La campaña ‘Apoya una Ley Made in Spain’ nace por iniciativa de la Plataforma por las Empresas Responsables, formada por 15 organizaciones españolas de la sociedad civil y que representa a más de 530 entidades. Su objetivo es exigir al Gobierno una ley, similar a las existentes en otros países de nuestro entorno, que regule y sancione los abusos de las empresas sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
En la actualidad, las empresas operan en todo el mundo, desarrollando sus actividades o comercializando sus productos más allá de sus fronteras nacionales. Los acuerdos de voluntariedad han demostrado ser insuficientes y las malas prácticas empresariales siguen causando graves perjuicios a las personas, a las comunidades y al medioambiente. Además, en muchos de estos casos, las empresas no han rendido cuentas y las víctimas no han podido acceder a la justicia ni ser reparadas.
La UE ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Amaya Acero, del Observatorio de RSC y coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables, indica que “pese a ser un paso fundamental hacia la rendición de cuentas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia contienen ciertas fallas que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva”.
Legislación en otros países
Otros países ya cuentan con legislación nacional sobre responsabilidad empresarial como es el caso de Francia, desde 2017, y Alemania y Noruega, desde 2021. En Francia, con un mayor recorrido, las personas afectadas por los abusos cometidos por empresas francesas en terceros países (EDF en México o Casino en la Amazonía Brasileña y Colombiana) tienen la oportunidad de reclamar justicia ante los tribunales franceses. Esto demuestra que contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas.
Así lo cuenta Eduardo Villarreal de Prodesc México: “Se puso una demanda civil en Francia al gigante EDF por la escalada de violencia que generó en Unión Hidalgo, por no respetar los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados ni dieron su consentimiento a la actividad de la empresa en sus territorios”. “Sin esta legislación la comunidad zapoteca no habría podido demandar a EDF ya que la empresa se habría escudado en que tendría que haber sido juzgado por la autoridad mexicana”, añade Hidalgo.
En Alemania la ley aún no ha entrado en vigor, pero Franziska Humbert, de Oxfam Alemania, destaca el amplio apoyo conseguido en la aprobación de la ley del gobierno, el sector empresarial y de la ciudadanía, añadiendo que “las empresas que apoyan la legislación quieren igualar el terreno de juego para que aquellas que lo hacen bien de forma voluntaria no se encuentren en desventaja competitiva”.
España tiene una oportunidad de liderazgo
En diciembre de 2021, el Secretario de Estado de la Agenda 2030, anunció el trabajo sobre una iniciativa legislativa de debida diligencia en materia de derechos humanos y en abril de 2022 se llevó a cabo una consulta pública del anteproyecto de Ley. “El Gobierno ha dado un primer paso, incluyendo en el Plan Anual Normativo la propuesta de ley, pero ahora necesitamos que se haga realidad y llegue al Congreso para ser votada en esta legislatura. Los derechos humanos y las víctimas no pueden esperar más”, apunta Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.
Contar con una ley nacional ayudaría a fortalecer el texto de la directiva europea que, aunque significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, sufre de importantes carencias y excepciones que pueden socavar su finalidad.
En este sentido, la Plataforma por las Empresas Responsables pide al Gobierno cumplir con su promesa electoral y tomar el liderazgo en la construcción de una economía respetuosa con los derechos humanos y medioambiente y aprobar sin demoras una legislación de debida diligencia empresarial antes de que se acabe la legislatura.