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Elaborado por Transparencia Internacional

España mantiene su puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción, pero baja un puesto en el ranking mundial

Las políticas globales de gobiernos y organismos internacionales contra la corrupción se encuentran estancadas, según reflejan los datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por la organización Transparencia Internacional. En el caso de España, los responsables del análisis apuntan al debilitamiento del sistema judicial como una de las principales causas para impedir la mejora de su puntuación.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) asigna su puntuación a 180 países y territorios.

España mantiene una puntuación de 60 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 publicado por Transparencia Internacional. Sin embargo, no es motivo ni de satisfacción ni de tranquilidad, ya que baja un puesto en su posición en el ranking mundial (36/180) y cuatro con respecto al IPC 2020 (32/180).

El IPC asigna una puntuación (100 puntos equivalen a “muy transparente” y 0 a “altamente corrupto”) a 180 países y territorios de todo el mundo según las percepciones sobre el nivel de corrupción que existe en el sector público, a partir de datos de 13 fuentes externas, que incluyen al Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgos, grupos de especialistas y otras fuentes. Las puntuaciones reflejan las perspectivas expresadas por especialistas y actores del ámbito empresarial, pero no del público en general.

Es relevante destacar que, a pesar de mantener su puntuación respecto al ejercicio anterior (IPC 2022), en los dos años precedentes España experimentó dos descensos consecutivos, disminuyendo un punto en 2022 y otro en 2021. A pesar de mantenerse igual respecto al año anterior, la tendencia a la baja en los dos años anteriores evidencia un estancamiento y desafío persistente para avanzar en la prevención y lucha contra la corrupción.

En el ranking 2023, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Catar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180).

Debe mejorar la prevención y lucha contra la corrupción

Los resultados obtenidos en el IPC de los últimos años ponen de manifiesto las dificultades en las que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción. Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos.

Es preciso recordar que entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó siete puntos. En 2019 experimentó una mejora, que pudo mantener en 2020, pero que ha descendido hasta la puntuación obtenida en el IPC 2022 y en el IPC 2023. En este sentido, España no logra remontar a la puntuación que tenía hace ocho años, si bien la diferencia es mucho menor: continua con cinco puntos menos de los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65/100.

España no debe conformarse con la posición actual, ya que la sitúa por debajo de países que hace dos años estaban claramente lejos en su posición, como pueden ser Israel o Cabo Verde. Así que se enfrenta al reto de emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición en próximas ediciones.

Según los expertos de Transparencia Internacional, no solo es necesario abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Será esencial recuperar el buen funcionamiento de las instituciones (como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial) y llevar a cabo reformas institucionales necesarias para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público como la reforma de la Ley de Transparencia, la supresión del programa de visados dorados (Golden Visas), la mejora de la transparencia parlamentaria, la creación de la autoridad independiente de protección del informante o el impulso de la regulación de un registro de grupos de interés obligatorio.

España ha bajado un puesto en el ranking mundial respecto al IPC 2022 y cuatro con respecto al IPC 2020.

Resultados a nivel mundial

En lo que respecta a los resultados del IPC a nivel mundial, Transparencia Internacional muestra que la mayoría de los países han logrado mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Durante doce años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que siguen existiendo graves problemas de corrupción y falta de control.

La puntuación media de Europa Occidental y la Unión Europea (UE) en el IPC 2023, es de 65 sobre 100, descendiendo por primera vez en una década. A pesar de seguir siendo la región con mejor puntuación, las medidas anticorrupción siguen viéndose socavadas por el debilitamiento de los controles. La erosión de la integridad política contribuye a disminuir la confianza pública en la capacidad de los países para abordar los retos actuales de la región.

El IPC 2023 revela que los esfuerzos anticorrupción se han estancado o han disminuido en más de tres cuartas partes de los países de la región. De los 31 países evaluados, solo seis han mejorado su puntuación, mientras que ocho la han disminuido desde 2012.

Varias democracias de alto rango, como Suecia (82), Países Bajos (79), Islandia (72) y Reino Unido (71), han registrado las puntuaciones más bajas de su historia. Cabe destacar que el Reino Unido ha experimentado un descenso de seis puntos en los últimos cinco años.

En lo que respecta a algunos de los datos más destacados del resto de países estudiados, Dinamarca encabeza el índice por sexto año consecutivo con una puntuación de 90, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. Debido al buen funcionamiento de sistemas de justicia, estos países también se encuentran entre los primeros puestos en el Índice de Estado de Derecho.

Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16) ocupan las posiciones inferiores en el índice. Todos estos países se ven afectados por crisis prolongadas, en su mayoría conflictos armados.

Hay 23 países ­­—entre ellos algunas democracias que ocupan posiciones altas como Islandia (72), los Países Bajos (79), Suecia (82) y el Reino Unido (71), al igual que algunos estados autoritarios como Irán (24), Rusia (26), Tayikistán (20) y Venezuela (13)— que este año están en niveles mínimos históricos.

Desde el año 2018, 12 países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC. La lista incluye a países de ingresos bajos y medianos como El Salvador (31), Honduras (23), Liberia (25), Myanmar (20), Nicaragua (17), Sri Lanka (34) y Venezuela (13), así como a economías de ingresos medianos-altos y altos como Argentina (37), Austria (71), Polonia (54), Turquía (34) y el Reino Unido (71).

Durante ese mismo período, ocho países mostraron mejoras en el IPC: Irlanda (77), Corea del Sur (63), Armenia (46), Vietnam (42), Maldivas (40), Moldavia (39), Angola (33) y Uzbekistán (31).

Fortaleza e independencia de los sistemas de justicia

Contar con órganos judiciales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley independientes, transparentes y dotadas de recursos suficientes es fundamental para contener la corrupción. A su vez, resulta clave evitar que el abuso del poder político, el soborno y otras formas de corrupción influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces.

La guerra de Rusia contra Ucrania (36) planteó desafíos inmensos a la gobernanza y la infraestructura de este último país, e incrementó los riesgos de corrupción. Sin embargo, Ucrania continuó escalando posiciones en el IPC, por 11 años consecutivos, al enfocarse en las reformas al sistema de justicia, incluida la reestructuración de los órganos de autogobierno judicial, una mayor independencia judicial y el fortalecimiento de la capacidad del órgano responsable de enjuiciar casos de corrupción. A pesar de estas mejoras, resulta preocupante que siga habiendo un número considerable de casos de corrupción de alto nivel.

El declive que registra Guatemala (33) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas. El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción.

En África, los casos de corrupción y los problemas dentro de los sistemas de justicia son diversos, incluyendo señalamientos de soborno, extorsión e interferencia política en los sistemas de justicia de países como Nigeria (25). En Burundi (20) hubo casos de encarcelamiento de magistrados, y en la República Democrática del Congo (22) no se investigaron de manera efectiva casos que fueron llevados ante la justicia.

Por todos estos motivos, Transparencia Internacional ha hecho un llamamiento a los Estados para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para perseguir eficazmente todos los delitos de corrupción y establecer los controles adecuados para prevenirla. A su vez, los Estados también deben adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan preservar su integridad, imparcialidad y garantizar plena accesibilidad a la justicia para todas las personas.