
Es extremeña, licenciada en derecho y toda su experiencia profesional ha estado dedicada al desarrollo de políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades y al trabajo en el ámbito de la participación y reivindicación social de las mujeres en diferentes organizaciones. Desde el año 2001, Marisa Soleto es directora de la Fundación Mujeres, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos dirigidos al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres desde diferentes ámbitos de intervención.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Marisa Soleto califica de "contradictoria" la situación actual. "Hemos pasado de tener que reivindicar un reconocimiento explícito del derecho a la igualdad el 8 de marzo, a estar en un contexto en el que la mayoría se muestra favorable a los objetivos del feminismo político, que básicamente son la igualdad en los diferentes ámbitos sociales y la prevención y erradicación de la violencia de género”. Sin embargo, añade, “cuando se pasa a las medidas concretas y las transformaciones sociales y políticas necesarias para conseguir esos objetivos, la situación deja bastante que desear”. Por otro lado, “están surgiendo voces preocupantes”, en lo que se refiere al avance en materia de igualdad", señala.
"El aplazamiento casi permanente de los avances en materia de igualdad está produciendo un cierto hartazgo en las mujeres, que salen a la calle para que el cambio dé el salto del papel a su vida”
Todo ello explicaría, según la directora de Fundación Mujeres,las masivas movilizaciones que se han producido en los últimos años, como las manifestaciones y la huelga feminista, convocada por la organización feminista Comisión 8M por primera vez en 2018 y que se repite de nuevo este año con motivo del 8 de marzo. "El aplazamiento casi permanente de esas transformaciones, está produciendo un cierto hartazgo en grandes colectivos de mujeres, y en especial entre las más jóvenes, conscientes de la necesidad de expresar en la calle y las instituciones las reivindicaciones para que el cambio dé el salto del papel a su vida”, señala Soleto.
Por otro lado, para esta experta resulta preocupante no solo la falta de avances en materia de igualdad, sino lo que considera un retroceso en ámbitos como el de la violencia sexual. “No me cuesta recordar sentencias de los años 80 y 90 en las que llevar una minifalda o ciertas circunstancias en la que estaba una mujer eran presunción de consentimiento sexual”, señala en relación la sentencia del caso de ‘La manada’. Por ello esta experta considera necesaria "una intervención sobre creencias, valores y calidad de la justicia, porque a pesar de las críticas que ha habido, no hemos visto que se haya tomado ninguna medida". "Tenemos un déficit en lo que se refiere a la reparación del daño a las víctimas cuando sus derechos son vulnerados por el propio sistema”, agrega.
“Un universo desconocido”
Desde el año 2016, Fundación Mujeres ayuda a los huérfanos de la violencia de género a través de las Becas Soledad Cazorla. “Entre las familias beneficiarias nos hemos encontrado un universo muy desconocido”, dice la directora de esta entidad con respecto a una de las realidades más dolorosas de la desigualdad que siguen viviendo las mujeres. “Hablamos de abuelos, con pensiones muy bajas y que a menudo no tienen acceso a la pensión de orfandad, o en importes muy bajos, porque las mujeres víctima no cumplen el tiempo mínimo de cotización o no estaban dadas de alta laboralmente en el momento del fallecimiento”, prosigue.
Para reforzar el apoyo psicológico y garantizar el desarrollo educativo de los menores en esa difícil situación, Fundación Mujeres lleva concedidas 25 becas, por un importe en torno a los 60.000 euros, “gracias a donaciones privadas y de la familia de Soledad Cazorla”, la primera fiscal de sala especializada en violencia machista, quien tuvo entre sus principales preocupaciones “la protección de los hijos de las víctimas”, explica Soleto. La reciente modificación de la pensión de orfandad para huérfanos por violencia de género aprobada por el Gobierno supone un avance en este ámbito, al elevar de 140 a 600 euros su importe mínimo con carácter retroactivo.