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Quiere proteger derechos fundamentales

La Eurocámara da los primeros pasos para poner en marcha la Ley de Inteligencia Artificial

El Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora sobre la futura Ley de Inteligencia Artificial. Fundamentalmente, establece una serie de restricciones a la utilización de esta tecnología con el objetivo de que esté más centrada en el ser humano, sea digna de confianza y quede garantizada la protección contra los efectos adversos que pueda tener sobre la salud, la seguridad, los derechos fundamentales y la democracia.

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, junto a los eurodiputados ponentes de la Ley de IA.
Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, junto a los eurodiputados ponentes de la Ley de IA.

El Parlamento Europeo adoptó su posición negociadora sobre la Ley de Inteligencia Artificial (IA) por 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones. Con ella acudirá a las conversaciones con los Estados miembros de las que saldrá el texto definitivo de la ley.

La normativa deberá garantizar que la Inteligencia Artificial (IA) desarrollada y utilizada en Europa se ajuste plenamente a derechos y valores fundamentales, respetando requisitos como la supervisión humana, la seguridad, la privacidad, la transparencia, la no discriminación o el bienestar social y medioambiental.

Prácticas prohibidas

Las normas están enfocadas a prevenir riesgos, además de fijar unas obligaciones para los proveedores y aquellos que despliegan herramientas basadas en IA. Los sistemas de IA que presentan un nivel inaceptable para la seguridad de las personas, como los utilizados para sistemas de puntuación social (clasificar a las personas a partir de su comportamiento o características personales), quedarían totalmente prohibidos.

Los eurodiputados han ampliado la lista propuesta por la Comisión Europea, añadiendo prohibiciones que se refieren a los usos intrusivos y discriminatorios de la IA, como, por ejemplo, los referidos en la siguiente lista:

Sistemas de identificación biométrica remota, en tiempo real, en espacios públicos; los sistemas de identificación biométrica remota, a posteriori, con la única excepción de usos policiales en investigaciones por delitos graves y con autorización judicial.

Sistemas de categorización biométrica que utilicen ciertas características identitarias (por ejemplo, el género, la raza, la etnia, el estatus de ciudadanía, la religión o la orientación política).

Sistemas policiales predictivos, basados en la elaboración de perfiles, la ubicación o el historial delictivo.

Sistemas de reconocimiento de emociones por las fuerzas de seguridad, en la gestión de fronteras, los lugares de trabajo o las instituciones de enseñanza; y

Rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacadas de Internet o de circuitos cerrados de televisión para crear bases de datos de reconocimiento facial, que violan los derechos humanos y el derecho a la intimidad.

Los eurodiputados han tenido también en cuenta que la clasificación de las aplicaciones de alto riesgo incluya los sistemas de IA que puedan afectar significativamente al medio ambiente o a la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Se han añadido a la lista los sistemas de IA utilizados para influir en los votantes y el resultado de las elecciones y en los sistemas de recomendación utilizados por las plataformas de redes sociales con más de 45 millones de usuarios.

Obligaciones para la IA de uso general

Los proveedores de modelos fundacionales (una innovación en el ámbito de la IA que avanza rápidamente) tendrán que evaluar y mitigar los posibles riesgos para la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de Derecho, así como registrar sus modelos en la base de datos de la UE antes de comercializarlos en territorio europeo.

Los sistemas de IA generativa basados en dichos modelos, como ChatGPT, tendrán que cumplir unos requisitos adicionales de transparencia. Deberán identificar el contenido como generado por IA, para ayudar, entre otras cosas, a distinguir las falsificaciones de las imágenes auténticas, además de estar diseñados de forma que no puedan generar contenido ilegal. Asimismo, deberán publicarse resúmenes detallados de los datos protegidos por derechos de autor que han sido utilizados para su desarrollo.

Equilibrio entre apoyo a la innovación y protección de derechos

Para impulsar la innovación en IA y apoyar a las pymes, los eurodiputados añadieron como excepciones los proyectos de investigación y los componentes de IA suministrados con licencias de código abierto. La nueva ley promueve los llamados “espacios controlados de pruebas”, o entornos reales en los que las empresas pueden probar la inteligencia artificial, bajo la supervisión de las autoridades públicas, antes de salir al mercado.

Por último, la Eurocámara quiere facilitar a los ciudadanos la presentación de reclamaciones sobre estos sistemas y la obtención de explicaciones sobre decisiones generadas por sistemas de alto riesgo que menoscaben significativamente los derechos fundamentales de las personas. Los eurodiputados también han reformado el papel de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que se encargaría de supervisar la forma en que se aplica el código normativo sobre IA.

Uno de los eurodiputados ponentes del texto legal, Dragos Tudorache (Renew, Rumanía), declaró que la nueva ley “marcará el rumbo a nivel mundial para el desarrollo y gobernanza de esta herramienta, garantizando que la tecnología que transformará nuestras sociedades de manera radical evoluciona y se utiliza de manera acorde con los valores europeos de democracia, derechos fundamentales y Estado de Derecho”.