El Consejo de Ministros aprueba un Real-Decreto contra la discriminación de la mujer

Las empresas deberán tener un registro de salarios para garantizar la igualdad de género

En su última reunión antes de disolverse las Cortes, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo.

las empresas deberán poseer un registro de salarios para evitar la discriminación por sexo.

01 Mar 2019 | J.L.M. | Soziable.es

El Real Decreto-ley amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Así, para el padre se prevé una ampliación gradual: en 2019 hasta las 8 semanas; en 2020 hasta las 12 semanas y en 2021 hasta las 16 semanas.

Por otro lado, se reforma del Estatuto de los trabajadores para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sin discriminación. Las empresas deberán llevar un registro con los valores de los salarios, al que podrán acceder los trabajadores a través de su representación sindical o del delegado de personal. Se introduce así en el ordenamiento legislativo el concepto de 'trabajo de igual valor', cuando la naturaleza de las funciones o tareas  encomendadas y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo sean equivalentes. 

En tercer lugar,el Real Decreto-ley establece un plazo de tres años para que las empresas de más de 50 trabajadores elaboren y apliquen un plan de Igualdad, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 250. Hasta ahora solo era obligatorio para empresas con más de 250 trabajadores. Por otro lado, las empresas están obligadas a inscribir dicho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas, que se desarrollará reglamentariamente.

Finalmente, este Real Decreto-ley incluye también una medida de protección social de carácter extraordinario y urgente como es la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.

“Vamos a pedir a las empresas que expliquen por qué existe brecha salarial"

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