
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado su XII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021', donde por primera vez se han recogido los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la COVID-19, mediante un análisis detallado de todos los indicadores sociales disponibles a nivel estatal y autonómico.
El informe de este año está fuertemente marcado por el cambio metodológico que experimenta la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE, publicada en junio de 2022, y fuente principal de los datos. Además, este es el primer año en el que se puede observar con datos oficiales el efecto que la reciente crisis ha tenido en la pobreza.
En lo que respecta a la pobreza y sus conceptos asociados, el indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) y la tasa de riesgo de pobreza se designan como los indicadores necesarios para evaluar la meta 1.2 de los ODS, que especifica literalmente que en el periodo 2015-2030, se debe “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. La aplicación de esta meta al caso de España implica que para 2030 la tasa de riesgo de pobreza en nuestro país no podrá superar el 11,05 %, y el AROPE deberá estar por debajo del 14,3 % de la población.
Menor impacto de la crisis del esperado
Las estimaciones realizadas durante 2020 mostraban que la tasa de pobreza relativa podía pasar del 20,7 % de 2019 al 22,9 %, lo que supondría un millón de personas más por debajo del umbral de pobreza. Asimismo, vaticinaban que la pobreza severa podría aumentar en casi 800.000 personas. Ahora, con los datos oficiales, se puede afirmar que la pobreza aumentó en unas 319.000 personas. Esta cifra es importante, pero muy inferior a las estimaciones. En este sentido, puede afirmarse que las medidas de contención enmarcadas en el llamado Escudo Social contribuyeron positivamente a paliar buena parte de las consecuencias previstas de la crisis provocada por la pandemia.
Debe resaltarse, también, que el informe incluye una aproximación al impacto de esas medidas que concluye que su efecto redujo la tasa de pobreza en 3,2 puntos porcentuales, es decir, disminuyó en 1,5 millones el tamaño de la pobreza en España. Sin embargo, debe evitarse el triunfalismo; grandes medidas como los ERTES, no alcanzaron a toda la población, pues no llegaron a quienes tenían contrataciones con irregularidades o modos de supervivencia característicos de la economía sumergida.
Además, tal y como las entidades del Tercer Sector de Acción Social vienen advirtiendo, las medidas del escudo todavía llegan de forma desigual a quienes se encuentran en pobreza severa o cerca de la misma. Muestra de ello es que aparecen en torno a 300.000 nuevas personas en pobreza severa, con ingresos inferiores a 530€ al mes por unidad de consumo.
Reducción del índice AROPE para cumplir con los ODS
Con respecto a 2015, el indicador AROPE se ha reducido 0,9 puntos porcentuales, lo cual está lejos de cumplir con los objetivos (debería estar por debajo del 14,3% de la población en 2030), dado que ya se ha recorrido un tercio del tiempo estipulado hasta 2030 y un cumplimiento proporcional exigiría una disminución de 4,8 puntos porcentuales en la tasa. En conclusión, se ha hecho menos de la mitad de lo necesario para cumplir el objetivo de pobreza en todas sus dimensiones.
Por otra parte, la tasa AROPE no es homogénea para todas las personas y tiene importantes diferencias según sexo, edad, nacionalidad, nivel educativo, hábitat, situación ocupacional, tipo de hogar, discapacidad y territorio.
Además, tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza y exclusión. Todos los hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen tasas más altas en los principales indicadores que aquellos donde solo hay adultos. Dentro de estos hogares destaca la debilidad de los hogares monoparentales, casi la mitad de los cuales están en AROPE (54,3 % este último año).
Finalmente, debe destacarse la gran desigualdad territorial que refleja no sólo el AROPE, sino la práctica totalidad de los indicadores que se analizan en el informe. En este sentido, el informe muestra una España dividida en dos mitades, en la que las regiones del norte tienen tasas bajas en los indicadores de pobreza y exclusión y, en su mayoría, homologables con los países más desarrollados de la UE. Las comunidades autónomas y ciudades del sur, por el contrario, muestran tasas muy elevadas.
Tasa de riesgo de pobreza
En lo que respecta a la tasa de riesgo de pobreza, es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta por debajo de umbrales definidos, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. Los resultados de este indicador en el informe arrojan que el 21,7 % de la población española, es decir, más de 10 millones de personas (10.269.000), están en riesgo de pobreza. La cifra supone un incremento de 7 décimas con respecto a los datos del año pasado, y un aumento de unas 300.000 personas.
Esta tasa se ha reducido en su conjunto en cuatro décimas desde 2015. Un cumplimiento proporcional hasta alcanzar el objetivo de 2030 (11.3%) exigiría una disminución de 2,1 millones de personas. Sin embargo, según las cifras conseguidas, en los dos últimos años se ha perdido prácticamente la totalidad de lo poco que se había ganado en los cuatro años anteriores. Así, las cifras se mantienen prácticamente igual que al inicio de la Agenda 2030.
Al igual que sucede con el AROPE, la tasa de riesgo de pobreza mantiene importantes diferencias según sexo, edad, nacionalidad, nivel educativo, hábitat, situación ocupacional, tipo de hogar, discapacidad y territorio.
Por otra parte, la acción del Estado se revela como un aspecto muy importante en el mantenimiento de la calidad de vida de las personas medida, en este caso, por la tasa de pobreza, y confirma que dejar al mercado como único garante de una vida digna resulta muy insuficiente. El escudo social redujo la tasa de pobreza en el conjunto del territorio nacional en 3,2 puntos porcentuales, lo que resulta en 1,5 millones de personas que no llegaron a la pobreza.