Ángeles Carmona también habla a Soziable sobre el uso de pulseras de control telemático a los maltratadores como herramienta de prevención, sobre la polémica ley del ‘solo sí es sí’, sobre el falso patriarcado de los jueces o sobre la importancia de que exista un consenso político a la hora de abordar el problema de la violencia de género.
- 2023 se cerró con un total de 56 mujeres asesinadas por violencia de género. Estos datos suponen 7 más que el año anterior. ¿Qué estamos haciendo mal?
Las cifras de mujeres asesinadas en 2023 son inasumibles para todas las instituciones que trabajamos contra la violencia de género, máxime en un país como España, cuyo modelo legislativo en esta materia es imitado por varios países de nuestro entorno. Cuando nosotros llevamos trabajando más de 20 años, otros apenas están empezando. Precisamente por eso, un incremento en los casos con víctimas mortales como el de 2023 debe hacernos reflexionar y, a la luz de esa reflexión, revisar los protocolos y las medidas de las que disponemos con el fin de localizar posibles puntos ciegos, posibles campos donde necesitamos mejorar.
No debemos dejarnos llevar por el desánimo, pues sabemos que la violencia machista actúa en demasiadas ocasiones de forma sorpresiva e impredecible y porque también son muchas las vidas que entre todos logramos salvar, aunque no nos sea posible saber cuántas. Pero sí estamos obligados a esforzarnos más, a comprobar si se han cometidos errores y a corregirlos de forma inmediata, todo ello con la vista puesta en nuestro principal objetivo, que es el de cero víctimas.
- Llama la atención que solo en 15 de los 56 feminicidios había una denuncia previa.
Así es. Solo una de cada cuatro mujeres asesinadas el pasado año había presentado denuncias con anterioridad. Esa es otra de las circunstancias que debemos analizar. Las estadísticas que de forma trimestral realiza el Observatorio nos muestran cómo las denuncias ante los juzgados de violencia sobre la mujer vienen experimentando un aumento sostenido desde hace años.
Y ese aumento no supone un incremento de la violencia de género, sino de los casos en los que se toma la decisión de denunciar. Muestra un aumento de la confianza en el sistema. Y, pese a ello, el 73,2% de las mujeres asesinadas en 2023 no habían denunciado antes a su agresor y, por tanto, permanecían ocultas para las instituciones, lo que se traduce en una absoluta imposibilidad de adoptar medidas de prevención y ayuda para esas mujeres.
Desde el Observatorio insistimos en la importancia que tiene la denuncia. Es la única manera de hacer visibles a las víctimas a los ojos de la administración y, por tanto, la vía que permite poner en marcha medidas preventivas y de ayuda a esas mujeres, junto con sus hijos e hijas si son madres, con el fin de que puedan salir de la espiral de violencia.
El camino no es fácil, para las víctimas es una decisión muy difícil de tomar y, por ese motivo, también pedimos a las personas del entorno de esas mujeres que den el paso por ellas y que pongan en conocimiento de la policía o del órgano judicial las situaciones de violencia de las que tengan conocimiento.
- ¿Por qué el riesgo a sufrir violencia de género aumenta en los meses de verano?
La violencia de género no se rige por patrones concretos y esa es precisamente una de las dificultades a las que nos enfrentamos para prevenirla. Pero, a lo largo de los años, sí hemos podido determinar factores que aumentan el riesgo para las víctimas. Hemos comprobado cómo en los meses del año en los que aumenta el tiempo de convivencia -como ocurre en el periodo de las vacaciones de verano- también se incrementan los crímenes. Cuantas más horas pasan víctima y agresor bajo el mismo techo, más posibilidades hay de que se produzcan situaciones de riesgo: roces, discusiones, agresiones…
- ¿Manejan datos sobre número de denuncias interpuestas o quién pone las denuncias?
Sí. El Observatorio publica de forma trimestral estadísticas sobre la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer. Entre los datos que se analizan, figuran tanto el número de denuncias presentadas como quién las presenta. Por eso sabemos que en torno al 70% de las denuncias las presentan las víctimas, bien en el juzgado bien en comisaría; sin embargo, las presentadas por familiares se sitúan siempre en porcentajes muy bajos. En el tercer trimestre de 2023, que es el último periodo del que publicamos datos, estas últimas sumaron apenas el 1,84 % del total de las denuncias del trimestre, que ascendieron a 53.480.
- A esta cifra habría que sumar el asesinato de dos niñas. 50, si sumamos las víctimas desde 2013. ¿Cómo se pueden evitar?
La condición de madre es otra de las circunstancias que aumenta la vulnerabilidad de la víctima y de sus hijos e hijas que, como desgraciadamente hemos visto en demasiadas ocasiones, pueden llegar a ser asesinados bien para causar el mayor dolor posible a una madre -en lo que conocemos como violencia vicaria- bien junto a ellas. En tanto que tengamos la posibilidad de proteger a las mujeres, podremos proteger también a esos menores mediante las órdenes de protección y acordando medidas de alejamiento, suspensión del régimen de visitas o suspensión de la guardia y custodia, entre otras.
