Asimismo, el Plan de Recuperación enviado por Moncloa a Bruselas aboga por la subida del impuesto de matriculación para los vehículos más contaminantes, así como por unificar en uno solo el impuesto de matriculación y el de circulación. Se trata de una reivindicación defendida en el sector, que solicita que la nueva tasa resultante se concentre más en el uso que hacemos de los vehículos y no en su adquisición.
Pero no solo eso. Los fabricantes y vendedores de automóviles se muestran también partidarios de impulsar la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los vehículos menos contaminantes, en concreto, los híbridos y enchufables, al tiempo que piden la eliminación total de este impuesto para los coches eléctricos.
Y recuerdan que, en lo que va de año, se ha vendido casi una cuarta parte menos de estos vehículos sostenibles respecto a 2020.
Para Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), “cualquier medida incentivadora para la transformación del parque móvil hacia la electrificación es importante por cuanto tenemos unos objetivos ambiciosos medioambientales, marcados por el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero también industriales y de mercado, como los cinco millones de vehículos eléctricos en 2030 o los 100.000 puntos de carga de acceso público en cuatro años. El anuncio de 13.200 millones de euros para la movilidad eléctrica de los fondos de resiliencia son una oportunidad única que debe traducirse en proyectos concretos y capaces de resolver los retos que hoy en día afronta la movilidad eléctrica en lo que atañe a los vehículos y la infraestructura de recarga”.
Matiza, sin embargo, que “un plan que solo aborde incentivos a la compra no es suficiente y debe ir acompañado de una reforma fiscal que haga que el vehículo eléctrico sea competitivo hoy, no mañana, respecto a los modelos de combustión y que mande señales de precio adecuadas al cliente final para que su apuesta por la movilidad cero emisiones sea clara y segura”.
Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive: "Los fondos de resiliencia son una oportunidad única que debe traducirse en proyectos concretos y capaces de resolver los retos que hoy en día afronta la movilidad eléctrica en lo que atañe a los vehículos y la infraestructura de recarga.”
Y ya hay previsto un calendario de actuación. Así, en el último trimestre de 2022, se efectuará la revisión de la fiscalidad de los hidrocarburos para evitar que los tipos del diésel o gasóleo sean más favorables en comparación a los aplicados a la gasolina.
Recuerda el Gobierno, asimismo, que la contaminación por gasóleo es superior a la producida por la gasolina en modelos con igualdad de potencia en el motor, por lo que no hay justificación para aplicarle reducciones fiscales. Ya en los actuales Presupuestos Generales del Estado se intentó incluir un impuesto al gasóleo, pero la medida fue retirada en el último momento para lograr el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a las cuentas del Ejecutivo.
La reacción no se ha hecho esperar. La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) pronostica un derrumbe de los precios en los vehículos diésel, lo que distorsionará los precios de comercialización y arrojará fuertes pérdidas para un sector duramente afectado por la pandemia.
Para calibrar el impacto de esta subida, conviene señalar que en España circulan actualmente cerca de 15 millones de coches diésel, en relación a un parque de unos 24 millones de turismos.
De momento, un fabricante como Citroën ha anunciado su decisión de abandonar la producción de los vehículos diésel, una medida que sin duda será seguida por otras marcas.
Peajes en todas las carreteras
En relación al transporte, el Gobierno quiere implantar también peajes en todas las carreteras, tanto estatales como regionales, a partir de 2024. Ello serviría, aduce el Gobierno, para financiar el indispensable mantenimiento de estas infraestructuras viarias.
La futura tasa, que algunos cifran en un céntimo por kilómetro recorrido, ha levantado polémica entre los usuarios, en especial en el sector del transporte por carretera, aunque el Gobierno ha asegurado que se estudiarán compensaciones para los transportistas profesionales.
Mientras tanto, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) considera que el plan se queda corto y estima que para hacer sostenible la red de carreteras sería necesario cobrar un peaje de al menos 4 céntimos de euro por kilómetro. Recuerda que el déficit en conservación de estas vías asciende a unos 8.000 millones de euros.
Suma y sigue
Para llevar a cabo esta senda de la sostenibilidad ‘imponible’, se ha elaborado un calendario detallado sobre otros cambios en la fiscalidad verde. Por ejemplo, se prevé aprobar en el segundo trimestre del año en curso el proyecto de ley para crear los impuestos a plásticos no reutilizables y residuos para que sean efectivos entre julio y septiembre.
Y, en otro orden de cosas, para el segundo trimestre de 2022, está prevista la aprobación de “la reforma del impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero para asegurar su control siguiendo las normas previstas en las regulaciones que existen en la Unión Europea.
También se pretende gravar el depósito e incineración de residuos en vertederos, con especial intensidad en la gestión de residuos menos sostenibles, cuyo impacto en el medio ambiente no cesa de aumentar.
Incluso se aboga por revisar la fiscalidad aplicada a los viajes en avión con el fin de “actuar sobre sus emisiones contaminantes”. Una iniciativa que el sector no recibe de buen grado, teniendo en cuenta el duro impacto de la pandemia en el transporte aéreo.
El objetivo de todas estas medidas es que la fiscalidad verde incremente la recaudación en más de siete puntos el PIB nacional, pese a que diversos organismos han cuestionado las previsiones de ingresos, reduciéndolas en casi una cuarta parte respecto a las estimaciones oficiales.
Con todo, aún habrá que esperar al próximo mes de febrero para que el Grupo de Expertos designado por Hacienda haga públicas las conclusiones de su informe sobre la viabilidad e impacto de las medidas antes de que sean aprobadas finalmente.