El pianista se une a organizaciones de derechos de infancia para reclamar mayor protección para los menores víctimas de abusos sexuales en España

James Rhodes: "Se trata de salvar a los niños de los abusos sexuales. No es un tema político"

Organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia y el pianista James Rhodes, víctima de violencia sexual cuando era niño, se han unido para pedir que se agilicen los trámites para sacar adelante cuanto antes la Ley integral de protección frente a la violencia contra la infancia, anunciada la semana pasada por el Gobierno.

Andrés Conde, James Rhodes, Vicky Bernadet y la pediatra Concepción Sánchez.

14 Sep | Ch. D. | Soziable.es

Fotografías: Ángel Navarrete / Save the Children

"El sistema está fallando estrepitosamente en lo que se refiere a la protección de los niños frente a los abusos sexuales". Así de contundente se ha manifestado el director de Save the Childre, Andrés Conde, en la comparecencia ante los medios de comunicación para solicitar celeridad en la tramitación de la Ley integral de protección frente a la violencia contra la infancia, cuyo anteproyecto de ley fue aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros. El director de la ONG de atención a la infancia ha puesto el foco en el bajo número de casos de abusos sexuales contra menores que terminan en denuncias y en condenas. "Un 70% de los niños que sufren abusos sexuales lo cuentan a un adulto, pero solo un 15% de esos casos terminan en denuncia. y solo el 30% de ellas llegan a juicio oral", ha denunciado.

Andrés Conde: "El sistema está fallando estrepitosamente en lo que se refiere a la protección de los niños frente a los abusos sexuales"

El responsable de Save the Children ha estado acompañado por el pianista británico afincado en España James Rhodes, que sufrió violaciones durante años desde que tenía cinco, y por Vicky Bernadet, directora de la Fundación que lleva su nombre y víctima también de violación cuando era niña.

"Este es un paso enorme, importante y vital que convertirá a España en el país número uno del mundo en la protección de los niños", ha dicho Rhodes refiriéndose a la próxima tramitación de la ley. "Por razones personales, después de haber sido víctima de abusos sexuales durante varios años en mi infancia, esta es mi prioridad número uno y estoy muy emocionado de que el Gobierno le esté dando prioridad tratándolo como una cuestión de urgencia. No quiero estar dentro de cinco años en esta puta silla reclamando una nueva ley", ha dicho.

El pianista se ha referido a los abusos continuados que sufrió siendo un niño, y cómo la directora de su colegio intuía lo que ocurría pero no hizo nada por evitar la situación. "Si en Inglaterra en 1981 hubiera existido una ley así, miles de niños como yo no hubiéramos sufrido esta violencia". Rhodes se ha manifestado en contra de dulcificar el lenguaje. Según él, el término 'abuso' es "una palabra demasiado blanda cuando un adulto mete su pene en el cuerpo de un niño de cinco años. Es una violación, llamémoslo así". También se ha referido a las secuelas que muestran de por vida  los menores víctimas de estas violaciones sexuales. "Tantos años después, el violador sigue aquí, en mi cabeza", ha confesado. "Cuando me acuesto con mi novia sigue ahí, cuando tengo que hablar de ello como hoy, sigue ahí, y yo me quiero morir", ha dicho.

James Rhodes: "Al presidente Sánchez le dije: 'Tú tienes dos hijas, ¿a qué coño estáis esperando'?"

El pianista ha agradecido la actitud del Gobierno y de los responsables políticos que se han manifestado a favor de esta ley para erradicar las violaciones contra los menores, y en particular la del presidente Pedro Sánchez. "Es un presidente que me encanta pero cuando me recibió en La Moncloa le dije: 'Tú tienes dos hijas, ¿a qué coño estáis esperando'?". Para él, "esta ley no es un tema político, es para salvar a los niños", por eso ha reclamado el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Una ley necesaria

Por su parte, Vicky Bernadet ha manifestado que esta ley es "absolutamente necesaria, es una cuestión de justicia". "El abuso sexual es gravísimo, pero se hace más grave cuando a las víctimas nos obligan a mantener silencio", ha declarado en alusión a los pocos casos que terminan en condenas firmes a causa de la lentitud de los procesos judiciales y de la incomprensión de los adultos ante el testimonio de menores víctimas. "Tenemos que ser conscientes de lo que ocurre cada día que pasa sin tener una ley que proteja a los niños. Exigimos la misma valentía que hemos tenido que tener nosotros para sobrevivir", ha sentenciado.

Vicky Bernadet: "Exigimos la misma valentía que hemos tenido que tener nosotros para sobrevivir"

Para el director de Save the Children, Andrés Conde, “es urgente proteger a la infancia contra la violencia. El año pasado fuimos testigos del apoyo mayoritario de los grupos políticos en el Congreso con la aprobación de la Proposición No de Ley. Es necesario que esa unidad se repita y se logre la aprobación unánime y urgente de esta ley".

