Según el presidente de la Plataforma del tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, “es una demanda que llevamos reflexionando desde hace tiempo. Consideramos que cuando la ciudadanía marca la ‘X Solidaria’ en su declaración de la renta es porque ya hay una conciencia de equilibrio social, una apuesta por las personas más desfavorecidas y, por tanto, una subida del 0,7 al 1 por ciento lo que supondría es mayor capacidad para invertir en política social, que es lo que hace falta ahora mismo”.
La demanda llega en un momento de incertidumbre para el sector, tras el cambio de modelo de reparto de fondos del IRPF destinado a causas sociales. Así lo manifiesta el presidente de la PTS: “El Tercer Sector se encuentra en un momento complicado, a consecuencia del cambio de modelo en la gestión de las subvenciones provenientes del IRPF. Un sistema con 30 años de vigencia y que ha supuesto para el sector un pilar imprescindible para el sostenimiento económico de las entidades y por supuesto, para la acción social de este país. Recuerdo que con estos fondos se atendió el año pasado a más de siete millones de personas. Por tanto, uno de los retos que asume el sector es el de la financiación. Necesitamos más estabilidad y mayores garantías de sostenibilidad para desempeñar nuestro trabajo”.
El cambio al que alude Luciano Poyato es el que afecta al reparto de subvenciones procedentes de la casilla de fines sociales del IRPF, la llamada X Solidaria. Durante las últimas tres décadas, el Estado gestionaba la totalidad de los fondos, que después repartía entre las entidades sociales que concurrían a la convocatoria. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional dictaminada tras un recurso de la Generalitat de Cataluña insta al Gobierno a cambiar el modelo. De acuerdo a esta indicación, el Gobierno decide que sea un sistema mixto: las CCAA gestionarán el 80 por ciento de esos fondos y el Estado el 20 por ciento restante. Para Luciano Poyato, “no es lo mismo negociar con la administración general del estado que ponerte a negociar con 17 comunidades autónomas, que es lo que hemos tenido que hacer y seguiremos haciendo a través de las plataformas territoriales del tercer sector. El 20 por ciento de los fondos que reparte el Estado no van destinados a asistencia social, sino a programas de innovación social, refortalecimiento de las organizaciones, fomento el liderazgo, etc. Las subvenciones que gestionan las Comunidades Autónomas son las dirigidas a asistencia social, y el deseo de la Plataforma del Tercer Sector es que la gente siga confiando en la X Solidaria y que las Comunidades Autónomas gestionen bien, para que ese dinero siga llegando a quienes más lo necesiten. Sabemos que las administraciones regionales siempre están en una situación de falta de liquidez y debemos estar muy encima para que este dinero llegue donde tiene que llegar”.
Otros retos
El Tercer Sector se enfrenta pues a nuevos retos que requerían nuevas estrategias de financiación, según reconoce Luciano Poyato. Para el presidente de la PTS, “nuestro sector depende en gran parte de la financiación pública, y si no la hay tenemos que exigirla, pero no debemos quedarnos solamente ahí. Pensamos que hay otras vías como es la financiación privada, como es el acercamiento a la economía social, y nuestra apuesta va en esa línea, sin renunciar a la exigencia de demanda a las distintas administraciones para que sigan invirtiendo en política social. Estamos en un punto de inflexión, o tenemos la cohesión necesaria y somos capaces de influir políticamente con un grado de interlocución bastante potente o puede estar en riesgo nuestra sostenibilidad económica”.
En esta línea, la PTS reclama también al Gobierno que impulse “lo antes posible” el desarrollo normativo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, de la que se han cumplido dos años desde su aprobación, con el objetivo de velar por la estabilidad del sector y ofrecer mejores garantías jurídicas a las entidades sociales. Luciano Poyato subraya que es “prioritario” desarrollar cuanto antes el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector que contempla la Ley, y con el que se podrán seguir aportando soluciones viables a los problemas de exclusión social que existen en la sociedad. “Necesitamos un Tercer Sector con fortaleza y capacidad, que sea verdaderamente un eje del modelo democrático y social. Hasta el momento sólo se ha aprobado el Reglamento de la Comisión para el Diálogo Civil, sin embargo, entre las cuestiones pendientes está el citado programa de impulso, la regulación del estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado o la creación y puesta en marcha del inventario de las entidades sociales. Poyato indica que “la ley fue una antigua demanda de las organizaciones sociales que, con mucho esfuerzo se pudo sacar adelante, convirtiéndose en la primera ley para el sector de este país, pero sin un desarrollo normativo la ley no podrá abrazar los objetivos que pretendía y muchas de sus potencialidades quedarán truncadas”.