Sólo el 34% de las empresas del IBEX 35 evalúa el cumplimiento de los derechos humanos en sus centros

Si bien el dato presenta un importante potencial de mejora, la Red Española del Pacto Mundial destaca que supone un aumento muy considerable respecto a 2016, cuando el porcentaje de empresas de este índice bursátil que reportaba sobre el cumplimiento de los derechos humanos en sus centro se situaba en el 22%.

La Red Española de Pacto Mundial va más allá y desglosa una serie de elementos que ayudan a materializar el compromiso del ámbito empresarial con la aplicación y difusión de los derechos humanos. La sensibilización interna es uno de ellos, pero 19 de las 35 compañías analizadas (54,3%) no reflejan en sus memorias ningún tipo de formación en esta materia a su plantilla. Este indicador experimenta un retroceso respecto al pasado año, cuando se situaba en el 45%. “Tenemos que seguir insistiendo en esta materia para alcanzar una implicación global. No obstante, es necesario aclarar que la sensibilidad interna no es suficiente. También hay que trasladar esta cultura a toda la cadena de suministro”, indica Isabel Garro, directora general de la Red Española del Pacto Mundial. Las grandes compañías de nuestro país son conscientes de esta necesidad, y 23 empresas (una más que en 2016) ya analizan el grado de compromiso de sus proveedores. A pesar de ello, sólo 13 informan sobre los impactos de su propia actividad en su cadena de suministro.

Por otro lado, movimientos como la globalización están aumentando la presencia internacional de muchas compañías, evidenciando otro riesgo: la vulneración de los derechos de la población autóctona. Así, y aunque 29 de las 35 corporaciones del IBEX tienen actividades en países con pueblos indígenas, únicamente el 34% proporciona información acerca de su impacto sobre ellos.

El Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos

Con el objetivo de fomentar iniciativas concretas del sector privado en la gestión de riesgos a nivel local, el pasado julio España aprobó su Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Se trata de un documento que  recoge la responsabilidad de proteger los derechos humanos especialmente frente a cualquier impacto de la actividad privada. “Es una medida que veníamos reclamando desde hace años, debido a la capacidad del tejido empresarial para implantar una cultura transversal favorable a esta temática”, señala Garro. De hecho, el plan desarrolla el proceso de debida diligencia, que es la parte clave de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La implementación de esta hoja de ruta entre las empresas españolas puede suponer un importante avance en materia de derechos humanos, pero el reto está en trasladarlo a las pymes. “El 99% del tejido empresarial español debe participar de este proceso, hay que dar incentivos y facilidades”, concluye Garro.