Vuelve a ser muy importante que exista una denuncia y que un juez pueda actuar y desplegar todas esas medidas. Desgraciadamente, no somos infalibles, pero aprendemos de los errores y la red de protección que se teje en torno a las víctimas y los menores que viven con ellas es cada vez más tupida.
- Con el objetivo de frenar el feminicidio, se han puesto más de 4.000 pulseras de control telemático a maltratadores. ¿Han tenido éxito?
Hasta la fecha, no hemos tenido que lamentar ningún asesinato en los casos en los que el juez ha ordenado el uso de un dispositivo electrónico. Esto nos indica que estos dispositivos son una herramienta de prevención muy eficaz, pues garantizan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Desde el Observatorio hemos impartido -lo seguimos haciendo- cursos sobre su funcionamiento y recomendamos a los jueces y juezas su uso en aquellos casos en los que exista riesgo para la víctima. Países de nuestro entorno como Francia han implantado el uso de los dispositivos imitando nuestro modelo. También Suecia está estudiando la experiencia española.
- ¿A quiénes se las ponen exactamente y qué se consigue con esto?
El dispositivo consta de varios elementos: un brazalete que debe llevar el agresor y dos dispositivos de localización, uno para el agresor y otro que se entrega a la víctima. De este modo, se monitorizan todos los movimientos del agresor y, en el caso de que se aproxime a la víctima incumpliendo la medida de alejamiento impuesta por el órgano judicial, el dispositivo emite una señal de aviso a la víctima, al propio agresor y también a la policía. El uso de estos dispositivos minimiza mucho el riesgo para las víctimas pues garantiza el mantenimiento de la distancia de seguridad establecida por el juez.
- El año pasado, una de las principales polémicas que hubo en el país fue con la reducción de las condenas a violadores, por la Ley del Sí es Sí. ¿Qué ha sucedido con esta ley? ¿Qué opina de que se hayan reducido tantas condenas?
La LO 10/22 en su redacción original es una norma muy positiva en muchos aspectos, pero contenía un fallo importante que es el que ha provocado las más de 1.200 rebajas de pena y más de un centenar de excarcelaciones de agresores sexuales. El error, del que el CGPJ advirtió al Gobierno en el informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley, se produjo al unificar los tipos penales de abuso sexual y agresión sexual y, como consecuencia de esa unificación, al rebajar la pena mínima prevista para esas conductas. Esa rebaja causó la revisión de los casos ya sentenciados, con las consecuencias que ya conocemos, pues en nuestro ordenamiento jurídico rige un principio en virtud del cual siempre debe aplicarse la pena más favorable al reo.
- Con respecto a esta reducción en las condenas, se ha repetido en numerosas ocasiones aquello del “patriarcado de los jueces”. ¿Existe en realidad o es propaganda política?
Es absolutamente falso. Si nos paramos a pensar en la sucesión de rebajas de pena acordadas por nuestros tribunales desde la entrada en vigor de la LO 10/22, nos daremos cuenta de lo absurdo de esta afirmación: se han producido a lo largo y ancho de la geografía española, lo que significaría que prácticamente todos los jueces destinados en las audiencias provinciales forman parte de ese “patriarcado”. Algo descabellado en sí mismo.
También tenemos que pensar que esos magistrados y magistradas que acordaron rebajas de pena y excarcelaciones son los mismos que habían dictado las condenas sujetas a revisión. ¿Cuándo impusieron las penas originales, más altas, no formaban parte del “patriarcado” y después sí? Tampoco se sostiene. Pero añado más, un dato objetivo: en 2023, la Carrera Judicial estaba integrada en España por 5.343 profesionales. De ellos, 3.003, el 56,2% eran mujeres. ¿Ellas también forman parte del “patriarcado”? En concreto, en las audiencias provinciales, el 42,2 % de los magistrados eran mujeres. En España tenemos una Carrera Judicial profesional y altamente cualificada.
- ¿Qué importancia hay que exista un consenso político a la hora de abordar el problema de la violencia de género?
En mi opinión, es fundamental, y así lo he afirmado públicamente cada vez que he tenido ocasión. Los mayores avances en la lucha contra la violencia de género los tuvimos a raíz de la firma del Pacto de Estado de 2017, cuando la práctica totalidad de los grupos parlamentarios apostaron por abordar la lucha contra esta lacra de forma conjunta. El Pacto no solo supuso la concreción y posterior desarrollo de tres centenares de medidas de carácter transversal contra la violencia de género; también, una importante inyección económica que permitió aumentar los medios materiales y personales para hacer efectivas las políticas de prevención de las agresiones y de protección de las mujeres víctimas.
Debemos tener en cuenta que la lucha contra la violencia de género no se limita a la acción policial y judicial. Cuando un juez interviene es porque ya se ha cometido un delito. Debemos ser capaces de evitar que se cometan esos delitos, por lo que las medidas contra la violencia de género deben abarcar necesariamente otros campos, como son la educación, la sanidad o los medios de comunicación, por poner sólo algunos ejemplos. El consenso, la colaboración no sólo entre políticos, sino también entre administraciones y sector privado, es imprescindible. Por esta razón, es muy importante que en la actual legislatura nuestros representantes en el Parlamento sean capaces de reeditar el Pacto de Estado alcanzando el consenso necesario.