El estudio “La gobernanza en las finanzas sostenibles”, publicado por Spainsif, el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, pone de manifiesto que, entre los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, quizá sea este último el que menos presencia propia ha tenido hasta la actualidad en las finanzas sostenibles. El documento aborda cómo se recoge en cada una de las estrategias de inversión los factores de gobernanza al mismo tiempo que hace una primera aproximación al contenido de algunos de los principales Códigos de Buen Gobierno, incentivados por la especial sensibilidad de este tipo de asuntos y los numerosos escándalos que provocan las malas prácticas en esta materia.
La tendencia del mercado en estos aspectos se centra en proponer un control básico en cuanto a la transparencia a través del desarrollo de la normativa sectorial, así como la concepción por parte de las empresas, los inversores y los reguladores de la importancia creciente de la gobernanza para cualquiera de las partes interesadas. Las principales conclusiones se resumen en que la reputación de las entidades está estrechamente vinculada a la forma en la que estas abordan su gobernanza y, por tanto, su riesgo financiero depende en gran medida de las actuaciones, medidas y protocolos que asuman en esta materia. Y, además, el informe recoge un decálogo de recomendaciones en materia de gobernanza y se abren nuevas líneas de investigación.
Gobernanza y estrategias de ISR
Spainsif analiza el impacto que realmente tienen los criterios de gobernanza en las diferentes estrategias de inversión sostenible. En lo que se refiere a las de exclusión, tomando como referencia el último estudio sobre 'La inversión Sostenible y Responsable en España', elaborado por la propia entidad a partir de las respuestas de 42 propietarios y gestores de activos que operan en el mercado español, el 36% de los encuestados declara excluir empresas de sus carteras de inversión por incumplimiento de derechos humanos; el 29%, por cuestiones laborales; y el 31%, por aspectos de corrupción y soborno dentro de las organizaciones conforme a la aplicación de la estrategia de exclusión.
Esta estrategia, la más sencilla de las empleadas en inversión sostenible pero altamente efectiva y fácil de implantar, frecuentemente se aplica a la totalidad de la actividad de las gestoras de activos para temáticas concretas y sirve como cimiento para construir diferentes productos con características ASG. En lo que respecta a evitar invertir en países en los que se infringen requisitos de buen gobierno, como las dictaduras, estados corruptos o en los que se aplica la pena de muerte, las entidades encuestadas apuntaron que evitan destinar sus activos a estas regiones en un 17%, 12% y 5% de los casos, respectivamente. Las exclusiones de cualquier tipo, como estrategia única, es decir, sin que se presente en combinación con otras, suponen, según el estudio, un total de 64.039 millones de euros.
Es de destacar, en este sentido, que las gestoras de activos nacionales son más propensas a aplicar este tipo de exclusiones que las extranjeras debido, en gran medida, a un fuerte arraigo de esta estrategia dentro de las organizaciones de nuestro país.
En relación al screening basado en normas, estrategia a través de la que seleccian compañías, fondos o proyectos que cumplen ciertos estándares o normas internacionales, también se aprecia que los aspectos de gobernanza son contemplados junto a otros factores sociales o ambientales. Así, por ejemplo, el 36% de las entidades españolas encuestadas y el 71% de las internacionales declaran seguir las directrices del Pacto Mundial de Naciones Unidas y que entre sus diez principios para la sostenibilidad empresarial se encuentra el compromiso de cumplir con los derechos humanos.
Por otro lado, el 23% de los encuestados afirma seguir las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales; un 26%, los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT; y un 7%, las indicaciones de la OCDE para evitar la 'erosión de la base imponible y el traslado de beneficios' (BEPS, por sus siglas en inglés) desarrolladas junto con el G-20 y que recogen medidas para mejorar los estándares impositivos internacionales, reforzar su focalización en la sustancia económica y garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia.
Según el estudio de Spainsif, el screening basado en normas, como estrategia única o en combinación con la exclusión, ha alcanzado en España una cifra de activos bajo gestión de 44.991 millones de euros.
