"Acabar con la pobreza es también una estrategia de crecimiento económico"

En nuestro país, "tenemos un problema de pobreza estructural sostenido a lo largo de los años" y acabar con ese problema "es una cuestión de justicia social y de garantía de derechos, pero también una estrategia de crecimiento económico", explica a Soziable.es Carlos Susías, presidente de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza ) España y Europa, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

 

La celebración de un día mundial -cuyo objetivo principal es dar a conocer una realidad y ponerla en las agendas de todos los actores internacionales-, en el caso de la pobreza, tiene una importancia clave "por la invisibilidad que rodea a un problema estructural y arraigado en nuestra sociedad y que requiere de medidas políticas urgentes", añade Susías. Eso sí, advierte, "no podemos quedarnos en un único día para reclamar que se garanticen los derechos de la población en situación más vulnerable". La urgencia es diaria, porque "la pobreza se vive en el día a día y la persona que vive la pobreza necesita respuesta cada día". 

 

 

 

La pobreza es un elemento relativo que depende también del entorno, pero hay unos límites que ya no son relativos, es decir, si no tienes acceso a una vivienda, si no puedes alimentarte en condiciones o mantener tu hogar caliente en invierno, eso no es relativo. La pobreza es vivir en un estado de permanente elección. Por lo tanto, hay unos mínimos que marcan lo que es ser pobre y en Europa lo tenemos marcado por acuerdo en 2010, donde se dice cómo se mide la pobreza y se establece qué es pobreza severa y qué pobreza relativa dentro de la UE. Sobre los tipos, no nos gusta hablar de pobreza desde una segmentación de la misma, es decir, no hay niños o niñas pobres sin que lo sean sus padres, o no se es pobre solo para pagar la luz sin que esto venga acompañado con unos ingresos insuficientes para mantener unas condiciones de vida dignas.

 

 

En España tenemos un problema de pobreza estructural sostenido a lo largo de los años. En etapas de gran crecimiento económico, la pobreza no crece, pero tampoco decrece, y cuando llega una crisis, la pobreza vuelve a crecer y tarda en estabilizarse y lo hace en un nivel más alto del que había antes de la crisis. Por lo tanto, tenemos un sistema que hace que la pobreza vaya creciendo de manera estructural, ahondando en un problema clave en este sentido, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Si atendemos a efectos prácticos, no es muy inteligente permitir que se mantengan niveles altos y constantes de pobreza para la sostenibilidad económica de un país. Si nos fijamos en Europa, los países menos desiguales, son los que tienen menos niveles de pobreza. Es decir, aquellos que tienen unos sistemas de protección más potentes, son los que tienen menos nivel de pobreza y además, son más avanzados económicamente, están más desarrollados. Acabar con la pobreza es una cuestión de justicia social y de garantía de derechos, pero también una estrategia de crecimiento económico: hogares con más recursos podrán contribuir en mayor medida al consumo y a la recaudación, aportando al sostenimiento del Estado del Bienestar presente y futuro. 

 

 

En nuestros informes hemos detectado que el grado de cumplimiento es preocupante, porque estamos a mitad de camino y, según los datos de la propia Naciones Unidas, tenemos un 15% de los objetivos encauzados, un 48% moderadamente retrasados y un 37% están estancados o en retroceso. Esto nos da una pista de cómo están y del protagonismo que han tenido y deberían tener. Hay que recordar que es un compromiso de todos los países y nos beneficia o perjudica a todos. Es un movimiento muy importante y está un poco alicaído, porque vemos que no se están cumpliendo objetivos.

 

Es necesario reforzar las políticas que han funcionado durante la pandemia y, además, tener una mejor gobernanza mundial. Son objetivos complicados, pero no irreales, porque la pobreza no es un fenómeno meteorológico, es consecuencia de las políticas económicas, fiscales, sociales que se hacen en los distintos países del mundo. Hay que trabajar en la dirección correcta y sabemos hacerlo, porque entre 1992 y 2015 se pasó de una tasa de pobreza extrema del 36% al 10%. En España erradicar la pobreza severa, la peor de todas, es una cuestión de voluntad estrictamente política y económica.

 

 

En nuestro caso podemos hablar a nivel europeo, que conocemos y trabajamos en primera línea con las más de 30 redes de EAPN en todo el continente. Según los datos más recientes de Eurostat, 95’3 millones de personas se encontraban en situación de pobreza o exclusión social en la Unión Europea en 2022, con España en cuarto lugar. Sin embargo, con la pandemia estos datos habrían sido mucho peores si se hubiese aplicado la misma receta que en 2008. Acabar con la pobreza es una cuestión de voluntad política, y ante las situaciones de emergencia, las instituciones deben estar a la altura para proteger a la población más vulnerable. En España lo hemos visto con las medidas incorporadas en el llamado escudo social, que, según nuestro XII Informe sobre el Estado de la Pobreza, evitaron que un millón y medio de personas cayera en riesgo de pobreza y exclusión social. La puesta en marcha de determinadas políticas sí afecta a la pobreza y estoy hablando en términos económicos, pues el mayor éxito de las políticas de protección durante la COVID-19 fueron los ERTE.

