El Congreso aprueba la nueva ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia

El dictamen de la ponencia del proyecto sobre esta ley fue previamente aprobado el pasado 7 de abril por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, con 27 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

Esta nueva ley trata de dar respuesta a la obligación de protección de las personas menores de edad y garantizar sus derechos fundamentales a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier tipo de violencia, tal y como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por España; e incluye, asimismo, según sus recomendaciones, medidas en materia de prevención, educación, apoyo familiar, servicios sociales, sanidad, regulación de la publicidad, justicia, medios de comunicación o redes sociales, entre otros.  

Además de introducir en nuestro ordenamiento jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la protección integral a la infancia y la adolescencia, la aprobación de esta ley también responde a la magnitud que el problema de la violencia contra la infancia ha adquirido en nuestro país y apuesta por un modelo social que sitúa a estos colectivos como titulares de derechos subjetivos y en el centro de las políticas de los poderes públicos. Según datos del Ministerio del Interior, “aproximadamente la mitad de abusos sexuales que se producen en España cada año tienen a niños y niñas como víctimas”.

"Aproximadamente la mitad de abusos sexuales que se producen en España cada año tienen a niños y niñas como víctimas”.

En nuestro país, la policía recibe cada año más de 38.000 denuncias por delitos violentos que tienen a las niñas y a los niños como víctimas y uno de cada dos abusos y agresiones sexuales denunciadas a la policía tiene como víctima un menor.

Un innovador paradigma de prevención y protección

Esta nueva ley, que viene a prevenir esa violencia y a proteger a las víctimas, lleva procesándose desde hace años. Surgió de la sociedad civil y fue aprobada por primera vez en Consejo de Ministros en diciembre de 2018, cuando gobernaba el PSOE, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y se retomó con el actual gobierno de coalición con Unidas Podemos, que el 9 de junio de 2020 aprobó la remisión a las Cortes del anteproyecto de Ley.  

Para sacarla adelante, se contó también con la participación de organizaciones del Tercer Sector y la sociedad civil, que ya venían reclamando 'con urgencia' una ley que combatiese la violencia contra la infancia y la adolescencia en nuestro país y que hiciese frente a la vulnerabilidad y desprotección a la que asisten estos menores.

Desde una aproximación integral, esta norma prioriza la prevención en este sentido y el establecimiento de medidas de protección (detección y asistencia) y de reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima, comunes en todo el territorio español. Todo ello con un enfoque inclusivo, atendiendo así las necesidades y la realidad de menores con discapacidad.

De una manera más concreta, y entre otros supuestos, esta nueva ley garantiza su derecho a la información y asesoramiento, a la atención social integral, a su intervención en el procedimiento judicial o a la asistencia jurídica gratuita. También establece el deber de comunicar ante la autoridad competente la existencia de indicios de desprotección, riesgo o violencia que puedan sufrir; al tiempo que regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de contenidos en red que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los menores y adolescentes.

Asimismo, destaca la referencia a la parentalidad positiva ejercida en el interés superior del niño, que significa que la principal preocupación de los padres debe de ser el bienestar material y afectivo de los niños, niñas y adolescentes, su desarrollo saludable, su educación, el derecho a ser tratado sin violencia y el reconocimiento de su derecho a ser visto, escuchado y valorado como persona.

En relación a los criterios de actuación policial en casos de violencia, destaca la obligación de evitar la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo en aquellos casos en que sea 'absolutamente necesaria', por lo que pretende que solo se realice una única narración de los hechos y en una única ocasión ante el Juzgado de Instrucción. Y, por otra parte, se incluye un artículo específico para para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.

Por otra parte, destaca la capacidad de denuncia por parte de las niñas y niños sin necesidad de valorar su madurez; la implantación de protocolos de actuación para la prevención en los centros de protección para los menores tutelados por la Administración; la atribución a los funcionarios de servicios sociales como agentes de la autoridad; o la instauración de la figura de coordinador de bienestar y protección en centros educativos y la de delegado de protección en las entidades en las que se realizan actividades deportivas o de ocio.

Además, introduce una serie de modificaciones, como la incorporación de la edad como una agravante genérica con el fin de dar una mayor respuesta penal a los delitos cometidos contra los menores de edad por su especial vulnerabilidad; la ampliación del tiempo de prescripción de los delitos más graves, por lo que el plazo solo empezará a computar a partir de que la víctima haya cumplido los 35 años de edad (hasta ahora era a partir de los 18 años); la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que supone no contemplar que algunos padres acusen a su expareja de manipular a su hijo en su contra; o la necesidad de formación especializada de jueces y fiscales en esta materia y la creación de unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Ione Belarra: "La violencia contra las niñas y niños en cualquiera de sus formas no es aceptable"

La contribución del Tercer Sector

Para la elaboración de esta Ley, también conocida como la Ley Rhodes, en referencia al pianista James Rhodes, que fue víctima de abusos sexuales durante su niñez, se ha contado con la participación de entidades del Tercer Sector, que la consideran la "más ambiciosa" en esta materia tanto en la Unión Europea como a nivel mundial, y sobre la que han pedido un "amplio” consenso a nivel político para que vea la luz y seguir colaborando “para erradicar esta lacra”.

Por su parte, Save the Children, ONG que ha entregado hoy en el Congreso 500.000 firmas de la sociedad civil como muestra del respaldo a la necesidad y urgencia de esta ley, pone el acento en que tras la entrada en vigor definitiva de esta ley se lleve a cabo un desarrollo posterior para la especialización del sistema judicial “que esté a la altura de la infancia”.

La Fundación ANAR, que ya en 2008 había trasladado al Comité de Derechos del Niño la necesidad de esta ley en nuestro país, coincide con Save the Children al destacar su carácter integral que proteja y asista a los niños frente a cualquier tipo de violencia y el refuerzo en materia de prevención.

No obstante, la Plataforma de Infancia señala que el proyecto de ley no aborda “suficientemente” la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental y considera “esencial” asegurar que es un ámbito “prioritario” en la ley y en la estrategia a desarrollar sobre el que se deberán tomar medidas específicas, como el establecimiento de una figura análoga al coordinador de protección de los centros educativos.

En materia de discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha celebrado recientemente el enfoque inclusivo que contiene esta ley, aunque considera que debe reforzarse “aún más”, por lo que planteará enmiendas en el trámite del Senado.

Por último, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha comparecido hoy en la sesión plenaria para la aprobación de esta ley, ha agradecido la contribución del Tercer Sector en esta iniciativa que, a su vez, ha calificado de “una importancia capital” y “que manda un mensaje a la ciudadanía: la violencia contra las niñas y niños en cualquiera de sus formas no es aceptable”.