José Santamarta, economista y responsable de cambio climático del Observatorio de Sostenibilidad, es el autor principal, junto a Fernando Prieto, Raúl Estévez Estévez, Carlos Alfonso y Juan A. Avellaner, de un estudio sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 2022. Los datos arrojados por el informe concluyen que la economía española ha abandonado la fase de descarbonización durante los dos últimos años.
Las emisiones de gases de efecto invernadero en 2022 aumentaron un 5,7% respecto al año anterior. Esta cifra supone un 5,17% respecto al año base 1990 y un 31% menos respecto a 2005. Por sectores, en 2022 el transporte por carretera aumentó sus emisiones un 3,3% y la generación de energía un 24%.
Respecto a 2021, el consumo de petróleo creció un 9,1% hasta octubre de 2022 (3,3% en el transporte por carretera) y el de gas natural aumentó un 3,1%, a causa de una caída del gas natural destinado a todos los usos excepto a la generación eléctrica, que creció un 75% hasta octubre a pesar de los altos precios que alcanzó y que repercutieron a su vez en los precios de la electricidad por la metodología marginalista existente.
El repunte después de la pandemia
Las emisiones de 1990 fueron de 290 millones de toneladas de CO2 equivalentes y alcanzaron los 442 millones de toneladas en 2005. A partir de 2007 se produce una tendencia descendente y alcanza su mínimo en 2020, cuando la crisis desatada por la pandemia del coronavirus provocó la mayor disminución de las emisiones. Sin embargo, la vuelta a la normalidad supuso un importante crecimiento a pesar de la guerra en Ucrania y los altos precios del gas natural, el petróleo y la electricidad. De esta manera, en 2021 se alcanzaron unas emisiones de 288,6 millones de toneladas de CO2 equivalentes y en 2022 la cifra llegó a 305 millones de toneladas.
Las emisiones sujetas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés) supusieron un 32% del total. Por su parte, los sectores difusos representaron un 67% de las emisiones totales, y la aviación un 0,7%, según los datos preliminares. La disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica se quebró en 2022, con un aumento espectacular del 60%, aunque ya representa una fuente marginal, a diferencia del consumo del gas natural en las centrales de ciclo combinado, que creció un 61% en 2022, a pesar de los altos precios provocados por la agresión de Rusia a Ucrania.
Por gases se observa que el CO2 representa un 80% aproximado, un 14% el amoniaco y 6% el N2O y el resto HFC, PFC, SF6, etc.
En cuanto a la producción hidráulica, esta disminuyó un 40% a causa de la sequía, la eólica creció sólo un 1% y la fotovoltaica un 33%. Solo la eólica evitó la emisión en 2022 de 30 millones de toneladas de CO2 equivalentes.
Debido a estos aumentos de las emisiones durante los dos últimos años, para llegar a los objetivos de 2030 de la ley de Cambio Climático habrá que aumentar el ritmo de descarbonización y reducir cada año un 3,5%. Si se quiere llegar a un descenso del 55% será necesaria una reducción anual del 7,5%.
Recomendaciones para la descarbonización
Como recomendaciones, el estudio señala que deben incrementarse los esfuerzos de descarbonización, así como la ambición de los objetivos de reducción de la Ley de Cambio Climático para conseguir una economía descarbonizada y más competitiva.
Asimismo, indica que deben revisarse los procesos de decisión para lograr una descarbonización estructural y no coyuntural, tanto en el sector eléctrico y del gas (precios elevados, recuperación de centrales hidroeléctricas, reserva de energía, etc.) o en otros ámbitos, como por ejemplo el transporte de mercancías por carretera y la implantación del coche eléctrico.
Por otra parte, también señala que la energía fotovoltaica en tejados en pequeñas instalaciones, naves industriales, centros comerciales debe de ser potenciada, además de permitir el balance neto para que la población se beneficie de esta tecnología y así evitar el impacto de las grandes instalaciones sobre el territorio.
En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas, estas deben de realizarse sobre zonas mineras, vertederos, escombreras y utilizando otras zonas antropizadas como infraestructuras lineales, carreteras, autopistas o invernaderos ya consolidados que posibilitarían una implantación rápida y sin conflictos. Una mayor penetración de fotovoltaica permitiría eliminar parte de la eólica, que tiene mayor impacto sobre la biodiversidad y mayor contestación social.
Además, destaca que fue especialmente negativo no asignar una nueva potencia de energía termosolar, que es gestionable, en la última subasta realizada por el Gobierno, por el límite del precio que impide una mínima rentabilidad a las empresas del sector. Según apunta, parece que se prefiere pagar mucho más por el gas natural importado, que garantizar un precio a la termosolar que facilite amortizar el coste de su instalación, como ocurrió con la eólica y la fotovoltaica.
Otro de los aspectos sobre los que llama la atención es la fuerte caída de la cogeneración (-32%) y de la energía solar térmica, (-13%) que, a pesar de ser la “hermana pequeña” de la fotovoltaica, también debería aumentar de una forma importante para lograr la descarbonización. Y, por último, concluye que debe de aprovecharse la magnífica oportunidad de los fondos NextGeneration para permitir una recuperación verde baja en carbono.
Por su pàrte, José Santamarta señala la importancia de la descarbonización para conseguir una economía más competitiva y la “necesidad de encarar de una vez la descarbonización del transporte, tanto aumentando las mercancías por tren como por la electrificación del transporte privado”, al tiempo que Fernando Prieto indica que “se debe eliminar cuanto antes el gas de la ecuación, aumentar las inversiones en termosolar como renovable de almacenamiento, reducir la ganadería intensiva, potenciar el autoconsumo con balance neto y la implantación masiva de renovable fotovoltaica en zonas sin valor ecológico como vertederos, escombreras o zonas mineras”.