La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha comprometido a modificar el presupuesto de 2017, para que, en caso de que se prorroguen las cuentas públicas por falta de acuerdo, se garantice la dotación de 200 millones para la aplicación del Pacto. De este modo, podrán aplicarse de inmediato las primeras 26 medidas previstas. Así lo ha confirmado en una rueda de prensa tras culminar la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha reunido en la sede del Ministerio en Madrid a representantes de todas las comunidades autónomas, que han sellado por unanimidad el Pacto de Estado ya aprobado en el Parlamento.
Estos 200 millones de euros correspondientes a 2018 se repartirán entre Ejecutivo central (80 millones), gobiernos regionales (100 millones) y ayuntamientos (20 millones).
El pacto alcanzado refrenda el acuerdo que fue aprobado en el Congreso por 29 votos a favor, siete abstenciones (del Grupo de Unidos Podemos, al que el texto les parecía insuficiente) y ningún voto en contra. Prevé una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años para combatir la violencia de género, a repartir entre ayuntamientos (100 millones), comunidades autónomas (500 millones) y administración central (400 millones).
Montserrat se lo ha dedicado a "todas y cada una" de las mujeres que han sido asesinadas.
Para Montserrat, lo acordado supone la culminación de la tramitación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se lo ha dedicado a "todas y cada una" de las mujeres que han sido asesinadas en España por violencia machista, al tiempo que señaló que el acuerdo "no estará cumplido hasta que ni una mujer sea golpeada, amenazada o asesinada por la cobardía machista".
En concreto, el Gobierno central, las CCAA y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han aprobado el Informe de la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, así como del resto de acuerdos adoptados por la Comisión Técnica Sectorial en su reunión del pasado 30 de noviembre de 2017.
El Gobierno ha negociado estas últimas semanas con las comunidades autónomas y la FEMP aquellas medidas que les conciernen tanto en el informe aprobado el pasado 28 de septiembre en el Congreso como en el consensuado en julio en el Senado, textos ambos que se encarga de refundir para crear un único documento con el Pacto de Estado contra la violencia de género.