
La directiva (UE) 2024/825, que viene para reducir de una forma muy transversal una práctica tan deshonesta como el greenwashing, utilizada por las empresas para parecer más sostenibles, aborda tres pilares clave: el empoderamiento del consumidor con herramientas que ayuden a tomar decisiones de compra informadas, prevenir y sancionar las prácticas comerciales engañosas y promover la transparencia entre las organizaciones con evidencias verificables que aseguren una sostenibilidad real.
Los objetivos de esta normativa son incentivar a aquellas organizaciones que adoptan prácticas sostenibles reales y responsables; reducir el impacto medioambiental de su actividad, mejorar la confianza de sus grupos de interés; y, con todo ello, contribuir a la transición hacia una economía más verde. Se espera que la trasposición de esta directiva esté disponible en septiembre de 2026 y sus principales medidas son las siguientes:
Verificación obligatoria
Las afirmaciones ambientales sobre el producto o servicio deben estar respaldadas por evidencia científica verificable, y ser específicas en términos claros y visibles. Las Administraciones Públicas serán las encargadas de designar a los organismos capacitados para este fin.
Prohibición de términos genéricos
Evitar el uso de términos sin significado concreto como ‘eco’ o ‘verde’ sin explicación clara y particularizada. Ha de proporcionarse información sobre las características de sostenibilidad de forma clara, pertinente y fiable, respaldada por compromisos claros.
Sanciones y multas
Las empresas que no cumplan con la normativa se enfrentarán a sanciones, multas y penalizaciones que repercutirán en la confianza que en ellas depositan sus grupos de interés. Cada una de ellas se identificará con un apelativo concreto, como competencia desleal o por afectar a los derechos de los consumidores, entre otros.
Aumento de la transparencia y credibilidad
La normativa obligará a las organizaciones a informar sobre las características medioambientales, sociales o de circularidad de sus actividades, asegurando siempre la veracidad comprobada. Para ello necesitarán utilizar etiquetas de sostenibilidad en esquemas de certificación reconocidos o establecidos por las Administraciones Públicas, como el Modelo EFQM.
Derechos del consumidor
Los consumidores deben conocer su derecho a reclamar, así como a acceder a información detallada sobre los productos. De esta manera, podrán tomar sus decisiones de compra de una manera más informada y reducir el riesgo de engaño en la adquisición de productos o servicios ‘sostenibles’, promoviendo con ello un mercado más responsable.