salud y el medioambiente, los cuales están en el punto de mira del Pacto Verde Europeo”, advierten desde Bruselas.
Gestión hidráulica y de inundación
Por otro lado, la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE) se centra en garantizar la calidad y la cantidad de las masas de agua europeas, como los ríos y los lagos, reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya agua suficiente para cubrir al mismo tiempo las necesidades humanas y las de la fauna silvestre.
La Comisión Europea recuerda que esto “constituye una parte esencial del Pacto Verde Europeo y resulta necesaria para alcanzar sus objetivos en materia de clima, naturaleza y reducción de la contaminación”. Además, “el cumplimiento de la Directiva sobre inundaciones es fundamental para la preparación ante las inundaciones y la gestión de éstas”.
En virtud de la Directiva marco sobre el agua, los Estados miembro deben actualizar y notificar cada seis años sus planes hidrológicos de cuenca. Éstos incluyen un programa de medidas que son fundamentales para garantizar el buen estado o el potencial de todas las masas de agua.
Asimismo, los Estados miembro deben actualizar y notificar sus planes de gestión del riesgo de inundación. Estos son igualmente fundamentales para cumplir los objetivos de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE), esto es, “reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medioambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica”, informan en la Comisión Europea.