España, al convertirse en uno de los primeros países en ratificar este acuerdo, demuestra su apoyo a la protección de la biodiversidad en aguas internacionales y su apuesta por el multilateralismo en un momento en el que algunos actores globales ponen en duda la eficacia de los acuerdos internacionales. El Tratado de Alta Mar, adoptado en junio de 2023, establece un marco legal para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, que representan casi la mitad de la superficie del Planeta y dos tercios de los océanos.
Además, el Tratado permite su protección mediante la designación de áreas marinas protegidas y establece un mecanismo para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos. Se trata de un desarrollo normativo de los aspectos medioambientales previstos en el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS).
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado la importancia de este “acuerdo histórico”. “Hoy nuestro país vuelve a demostrar, por la vía de los hechos, su compromiso con la agenda ambiental, con el multilateralismo y con un proyecto global donde la búsqueda de la prosperidad de todos vaya de la mano de la necesaria protección de los bienes públicos globales”.
Este tratado es esencial para alcanzar el objetivo global de proteger al menos el 30 % de los océanos para 2030, y crea un marco adecuado para abordar desafíos como la sobrepesca, la contaminación, el reparto equitativo de los beneficios de los recursos genéticos marinos, y evaluar y limitar el impacto de nuevas actividades humanas como es la minería submarina.
Garantizar la actividad humana
Sin embargo, esta ratificación debe ser solo el principio. Las organizaciones ecologistas instan al Gobierno español a dar más pasos para garantizar que la actividad humana, tanto en aguas internacionales como en sus aguas jurisdiccionales, sea plenamente compatible con la preservación de los ecosistemas marinos y de su biodiversidad.
Para las organizaciones ecologistas, el Gobierno debe continuar con el cumplimiento de la hoja de ruta para alcanzar la protección del 30 % de las aguas marinas españolas y con la protección ya en 2025 del 25 % de nuestros mares.
También debe profundizar en la gobernanza participativa de estos espacios, comenzando con la aprobación de los planes de gestión de los espacios marinos protegidos y dotar adecuadamente con recursos humanos y materiales la puesta en marcha y seguimiento de dichos planes. Las organizaciones piden además adoptar la prohibición de la minería submarina en aguas españolas, igual que ya se hizo con la exploración de gas y petróleo.