 

Esa es la senda que hay que seguir, no podemos permitir retrocesos porque ya hemos visto que no funcionan y que vamos muy por detrás de los objetivos de la presente década. Los Gobiernos han adquirido una serie de compromisos internacionales en el marco de la Agenda 2030, los ODS y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Es necesario, por lo tanto, no solo de salvaguardar las políticas públicas implementadas durante los últimos años para afrontar las diferentes crisis, sino también un incremento de los recursos y del alcance de estas.

 

 

El problema de la pobreza en África subsahariana es muy diferente a la que presenciamos en la Unión Europea, no tiene nada que ver. En gran parte se debe a la debilidad de los Estados y a la carencia de sistemas de protección de la población. La pobreza está más cronificada y extendida, y ya no es una cuestión de medidas específicas, es necesario que se cambie toda la estructura productiva de muchos de esos países. Y, por supuesto, tienen que adquirirse compromisos por parte de terceros países, para evitar las economías extractivas en el continente, y fomentar una reconversión a economías productivas que se preocupen de su ciudadanía. No podemos obviar que, a menudo, encontramos problemas muy graves de niveles democráticos e incluso de conflictos armados en muchos de estos países, que dificultan o directamente imposibilitan los cambios profundos en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

 

 

En España, vivir en zonas rurales o urbanas es un factor de desigualdad. Las zonas rurales presentan tasas más elevadas de pobreza y exclusión social que las zonas urbanas, aunque la pandemia afectó en mayor medida a las ciudades. También es cierto que la recuperación llegó más a los entornos urbanos, como estamos viendo en nuestros últimos informes. La España vaciada es también una España más pobre, con unas diferencias rural-urbano que se han mantenido a lo largo de los años, lo que indica un carácter estructural que requiere abordajes específicos. Reducir las tasas de pobreza y exclusión social en los entornos rurales implica medidas específicas asociadas al hábitat, entre ellas, garantizar recursos suficientes para asegurar los servicios públicos fundamentales, imprescindibles para luchar con otros problemas asociados como la despoblación.

 

 

Algunos políticos dicen que la mejor inclusión social, es el empleo. Sí, ¿pero qué empleo? Un empleo que sea digno, suficiente y que además permita conciliación, porque luego decimos que no hay niños. Cuando hablamos de la pobreza, mucha gente lo lleva al término de lo social, no al sufrimiento que genera. Puede generar desestructuración familiar, problemas personales, incluso de salud mental, que supone, además, que una persona deja de poder aportar con sus impuestos y genera costes sanitarios. Por lo tanto, mantener un país con altos índices de pobreza sale carísimo. Es mucho mejor prevenir la pobreza, porque vas a tener a mucha más gente aportando, tirando de la economía.

 

En definitiva, hablamos de cuestiones de voluntad política, que en muchas ocasiones dependen de grandes acuerdos y de altura de miras, por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional. Se decía que la economía española se sustentaba en base a la precariedad laboral y al empleo temporal y estamos viendo que algunas cosas, si se cambian las normas, pueden ir mejorando y es la sociedad en su conjunto la que mejora. 

 

 

La pobreza infantil, que es una lacra específica, es necesario afrontarla, por un lado, con medidas específicas para la infancia, pero también con otras que tengan que ver con la familia, porque los niños no viven solos y si la familia es pobre, el niño es pobre. Pese a la mejora de los datos en 2022, la pobreza infantil sigue siendo insoportable, con cifras más altas que para el resto de la población. Los hogares con menores soportan tasas más altas de pobreza y vulnerabilidad. Como sociedad, no podemos seguir tolerando que tener hijos sea un factor de riesgo de pobreza y/o exclusión, y el abordaje de este problema estructural de hacerse de forma urgente.

 

El próximo Gobierno debe retomar de forma prioritaria la tramitación de la Ley de Familias que se aprobó en la pasada legislatura, ampliando la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; garantizando de forma efectiva el derecho a la conciliación y el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia, y aplicar medidas específicas de para la erradicación de la pobreza infantil, en línea con los compromisos internacionales adquiridos en este ámbito. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes pasa por garantizar entornos familiares dignos, con políticas sociales que aborden cuestiones de emergencia como la vivienda, la garantía de ingresos, la crisis climática, o el acceso a bienes básicos y a servicios públicos universales y de calidad, entre ellos la sanidad y la educación.