Los abusos sexuales son una de las formas más graves de violencia que sufre la infancia en España. Según el informe de Save the Children “Ojos que no quieren ver” el abuso sexual a menores se extiende de media cuatro años, lo que demuestra que en España no existen aún las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.

Que haya niños y niñas sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya víctimas que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidas se debe a una serie de fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas en la prevención, detección, en el proceso judicial y en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas, según la ONG.

Las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017, según el Anuario del Ministerio del Interior, pero, aunque las denuncias aumentan cada año, la mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Los profesionales que más tiempo pasan con los niños no tienen formación sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando. En las sentencias estudiadas por Save the Children, tan solo en un 15% de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes, por eso "es imprescindible que los centros educativos cuenten con protocolos específicos que se activen ante cualquier sospecha".

Responsabilidad de todos

“Ni la sociedad ni las instituciones asumen la realidad reflejada en estudios de abusos sexuales infantiles. Sin conciencia no hay alerta. Esta problemática, que afecta a uno de cada cinco niños y niñas, debería ser considerada una cuestión de Salud Pública y el Gobierno debe abordarlo como tal”, afirma Vicki Bernadet, presidenta de la Fundación Vicki Bernadet.  Denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor que ha sufrido abusos. El proceso judicial dura de media tres años, en los que los menores tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. Además del trauma que supone para el niño, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en siete de cada 10 procesos, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.

Como ha señalado por su parte la Dra. Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), "los pediatras de Atención Primaria queremos denunciar la falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones ante el maltrato y el abuso sexual en la infancia, por lo que consideramos urgente disponer de una Ley para proteger a los menores de esta lacra".

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El Gobierno se compromete a que se tramite en el Congreso en el segundo trimestre de 2019

Un paso más hacia la ley para erradicar la violencia contra la infancia

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que existe un compromiso para que Ley Orgánica de Protección Integral frente a la violencia contra la Infancia se tramite en el Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019. Esta Ley, que ya se venía trabajando con el Gobierno anterior, podría estar aprobada en esta legislatura, según el compromiso anunciado por la ministra.

07 Sep | Soziable.es | Soziable.es

Este documento tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia y forma parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno.

La futura Ley contemplará el deber de denuncia por parte de los ciudadanos que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia

De acuerdo con la definición de violencia de la Convención de los Derechos del Niño, la nueva Ley contemplará la prohibición expresa de toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Además, fomentará la sensibilización ciudadana de rechazo, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como son los menores con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, las victimas de trata y los colectivos LGTBI.

El interés superior del niño y la niña, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible de la protección a la infancia ante cualquier forma de violencia son los principios en los que se asienta esta futura normativa. Una Ley que será de carácter integral al abarcar todos y cada uno de los sectores y ámbitos con los que conviven los niños y niñas menores de edad: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y operadores jurídicos.

Registro de información

Para ello, se pondrá en marcha un registro único de información sobre menores víctimas que permita focalizar toda la información estadística sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia. “Queremos cuantificar el número de menores que sufren malos tratos, vejaciones o abusos sexuales o de cualquier otro tipo, quienes son los que ejercen esa violencia contra ellos y así poder actuar de la manera más eficaz junto con las administraciones, asociaciones y ciudadanía”, ha señalado la ministra Carmen Montón.

También se actualizarán materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés del menor.

La norma también incidirá en la importancia de la prevención y la restauración del derecho a las víctimas y el respecto a las necesidades de cada uno de ellos en el momento de la intervención. Una Ley que también recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia.

El trámite de esta normativa se inició a través de una consulta pública en la web del ministerio cuyo plazo finaliza el 17 de septiembre. Tras diferentes reuniones mantenidas con varios ministerios, ayuntamientos,  CC.AA, sociedad civil, entidades sociales, sociedades científicas y profesionales y partidos políticos, el próximo miércoles día 12 el proceso de diálogo participado continuará con la convocatoria del Pleno del Observatorio de la Infancia. Este anteproyecto de Ley estará listo para su envío al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.

Menores no acompañados

Como parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social presentó el miércoles día 5 a las CC.AA la aprobación del Real Decreto para la mejora y la atención solidaria a estos niños y adolescentes. Esta medida contará con un presupuesto de 40 millones de euros a los que se suman los más de 6 aprobados para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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    El Ejecutivo, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se ha comprometido con las Comunidades Autónomas (CCAA) a llevar al Consejo de Ministros, en un plazo aproximado de seis semanas, la aprobación de un Real Decreto para la mejora y la atención solidaria a los menores extranjeros no acompañados (MENA).

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