El Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado por unanimidad en la Conferencia Sectorial Extraordinaria conjunta de Igualdad, Infancia y Adolescencia, la aprobación de un Plan de Acción y Lucha contra la Explotación Sexual Infantil en los Centros de Acogida que incluye, entre otras medidas, el compromiso de que a partir de 2025 no haya niños menores de seis años en estos centros y que en 2030 no haya menores de 10 años.
El objetivo de este plan es reducir a corto plazo la incidencia de la explotación sexual en los centros de acogida, al tiempo que implantar, a medio y largo plazo, modificaciones estructurales del sistema de protección español.
En este sentido, este acuerdo contempla medidas como una mayor formación en la detección precoz para los profesionales que trabajan en alrededor de 1.300 centros de acogida en las comunidades; un protocolo contra la explotación sexual en los centros y una única guía de actuación, que están recogidos también en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, así como un plan de inserción social y educativo para una atención y recuperación integral de las víctimas.
Según informó el Gobierno, se favorecerá el acogimiento familiar en España haciendo uso de los fondos europeos y del Plan de Recuperación y Resiliencia, a fin de impulsar que estos menores pasen a ser acogidos a un hogar y evitar así su paso por los centros de acogida.
Se trata de un plan que se basa en varios principios de intervención. Entre ellos, destaca el enfoque de género, la coordinación institucional, la atención individualizada de carácter terapéutico y el acogimiento familiar frente al centro residencial.
Por su parte, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, se comprometió en la Conferencia Sectorial a dar un “gran impulso” a este plan para que el acogimiento familiar sea el instrumento que “preferentemente” se use y que el modelo residencial se utilice “el menor tiempo posible”.
Según datos de 2020, el número de menores cuya guarda o tutela estaba en manos del sistema público de protección a la infancia era de 35.883 niños y niñas, de los cuales 16.991 (un 47%) estaban acogidas en centros residenciales del sistema de protección a la infancia y adolescencia, y 18.892 (el 53%) en acogimiento familiar.