Otra estrategia de inversión sostenible más compleja que las anteriores es la denominada best-in-class, a través de la cual se realiza una selección positiva de aquellas empresas con mejor comportamiento en uno o varios aspectos sociales, ambientales o de gobernanza. Sin embargo, en este caso, lo más frecuente es que los criterios de gobernanza queden en un segundo plano respecto al resto de criterios ASG. Según Spainsif, esta estrategia supuso un total de 11.909 millones de euros en 2021.
Potr otra parte, dos de las estrategias de inversión sostenible más avanzadas son los fondos temáticos y las inversiones de impacto, aunque posiblemente sean aquellas en las que el buen gobierno se percibe como un requisito mínimo o elemento transversal.
Las inversiones destinadas a asignar activos a una temática o sector concreto, como pueden ser las energías renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible, alcanzaron los 6.845 millones de euros en España en 2021. Y en el caso de las inversiones de impacto, las cuales buscan generar un beneficio social o ambiental y que alcanzaron un volumen de 32.699 millones de euros, la información reportada a los inversores ha de incluir aspectos de gobernanza, al tiempo que ha de ser extensa, meticulosa, periódica y auditada por terceras partes independientes.
Por primera vez en España, la integración ASG fue la estrategia que más patrimonio acumuló durante 2021, con un total de 154.433 millones de euros. En este caso, a la hora de realizar el análisis previo a la inversión, se tienen en cuenta numerosas cuestiones relativas a la estructura de gobierno, la retribución de los ejecutivos, la malversación de fondos y la corrupción o la acción política a través de grupos de presión.
En el contexto de la gobernanza, adquiere especial relevancia el activismo accionarial a través de los llamados engagement y voting. El primero hace referencia a la participación de los accionistas a través del diálogo para ejercer los derechos de los propietarios activos y el segundo, al ejercicio del derecho al voto en las Juntas de Accionistas. Con estas prácticas, los propietarios de activos pueden influir en las estrategias y prácticas ASG de las empresas con una interrelación directa con los órganos de gobierno y la alta dirección de la empresa. Según el estudio, los activos gestionados bajo las estrategias de engagement y voting ascendieron a 30.399 millones de euros en 2020.
En las entidades internacionales consultadas, la estrategia de engagement y voting es la segunda más extendida y ha experimentado un fuerte aumento en el último año, alcanzando los 14.407 millones de euros frente a los 3.903 del año anterior. Con respecto al engagement, donde se contemplan aspectos de gobernanza, el 71% de las entidades encuestadas declara tener una política formal para su aplicación. El 64% de ellas ha participado en al menos una campaña de engagement durante 2020 y, en un porcentaje similar, el 63%, publica los resultados de sus campañas. El 60% de los encuestados indica haber tratado aspectos de buen gobierno en la práctica del engagement.
A partir del análisis de las diferentes estrategias de finanzas sostenibles, la aplicación de criterios de buen gobierno implica, por un lado, la necesidad de establecer políticas, medidas y controles; y, por otro, la creación de indicadores que permitan monitorizar la situación y el avance de las organizaciones en esta materia.
Conclusiones
Entre las principales conclusiones del informe, se recoge que existe la posibilidad de aplicar criterios de gobernanza en todas las estrategias de inversión sostenible, desde la exclusión hasta la aplicación transversal en estrategias como el impacto. Para ello se deben conocer las políticas de las entidades sobre las que poder establecer indicadores en materia de gobernanza, comparables, que permitan a los inversores discriminar en base a estos criterios.
Por otro lado, el documento revela que el engagement y voting, como formas de participación del accionariado sobre las actuaciones de las empresas, pueden promover y ayudar a implantar medidas de buen gobierno dentro de las organizaciones. Asimismo, el auge del desarrollo normativo en materia de gobernanza y transparencia responde a la necesidad de los inversores y clientes de disponer de cada vez más información sobre cómo las entidades generan sus beneficios económicos.
Finalmente, apunta que la relación entre el buen gobierno y la reputación empresarial es tan estrecha que cualquier falla en la gobernanza puede poner en cuestión toda la actividad empresarial. La gobernanza, como eje vertebral de la empresa, supone una herramienta facilitadora del alcance de los objetivos ambientales y sociales de las entidades y, por ende, de los planes superiores estatales o europeos. Es necesario, por tanto, concluye el informe, seguir monitorizando la gobernanza en las finanzas sostenibles dada su relevancia y la especial transcendencia en los próximos años.