Denuncia de diez ONG: los PGE destinan más recursos a material de oficina que a luchar contra la violencia machista

Entre estas diez organizaciones se encuentran Médicos del Mundo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Alianza por la Solidaridad o la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). "La violencia de género es un asunto de Estado, repiten una y otra vez quienes nos gobiernan. Pero a la hora de dedicar recursos a luchar contra ella, resulta que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) invierten más en folios y bolígrafos que en prevenirla. En concreto, 152 millones de euros en material de oficina frente a los 31,7 anunciados por la ministra Dolores Montserrat en mayo de este año, muy alejados de los 120 que reclamaban las organizaciones feministas", aseguran estas ONG en un comunicado difundido con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre.

Los PGE destinan 31,7 millones de euros a la lucha contra la violencia machista, muy alejados de los 120 que reclaman las organizaciones feministas

Según las organizaciones, la transferencia adicional de 2,7 millones de euros  a las comunidades autónomas para asistencia a víctimas de violencia de género anunciada el pasado mes de octubre supone menos de lo que se gasta sólo el Ministerio de Fomento en seguridad privada cada año, y poco más del doble de lo que cuesta subvencionar la cafetería del Parlamento. También recuerdan que en el segundo trimestre de este año, un total de 40.366 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género, lo que supone un incremento porcentual del 20,7 por ciento en la variación interanual, ya que en el segundo trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género fueron 33.440. "En un país en el que cada semana se registra al menos el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja y cerca de 1.000 han muerto a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 15 años, las comparaciones presupuestarias resultan especialmente dolorosas y reflejan el escaso interés político real por erradicar la violencia machista", dicen las ONG.

Violencia sexual

Dentro de la violencia de género, las ONG se refieren al incremento de la violencia sexual. Con el caso de la presunta violación en grupo a una joven en Pamplona, cuyo juicio se está celebrando estos días, el problema ha reaparecido en el debate público. Según las organizaciones, víctimas como la  de “La Manada” se cuentan por miles: 7.240 mujeres fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual en España en 2016, 417 más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. Y esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas un diez por ciento de las totales.

"Frente a este aumento de las cifras en los dos últimos años, la respuesta gubernamental no está a la altura: sólo nueve de las 17 comunidades autónomas españolas disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia).  Y no hay un solo centro público de emergencias (24h/siete días) especializado en situaciones de violencia sexual de carácter estatal. En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas. Esta situación genera desigualdad territorial y  no garantiza estándares mínimos en todo el Estado".

Por último, las ONG firmantes denuncian que la violencia sexual está excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y que ello deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección e indefensión jurídica. A esto se añade que el abordaje de las violencias sexuales no suele tener en cuenta a los grupos más vulnerables y sus especiales necesidades: niñas,  jóvenes, mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en situación administrativa irregular–, empleadas de hogar, mujeres con discapacidad, con problemas de drogodependencias o las que han perdido su hogar.

Por ello, las organizaciones reclaman lLa incorporación de la violencia sexual en la legislación actual y futura sobre violencia de género; responder a la recomendación general 19 del Comité CEDAW respecto a la atención a la trata, explotación sexual y turismo sexual; que la educación sexual esté presente en el currículum escolar de todos centros educativos como una herramienta preventiva imprescindible de la violencia sexual; formar adecuadamente en estas materias a los ámbitos jurídico, policial, social y sanitario, y una dotación económica necesaria para la lucha integral contra la violencia hacia las mujeres, acorde con la dimensión del problema.

Organizaciones firmantes: Médicos del Mundo, Alianza por la Solidaridad, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Creación Positiva, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Federación de Planificación Familiar Estatal  (FPFE), Fórum de Política Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde Fundazioa, Red de Mujeres de América Latina y Caribe (Red Latinas).