El Supremo holandés obliga al Gobierno a elevar su ambición climática

Esta sentencia sienta un precedente único en el mundo. Los jueces han fijado incluso una meta concreta: para el año 2020 debe haber una rebaja de un 25 por ciento de los gases que provocan el calentamiento de la Tierra (CO2), en lugar del 16 por ciento marcado por la actual política medioambiental.

Urgenda, la ONG que demandó el pasado abril al Ejecutivo arropada por un millar de ciudadanos, ha calificado la decisión judicial de “histórica”. No en vano es la primera vez en el mundo que un grupo de ciudadanos recurre a la legislación europea sobre derechos humanos para pedir que se ponga coto a la contaminación.

La ONG Urgenda demandó al Gobierno holandés en 2015 en nombre de 900 ciudadanos holandeses por su responsabilidad en las emisiones de CO2. Ese mismo año, los tribunales dieron la razón a la ONG en un fallo histórico. Esta sentencia fue pionera al dar la razón a la sociedad civil y obligar al estado a fijar compromisos climáticos ambiciosos.

El Tribunal Supremo holandés da la razón a la ONG Urgenda que denunció al Gobierno por su baja ambición ambiental

El Gobierno recurrió la sentencia, pero en octubre del año pasado, el tribunal dio la razón de nuevo a Urgenda. Los tribunales establecían en las sentencias de 2015 y 2018 la responsabilidad del gobierno de recortar en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, respecto a las emisiones de 1990. Los jueces argumentaron que los gobiernos tenían la obligación de proteger a sus ciudadanos.

Lo que se ha producido ahora es la confirmación del fallo del Alto Tribunal, por lo que la sentencia ya es firme. 

La directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (iiDMA), Ana Barreira, ha declarado que este caso “tiene una enorme importancia para el derecho medioambiental”.

A juicio de esta experta en derecho medioambiental, “lo ideal sería que las organizaciones medioambientales y ciudadanos no tuviéramos que acudir a los tribunales para presionar a los gobiernos para que cumplan las normas, en especial cuando afectan a derechos fundamentales como el derecho a la vida o la salud, que están estrechamente vinculados con el medio ambiente”.

"Este caso tiene una enorme importancia para el derecho medioambiental”, afirma Barreira

Sin embargo, Barreira asegura que “el problema es que las numerosas normas que ya existen para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático no se están cumpliendo”.

La sentencia sienta un precedente que puede influir en cientos casos de todo el mundo donde se pone en tela de juicio la responsabilidad de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos de problemas medioambientales que afecten a derechos fundamentales como la salud o la vida.