Los 54 bancos de alimentos que agrupa Fesbal atendieron a medio millón de personas más que el año anterior. En total, asistieron a 1.560.000 personas, de las cuales 360.847 fueron niños menores de 14 años. Una realidad que se ha visto afectada por la pandemia, “una situación sin precedentes, que afecta a la sociedad en su conjunto, pero que tiene una incidencia aún mayor entre las familias con menos recursos”, según afirma la entidad.
Con el objetivo de hacer frente a esta realidad, la Fundación La Caixa y CaixaBank, han impulsado la segunda edición de la campaña solidaria ‘Ningún Hogar Sin Alimentos’ para lograr que más de un millón y medio de personas pueda tener acceso a los alimentos más básicos. En su edición anterior, esta iniciativa recaudó 3,4 millones de euros para los bancos de alimentos asociados a Fesbal, con los que se consiguieron 3.600 toneladas de alimentos básicos.
Aumento de la pobreza y la exclusión social en España
En este contexto, Fesbal ha detectado que el perfil de personas que acuden a los bancos de alimentos se ha ampliado: “ya no solo necesitan alimentos personas en situación de pobreza severa, sino también familias que antes de la crisis tenían rentas medias o bajas y parejas jóvenes que han perdido sus empleos debido a los ERTEs y EREs a los que se han visto abocados distintas empresas”.
Según el informe anual de desigualdad de la ONG Oxfam Intermon, la pobreza severa en España podría aumentar en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones por la COVID-19, lo que supone un aumento desde el 9,2% registrado antes de la pandemia hasta el 10,86%. En este sentido, este informe indica que, en España, el desempleo provocado por la pandemia es el principal generador de desigualdad y pobreza debido a la caída de ingresos de los trabajadores más precarios.
Los datos que aporta la Encuesta de Población Activa (EPA) refuerzan esta idea. En 2020, se destruyeron 622.600 puestos de trabajo, con un total de 3,71 millones de parados y una tasa de desempleo del 16,13%. Una realidad ante la que, por su parte, la Fundación Madrina ha denunciado en un comunicado que “el 98% de las familias vulnerables y en pobreza no tiene a día de hoy ayudas oficiales, condenándoles a las colas del hambre”. “La distribución de alimentos por parte de organizaciones benéficas es la única ayuda directa que están recibiendo algunas familias”, sostiene la entidad.
Un total de 1.290 familias españolas vulnerables son las que ha entrevistado la ONG Save the Children para conocer cómo les ha impactado la pandemia en el último año y cuyas conclusiones recoge su informe ‘Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?’. De él, se extrae que casi la mitad de las madres y padres a los que atiende en sus programas ha perdido el empleo por la pandemia; 6 de cada 10 familias tienen dificultades para hacer frente a la hipoteca o el alquiler, y casi 7 de cada 10 tienen problemas para pagar los suministros básicos.
Un año acumulado de crisis que analiza también Cáritas sobre la realidad de las familias acompañadas en enero de 2021. La entidad señala que la crisis derivada de la pandemia ha provocado que en torno a 500.000 personas les hayan pedido ayuda por primera vez o hayan vuelto después de mucho tiempo sin necesitarlo y que, solo en los primeros meses de la pandemia, las demandas de ayudas se incrementaron un 57%. Según los datos que aporta, han destinado 41.163.068 euros a ayudas directas, que han permitido a las familias acompañadas cubrir en parte necesidades tan básicas como la alimentación, la higiene, los gastos de vivienda o de suministros.
Para Cruz Roja, la pandemia ha agravado la situación de un grupo “muy importante” que no había necesitado ayuda previa. Así lo destaca el Boletín de Vulnerabilidad de las personas atendidas durante la pandemia a través del Plan Cruz Roja Responde, un programa que puso en marcha la entidad a raíz de la declaración del Estado de Alarma. Este informe señala la diferencia de perfiles entre las personas a las que atendía antes de la pandemia y las que se han incorporado tras ella: un impacto mayor en las mujeres, una población más joven, una mayor presencia de hogares con hijos menores de edad, unos peores indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social con una tasa AROPE del 95,2% y un 22% de hogares sin ingresos.
El Plan Cruz Roja Responde atendió a 788.127 personas desde el inicio de la pandemia, lo que supone un incremento del 21,6% debido al impacto económico y social de la crisis.
Las propuestas del Tercer Sector
En una reunión mantenida este 20 de abril con la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, presentó un documento que recoge sus propuestas al Programa Nacional de Reformas 2021 con el objetivo de que la salida de la crisis social y económica de la COVID-19 sea “más equitativa” que la del 2008.
El documento, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), propone llevar a cabo un plan de modernización económica que supere el actual modelo productivo de baja inversión en innovación y en capital humano y que pase por aumentar el nivel de inversión social, en cuanto al PIB, a la media europea.
Además, también plantea incrementar el Salario Mínimo Interprofesional para asegurar rentas del trabajo suficientes; asegurar un sistema de pensiones que aporten un nivel de vida adecuado a las personas mayores y dependientes; consolidar el Ingreso Mínimo Vital y las prestaciones complementarias en vivienda y servicios sociales por parte de las Comunidades Autónomas; apostar por la innovación digital y la eliminación de la brecha digital en el ámbito rural, y garantizar la sostenibilidad técnica, económica, social y política de un sistema sanitario público universal, de calidad y gratuito que sea capaz de enfrentarse a shocks epidémicos y a los desafíos del envejecimiento de la población.
Asimismo, recoge otras medidas encaminadas a desarrollar servicios sociales que prioricen la lucha contra la pobreza y están adaptados a los desafíos post pandemia, a trabajar por una vivienda accesible y asequible que proteja a las personas en su diversidad y sea sostenible a nivel medioambiental, a implementar una educación y modernización inclusivas que impulsen la salida de la pobreza y a implantar una fiscalidad redistributiva que reparta las cargas de manera justa y eficaz.
En este sentido, el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la PTS, Carlos Susías, explicó que la pandemia del coronavirus ha expuesto “aún más” las vulnerabilidades de la sociedad y aseguró que se ha podido comprobar el alcance y magnitud de los principales indicadores de desigualdad económica y social, así como las insuficiencias de la inversión social y las debilidades del estado del bienestar español.