Los aspectos sociales en el enfoque ESG de la sostenibilidad

El Clúster de Impacto Social de Forética aborda la integración de los derechos humanos en la estrategia empresarial

En el año en el que se celebra el 10º Aniversario de los Principios Rectores de Naciones Unidas y ante el análisis del impacto de la COVID-19 en los derechos humanos, el Clúster de Impacto Social de Forética ha organizado un evento público con el objetivo de potenciar el diálogo, el conocimiento, la acción y la colaboración en esta materia, analizando la importancia de abordar la integración de los derechos humanos en la estrategia empresarial, destacando herramientas y recursos de actualidad en este ámbito.

Los derechos humanos, en el centro de la estrategia empresarial

20 Oct 2021 | Rocío Barrie | Soziable.es

El Clúster de Impacto Social, liderado por Forética y encabezado por Grupo Cooperativo Cajamar, Ibercaja, Ilunion y Naturgy junto a más de 40 empresas, profundiza en el cumplimiento por parte de las empresas de las nuevas normativas y exigencias en materia de derechos humanos que van a establecerse a nivel europeo y en cómo visibilizar el compromiso a nivel interno y externo en este ámbito.

En el contexto actual, vemos cómo los desequilibrios y las situaciones de vulnerabilidad provocadas por la COVID-19 generan impactos negativos en materia de derechos humanos que, según el director general de Forética, Germán Granda, “es urgente y necesario evitar”.

Un reto que está impulsando a las empresas a ser más transparentes respecto a sus desafíos y esfuerzos para respetar los derechos humanos, además de involucrarse en la integración estratégica de este aspecto a lo largo de su cadena de valor.

Así, desde el Clúster de Impacto Social de Forética perciben cómo cada vez se da una mayor relevancia a la ‘S’ –los aspectos sociales– en el enfoque ESG de la sostenibilidad como elemento vinculado a la competitividad y la mitigación de riesgos para las compañías.

El trabajo, un derecho humano

Durante la celebración del encuentro, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Félix Peinado, habló del “importante” papel que tienen las empresas en el desarrollo de los derechos humanos en España y en el mundo. Según enfatizó, “las empresas, como organizaciones miembro de la sociedad, tienen un papel muy relevante”.

En esta línea, se refirió al trabajo como un derecho humano que “las empresas deben facilitar”. No obstante, alarmó sobre el hecho de que, con motivo de la pandemia, el año pasado hubo un empeoramiento global en las condiciones de trabajo en el mundo, con una reducción muy significativa de los salarios.

“114 millones de trabajadores han perdido su trabajo en 2020 y, a pesar de la recuperación, se espera que 14 millones lo pierdan en 2021, por lo que la recuperación del empleo a nivel mundial se va a retrasar a 2022 o 2023”, aseguró.

Asimismo, indicó que también han empeorado las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como los datos de género, y con respecto al trabajo infantil, según el último informe de OIT, “160 millones de niños siguen trabajando por debajo de los 17 años; y 79 millones de ellos lo hacen en un trabajo peligroso”. “La perspectiva es que, en 2022, nueve millones de niños más corren el riesgo de entrar en el trabajo infantil”, concluyó.

Los derechos humanos, una tendencia al alza

Por su parte, Elena Espinoza, Senior Specialist, Social Issues, Principles for Responsible Investment (PRI), ofreció una mirada a la actualidad más relevante en Derechos Humanos y empresa en representación de una de las organizaciones de referencia que marca la agenda y los temas clave sobre los que las empresas deben enfocar sus estrategias (finanzas, inversores y debida diligencia).

En este sentido, Espinoza aseguró que destaca como tendencia el aumento del interés por parte de las organizaciones en materia de los aspectos sociales. Según explicó, en la última década, los inversores han incrementado su interés en los asuntos ambientales y el buen gobierno, al tiempo que ha mejorado la integración de indicadores relacionados de estos dos aspectos en el análisis de riesgo y selección de empresas.

Asimismo, agregó que, con motivo de la COVID-19, existe un mayor interés por parte de los inversores en la parte social, relacionado, sobre todo, con el ámbito laboral, ya que "impacta también en la parte financiera, de productividad y de calidad”.

Según indicó, se trata de “una responsabilidad del sector financiero, una obligación que se clarifica en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos”.

Para ello, explicó, “hay que entender cuál es el impacto de las actividades comerciales en las personas (empleados, clientes, consumidores)” y aplicar tres pilares, que son: el compromiso político, que defina la posición del inversor en materia de derechos humanos y que esta política se aplique a toda la organización; la debida diligencia, identificando cómo impactan los resultados negativos en las personas y poniéndola en práctica para prevenir y mitigar estos resultados; y, por último, el acceso a la reparación, asegurándo que se proporciona este acceso, en el caso en que los inversores estén vinculados a los resultados, a través de las empresas que inviertan.

