“La discapacidad debe estar presente en la acción política”

Entre las prioridades planteadas por Pérez Bueno para esta legislatura, se encuentra la de reformar la Carta Magna para constitucionalizar los derechos sociales como fundamentales, así como la aprobación de una ley estatal de garantía de los derechos sociales y otra orgánica para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presidente del Cermi también urge a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para acabar con la privación del derecho al voto que sufren casi 100.000 personas en España por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, “lo que vulnera la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Recientemente, Luis Cayo Pérez Bueno, denunció que "los derechos humanos de las personas con discapacidad en España son todavía un dolor agudo y crónico, porque es algo que no está resuelto". Lo hizo durante su intervención en el 'I Congreso nacional del derecho de la discapacidad', celebrado en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. Durante su ponencia, el presidente del Cermi hizo un repaso sobre la incidencia de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico español. De esta forma, definió dicho tratado internacional como el "hecho político, social y jurídico más importante para las personas con discapacidad en lo que va de siglo. Necesitamos herramientas que nos sirvan para cambiar el entorno, que históricamente nos ha sido muy hostil".

"Necesitamos herramientas que nos sirvan para cambiar el entorno, que siempre nos ha sido muy hostil"

Eso sí, advirtió de que "la Convención se juega sus síes y sus noes en el terreno de los Estados, que son los sujetos primordiales en el derecho internacional, y también, aunque en menor medida, en las organizaciones supranacionales como la Unión Europea", que pese a que ha ratificado la Convención, "está muy lejos" de aprobar algo similar a nivel europeo.

Centrándose en España, el presidente del Cermi enumeró algunos de los ejemplos "más lacerantes y discriminatorios" para las personas con discapacidad que siguen estando vigentes en el Derecho español. Entre ellos, subrayó la práctica de esterilizaciones forzosas que sufren principalmente mujeres y niñas con discapacidad; la falta del derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad; la privación de libertad por razón de enfermedad mental, y la segregación de personas con discapacidad en ámbitos como el educativo por la falta de un único modelo inclusivo.

La institucionalización de personas con discapacidad por falta de apoyos que faciliten su vida en comunidad; la falta de apuesta por la accesibilidad universal, y destinar suficientes recursos públicos con coste económico para la discapacidad son otros aspectos detallados por Pérez Bueno, que exigió también que si se reforma la Constitución se eleven a categoría de fundamentales los derechos sociales.