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Afectará a 50.000 compañías

El Parlamento Europeo aprueba la Directiva que obliga a las multinacionales a la total transparencia informativa en materia ASG

La nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad aprobada por el Parlamento Europeo pretende acabar con el ‘green washing’ practicado por las grandes compañías a la hora de informar sobre el impacto de su actividad en las personas y el medio ambiente. También se espera que esta norma suponga un avance en el establecimiento de estándares sobre sostenibilidad a nivel global y que refuerce la economía social de mercado en la UE.

La nueva normativa supondrá un avance en el establecimiento de estándares sobre sostenibilidad a nivel europeo y global.
La nueva normativa supondrá un avance en el establecimiento de estándares sobre sostenibilidad a nivel europeo y global.

Con 525 votos a favor, 60 en contra y 28 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa que mejorará la rendición de cuentas de las empresas ante el público, al obligarles a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente.

Esta nueva norma es una de las piezas fundamentales del Pacto Verde y de la Agenda de Finanzas Sostenibles y se enmarca también en el compromiso de la UE con el respeto de los derechos humanos y la reducción de su impacto sobre el planeta. El objetivo concreto es equiparar con el tiempo la información sobre sostenibilidad con la información financiera, permitiendo al público acceder por fin a datos fiables y comparables. Al mismo tiempo, quiere acabar con el lavado de imagen verde (‘green washing’) que hacen algunas compañías y pretende reforzar la economía social de mercado en la UE. Además, supondrá un avance en el establecimiento de estándares sobre sostenibilidad a nivel europeo y global.

La nueva legislación trata de cubrir lagunas en la normativa vigente sobre información no financiera, considerada insuficiente y poco fiable. Para ello, introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, basados en criterios comunes en línea con los objetivos de la UE sobre clima. La Comisión aprobará los primeros estándares en junio de 2023.

Para asegurarse de que las empresas ofrecen información fiable, estarán sujetas a auditorías independientes y procesos de certificación. La información financiera y de sostenibilidad se colocan en pie de igualdad y los inversores contarán con datos comparables y fiables. El acceso digital a la información sobre sostenibilidad también queda garantizado.

Ampliación del ámbito de aplicación

Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la UE se aplicarán a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores. Las empresas no comunitarias con actividad sustancial en la UE (con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros en la UE) también tendrán que cumplirlas, y las pymes que cotizan en bolsa también estarán cubiertas, pero tendrán más tiempo para adaptarse a las nuevas normas.

Para casi 50.000 empresas de la UE, la recopilación y el intercambio de información sobre sostenibilidad se convertirá en la norma, frente a las cerca de 11.700 empresas cubiertas por las normas actuales.

Entrada en vigor

El Consejo Europeo tiene previsto adoptar el texto el 28 de noviembre, después se publicará en el Diario Oficial. Entrará en vigor en veinte días y las reglas comenzarán a aplicarse entre 2024 y 2028: el 1 de enero de 2024 para grandes empresas de interés público (más de 500 empleados) ya sujetas a la directiva sobre información no financiera, que deberán entregar sus informes en 2025; el 1 de enero de 2025 para las grandes compañías no sujetas a la directiva sobre información no financiera (más de 250 empleados y/o una facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos totales), que deberán entregar sus informes en 2026; el 1 de enero de 2026 para las pymes cotizadas y otras empresas, que deberán entregar sus informes en 2027. Por su parte, las pymes podrán retrasarlo hasta 2028.