Desde la adopción de los principios rectores en 2011, Espinoza señaló que ven que hay una convergencia relacionada con los derechos humanos y que los inversores utilizan su influencia para lograr que las empresas los apliquen y cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos.

Para ella, el objetivo es implementar el respeto a los derechos humanos en el sistema financiero global en cuatro aspectos: en las decisiones de inversión, en las políticas públicas con la creación de un espacio global para que se implante el proceso de debida diligencia y se asegure y en la gestión de empresas, donde los principios rectores deben estar en el centro.

Debida diligencia y taxonomía social

En cuanto a la Ley de Debida Diligencia, la representante de PRI afirmó que se trata de un paso “positivo” en la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas, ya que hasta ahora “hay una brecha entre ellos y su aplicación en las empresas”.

Para ella, esta legislación ayudaría a que se otorguen responsabilidades en este sentido al sector financiero y “así veremos una aplicación más universal”, al tiempo que asegura que las empresas deben mejorar sus prácticas y la divulgación de información que necesitan los inversores. “Esta legislación va a obligar a que esto suceda de una manera más contundente y organizada”, aseveró.

Por otra parte, en relación a la taxonomía social, es decir, inversiones dirigidas a actividades económicas que contribuyan a promover objetivos sociales, Espinoza adelantó que ello conlleva una estandarización en materia de derechos sociales, que reducirá la solicitud de información y que “será más fácil” para los inversores.

Por último, indicó que las empresas deben familiarizarse con los principios rectores de Naciones Unidas ya que estos serán la base de la legislación que viene en el futuro, de ahí que la convergencia en el aspecto legal y de los inversores con estos principios “es muy importante”. También animó a usar las herramientas que se tengan a mano y aplicarlas en las empresas, entender los impactos a lo largo de la cadena de valor, entender no solo el riesgo financiero sino también en las personas y pensarlo en paralelo.

Cuatro claves para integrar los derechos humanos en las agendas de sostenibilidad

Por su parte, Verónica García, project manager del área social de Forética, fue la encargada de presentar el informe ‘Integrando los derechos humanos en la agenda empresarial. Kit básico para una estrategia efectiva’.

El informe busca, según incidió, en hacer entender de manera sencilla este tema y traerlo a la realidad de la sostenibilidad, donde poder identificar las tendencias en esta materia y desmontar mitos y localizar las herramientas prácticas y qué recursos tienen las empresas para abordarlo, así como las claves para avanzar en la hoja de ruta para integrar los derechos humanos dentro de la agenda. “Hablamos de liderazgo empresarial, del papel de las empresas en los derechos humanos”, añadió.

En esta línea, expuso las cuatro claves para integrar los derechos humanos en las agendas de sostenibilidad, que recoge el informe. Estas son:

Necesidad de conocer de qué hablamos, qué herramientas existen y cómo poder beneficiarnos de ello e incorporarlo. Es decir, entender que apostar por los derechos humanos tendrá un retorno en la organización y que, cuando apostamos por ello, ayudamos al enfoque social.

Cómo establecer la hoja de ruta, fundamental para avanzar de manera estratégica y obtener un mayor impacto en materia de derechos humanos. Para incorporarlo en la estrategia de RSC, el informe ofrece tres recomendaciones: identificar el punto de partida, saber hacia dónde queremos ir y establecer objetivos; integrar un enfoque de mejora continua y cómo ampliar la agenda y dónde queremos posicionarnos; y, por último, conocer cuáles son las prioridades.

- La debida diligencia: identificar riesgos potenciales y reales de nuestra actividad y cómo afecta a las personas de nuestro entorno, desde un enfoque más preventivo. En este punto, las recomendaciones que ofrece son: la necesidad de contar con el enfoque de los stakeholders, que implica un enfoque colaborativo y situar a las personas en el centro de las decisiones a fin de establecer acciones con mayor impacto; tener presente que no es un proceso lineal ni perfecto, sino que cada empresa desarrollará sus propias herramientas para su aplicación; y que es un medio, no un fin en sí mismo, para generar un impacto positivo en las personas; y, por último, que va más allá del reporting y hay que pasar a la acción y rendir cuentas.

-Buscar aliados para un mayor impacto. Esta búsqueda se va a llevar a cabo a nivel interno dentro de la empresa para que sea exitoso y tiene que ser participativo e involucrar a los distintos departamentos para un mayor impacto. Asimismo, hay que buscar también aliados externos para fomentar la participación y las decisiones que pongan en el centro a las personas

Además, el informe recoge también entrevistas con las cuatro empresas que lideran la iniciativa (Grupo Cooperativo Cajamar, Ibercaja, Ilunion y Naturgy), aportando las claves de cómo las empresas apuestan por esta incorporación de los derechos humanos en sus empresas.

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