406 víctimas de tortura en 9 países diferentes recibieron asistencia de la OMCT en 2020

En 2020, las medidas de confinamiento adoptadas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 dificultaron el acceso a la asistencia para supervivientes de tortura, ya que, entre otras causas, las restricciones de viajes impidieron, por ejemplo, que las organizaciones miembros de la OMCT en el terreno pudiesen estar en contacto directo con los supervivientes y sus familias. No obstante, “un total de 406 víctimas de tortura de nueve países diferentes recibieron asistencia de la OMCT en el último año”.

Así lo recoge su informe anual, que incluye entre sus datos 2.000 casos documentados de tortura, y en el que se indica que, aunque en 2020 no se redujo el número de solicitudes de asistencia por parte de víctimas, las restricciones vinculadas a la pandemia de la COVID-19 (como los repetidos confinamientos) obligaron en ocasiones a quienes prestan asistencia a encontrar nuevas formas de trabajar.

Este fue el caso de SANAD, el programa de la Oficina de la OMCT en Túnez, que, al igual que el Fondo para la Asistencia Urgente a las Víctimas de Tortura de la OMCT, proporciona distintas formas de asistencia jurídica, social, psicológica y médica a víctimas de manera gratuita, que no hicieron más que crecer en número, particularmente durante la segunda mitad del año.

Hila Jilani, presidenta de la OMCT: “La tortura ha vuelto. No había desaparecido, pero la crisis global sin precedentes de 2020 ha vuelto a sacarla a la luz”.

Además, el informe también señala que, en todo el mundo, los lugares de privación de libertad saturados y poco higiénicos fueron el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de la pandemia de la COVID-19 y que pronto se identificó a las personas privadas de libertad como uno de los grupos más vulnerables al virus. 

Sin embargo, continúa, el aumento de contagios trajo consigo un incremento de los ataques contra los defensores de derechos humanos para la protección de los derechos de sus comunidades. En este sentido, la organización denuncia que las restricciones impuestas para luchar contra el virus a menudo socavaron las libertades fundamentales y algunos Estados usaron la pandemia para silenciar “más si cabe” las voces críticas y reducir el espacio cívico.

A este respecto, afirma que se sometió a las personas defensoras a campañas de desprestigio y difamación, ataques físicos y hostigamiento judicial. Los periodistas, blogueros y activistas que denunciaron la respuesta de sus gobiernos a la COVID-19 fueron blanco de ataques en Venezuela, Camboya, China, Turquía, Irán y otros muchos países. “Preocupa profundamente que las restricciones y las amenazas contra las personas defensoras no desaparezcan junto con la pandemia”, manifiesta la OMCT.

Otro de los aspectos que resalta el informe es la exacerbación de la arbitrariedad y la mano dura en las prácticas policiales, especialmente en el cumplimiento de los toques de queda, los confinamientos y otras medidas de salud pública.

Menores y mujeres

Además, destaca que la pandemia tuvo unas repercusiones considerables en las niñas y los niños privados de libertad, quienes en lugares saturados sufren más riesgo de contagio y tienen poco contacto con sus familias. Así, denuncia que, en muchos países, se impidió desde el inicio de la pandemia que las organizaciones no gubernamentales y otros mecanismos de monitoreo accediesen a las prisiones, privando a los menores de todo contacto con el mundo exterior e impidiendo que hubiese una supervisión independiente de la situación, lo cual “provocó más conculcaciones de derechos, con casos de tortura y malos tratos, entre otros”.

Y en cuanto a las mujeres, la COVID-19 ha afectado a estas “de manera desproporcionada”. De hecho, según Naciones Unidas, “más de 240 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia en 2020”.

Según indica el informe de la OMCT, las medidas de confinamiento que no tuvieron en cuenta cuestiones de género forzaron a millones de mujeres a confinarse en sus casas con parejas abusivas. Se separó a las víctimas de sus sistemas de apoyo y de otros recursos y distintos países del mundo constataron un aumento en las cifras de violencia doméstica, incluyendo violencia sexual, embarazos no deseados y feminicidios.

Sin embargo, en lugar de reforzar el trabajo con mujeres en situación de riesgo, los servicios sociales y los refugios se vieron forzados a centrarse en hacer frente a la pandemia y se redujeron incluso más los pocos recursos disponibles para las víctimas de violencia de género.

Según afirma la presidenta de la OMCT, Hina Jilani, algunos Estados, desde México a Níger pasando por Kazajstán y la India, han usado la pandemia “como excusa para acabar con las voces discrepantes, silenciar las críticas, atacar a los grupos marginalizados o afianzar su poder aplazando elecciones, entre otros”. 

"La brutalidad policial y militar, respaldada por el pretexto de hacer cumplir las normas sanitarias, ha alcanzado nuevas cotas: hombres, mujeres y menores humillados y golpeados, en ocasiones incluso asesinados, solamente por no estar en sus casas después del toque de queda”, condena.

Día Mundial en Apoyo de las Víctimas de Tortura

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 1997, proclamó el 26 de junio el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura con la finalidad de generar, por parte de los Estados, las acciones necesarias para erradicar estas situaciones, reconocer el daño causado a las víctimas e impulsar la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

Según la ONU, el 26 de junio es una oportunidad para pedir a todos los interesados, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los particulares, que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturadas.

La tortura destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho internacional, esta persiste en todas las regiones del mundo. Las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura y otras formas de trato cruel, degradante e inhumano. Sus consecuencias generalizadas a menudo van más allá del acto aislado sobre un individuo, ya que puede transmitirse de generación en generación y conducir a ciclos de violencia.

Así lo condenan las Naciones Unidas desde sus comienzos “por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes”.