El modelo agrario hiperintensivo del cultivo de los frutos tropicales en las provincias de Málaga y Granada tiene graves impactos socioambientales, en particular el agotamiento de los recursos hídricos y la degradación y erosión de los suelos, así como la destrucción de un modelo agrario basado en explotaciones familiares cada vez más dependientes o supeditadas a la influencia de la entrada de fondos de inversión en la agricultura.
Estas son las principales conclusiones del nuevo capítulo, 'La provincia de Málaga y Granada: extractivismo agrario para el cultivo de frutas tropicales', del informe El verdadero precio de los alimentos. La cara oculta de la agroindustria en la península ibérica, de Ecologistas en Acción.
El capítulo recoge el caso del cultivo de aguacate en estas provincias y cómo están afectando a espacios con una gran biodiversidad que están protegidos sobre el papel como los ríos y humedales. Sin embargo, la expansión del cultivo intensivo del aguacate es un fenómeno generalizado que se observa cada vez más en otras regiones de la península ibérica, entre ellas el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.
Regadío ilegal
Se estima que entre el 30% y el 40% de la superficie total de regadío de 12.989,96 hectáreas en 2017 en la comarca de la Axarquía eran plantaciones ilegales. Unas plantaciones que sobrepasaban por encima de los 140 metros la superficie del Plan Guaro gracias a la profusión de pozos abiertos clandestinamente y la reventa de aguas por parte de comunidades de regantes.
También se observa que, posteriormente, la superficie de regadío ha seguido creciendo, incluso en plena sequía, de modo que la superficie de riego (legal e ilegal) ronda actualmente las 15.000 hectáreas, según declaraciones oficiales de la Junta de Andalucía. Algo que ha favorecido la expansión del aguacate, cuya superficie ha aumentado un 30% en España desde 2018, según los datos recogidos en el informe.
Al mismo tiempo, el incremento del precio a un euro/kilo de aguacate que se produjo en las campañas 2010/2011 ha continuado al alza, alcanzando un máximo de 2,75 euros/kilo en la campaña 2020/2021, lo que ha provocado un aumento de la superficie.
Impactos negativos
En cuanto a los requerimientos para el cultivo del aguacate, el informe de Ecologistas en Acción muestra cómo los estudios sobre la huella hídrica del aguacate han demostrado que se necesitan 350,50 litros de agua de riego para producir un fruto con un peso medio de 350 gramos.
Así, mientras que las temperaturas de la costa tropical española son idóneas para este tipo de cultivos, las reducidas precipitaciones no se ajustan a las necesidades de riego de los cultivos subtropicales.
Para la organización ecologista, la producción del aguacate tiene, por tanto, un precio alto: “El elevado consumo de agua para el riego del aguacate combinado con olas de calor, mayor evapotranspiración y periodos de sequía recurrentes, conduce a una gran sobreexplotación de los recursos hídricos, afectando drásticamente a los ecosistemas fluviales y humedales costeros, así como a los acuíferos, salinizados por la entrada de agua de mar. Además, el agotamiento de los recursos hídricos está afectando el suministro público de agua a la población local que se ha visto confrontado con cortes de agua hasta de 12 horas en verano de 2023”.
A ello se añade el problema ecológico de los enormes movimientos de tierra durante la puesta en cultivo con maquinaria pesada y la erosión del suelo causada por la deforestación de las laderas para la implantación de cultivos, que se ve agravada por fenómenos climáticos extremos como las lluvias torrenciales.
El informe señala que esta degradación del suelo favorece la lixiviación progresiva de sales minerales, lo que empeora la calidad del suelo y aumenta la necesidad de fertilizantes, acentuando el sistema agroindustrial intensivo de la región.
Por otro lado, los datos recogidos en el informe muestran que este modelo agroindustrial fomenta las desigualdades económicas en las regiones productoras y no favorece la creación de empleo: las rentas medias de las zonas agrarias son de las más bajas de España. La renta más baja es de 7.972 euros por persona y año en el municipio de Moclinejo, en la Axarquía, y de 7.625 euros/año en la costa granadina, en el municipio de Albuñol.