Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995 con el objetivo de promocionar la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD o UNCCD por sus siglas en inglés) e informar y concienciar sobre las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Esta fecha ayuda a recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones.
Bajo el lema, ‘Restauración. Tierras. Recuperación’, esta efeméride se centra este año en la transformación de tierras degradadas en tierras sanas, lo que contribuye a la resiliencia económica, a la creación de empleo, al aumento de los ingresos y a una mayor seguridad alimentaria. También ayuda a recuperar la biodiversidad, permite capturar el carbono atmosférico que calienta la Tierra, disminuyendo así el efecto del cambio climático; y favorece una recuperación verde de la pandemia de la COVID-19, ya que la restauración de los paisajes naturales reduce el contacto directo entre la vida silvestre y los asentamientos humanos.
En este contexto, tal y como reconoce el informe Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España (2021), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se espera, por un lado, un aumento generalizado en la intensidad y magnitud en las sequías meteorológicas e hidrológicas bajo escenarios de cambio climático, y, por otro, una creciente aridez y un aumento de la desertificación.
Dos fenómenos diferentes, pero íntimamente relacionados, con capacidad de generar importantes efectos adversos sobre la sociedad, la economía y los ecosistemas, “que se agravarán en un futuro cercano como consecuencia del cambio climático y de la persistencia de un modelo de gestión insostenible de los recursos suelo y agua”, según advierten los ecologistas.
Efectos del cambio climático
Entre los datos y previsiones globales y regionalizados sobre los efectos del cambio climático en España que recogen, destaca que, en la actualidad, más del 75% del territorio español está en riesgo de desertificación y el 70% de las demarcaciones hidrográficas españolas se encuentran con niveles de estrés hídrico alto o severo.
Esta situación, aseguran, se debe a que durante la segunda mitad del siglo XX se redujeran entre un 10 y un 20 por ciento los recursos hídricos disponibles en las cuencas de la Península Ibérica; que la temperatura del mar Mediterráneo sea entre dos y tres veces superior a la del conjunto de los océanos; a una clara tendencia a temperaturas más extremas, que conlleva una media de entre 10.000 y 43.000 fallecimientos anuales en España por estos motivos, o a que España sea uno de los países de la UE con mayor riesgo de incendios.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “aproximadamente 32 millones de personas ya se han visto afectadas por el cambio climático en España”
Frente a estos problemas asociados a la sequía y la desertificación, el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, sostiene “hay que frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para ello, explica que “hay que fortalecer el medio rural y cambiar el modo en que producimos nuestros alimentos y bienes de consumo, ya, que, de esta manera, podremos evitar que nuestro país se convierta en un territorio desertificado en pocos años”.
Propuestas de los ecologistas
Entre las medidas que proponen los ecologistas para lograr estos objetivos figuran realizar “una revisión más ambiciosa” de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar “el cero neto de emisiones en 2040” y acelerar el fin de los combustibles fósiles; modificar la política hidrológica; o mantener una postura “rotunda e inequívoca” frente a la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos y la proliferación de pozos ilegales.
También plantean reconvertir el modelo agrícola actual y frenar la expansión de la ganadería industrial; garantizar una política forestal acorde con los niveles de aridez e intensificación de las sequías que sufre España; integrar de forma efectiva los efectos del cambio climático en las diferentes políticas sectoriales (planificación hidrológica, política agraria, turismo…), o ampliar el conocimiento y la información sobre la vulnerabilidad de la desertificación y a la sequía en los diferentes territorios.
Además, propone redirigir las estrategias de gestión del riesgo hacia la prevención, mitigación y adaptación, e informar a la ciudadanía sobre la gestión de los recursos y los riesgos del cambio climático.