El Cermi advierte: será más beligerante contra la falta de accesibilidad

En estos términos se expresa la plataforma representativa de la discapacidad en España en el manifiesto titulado ‘Sin accesibilidad universal, no hay derechos humanos para las personas con discapacidad’, elaborado con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

En 2003, gracias a la labor de incidencia política del movimiento de la discapacidad, España aprobó una ley que obligaba a que todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran accesibles en 2019, plazo que posteriormente se acortó hasta el 4 de diciembre de 2017. Precisamente, ante la evidencia de que esta obligación temporal se iba a incumplir, el Cermi ha desplegado durante todo el año la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, con el fin de que la ciudadanía denunciara cada mes situaciones de falta de accesibilidad en un ámbito distinto.

Y es que, como recoge la entidad en el manifiesto de este año, las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la comunidad.

Exigente enfoque de género

Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones solventes, las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a sufrir en mayor medida los efectos negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que en este ámbito, aparentemente neutro, "es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de género para combatir la discriminación interseccional que se produce", según afirma el cermi en un comunicado.

De esta forma, la entidad ve necesario reforzar la lucha contra todo tipo de barreras (visibles o no), ante esta "burla" de los mandatos legales, absolutamente ineludibles en un Estado que se proclama social, democrático y de Derecho, y la "estafa política y legislativa" de la que han sido víctimas las personas con discapacidad, cuyas expectativas de disponer de entornos universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos interminables, se han visto una vez más traicionadas.

En concreto, desde la discapacidad organizada se denunciarán administrativamente y se demandarán judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos sus operadores y agentes.

Por último, la entidad recuerda que las barreras invisibles, que en ocasiones son las más difíciles de superar, están alimentadas generalmente por prejuicios y falsos estereotipos excluyentes. Además, la accesibilidad universal es una obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y sobre todo en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas hace algo más de una década y que es de obligado cumplimiento para los países que  la han ratificado, como es el caso de España.