Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza infantil creció significativamente en el año 2021. El riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) de los menores de 18 años se incrementó del 31,6% hasta el 33,4%, debido fundamentalmente a la pérdida de ingresos de las familias derivada de la pandemia.
Como viene siendo habitual en épocas de crisis, el riesgo de pobreza o exclusión en niños, niñas y adolescentes crece más que el del conjunto de la población: 1,8 puntos porcentuales respecto a 0,8 puntos porcentuales de incremento para el conjunto de la población (del 27% al 27,8%). También es muy notable el incremento en hogares monoparentales (4,5 puntos más, hasta el 54,3%).
Tal y como asegura José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, “el impacto de la pandemia sobre la infancia se sigue reflejando en datos intolerables, como el aumento de la pobreza infantil. Hoy hay en el mundo 100 millones más de niños y niñas viviendo en la pobreza y circunstancias como la guerra de Ucrania y la consiguiente crisis del precio y abastecimiento de los alimentos solo están empeorando la situación para la infancia más vulnerable”.
Para ello, una de las herramientas de políticas públicas más importantes son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya orden de elaboración, que supone el punto de partida para la preparación de las cuentas públicas de 2023, ya ha firmado el Gobierno. UNICEF España quiere aprovechar este momento clave para recordar que es fundamental que los PGE contemplen inversiones en infancia para abordar y reducir la pobreza infantil y conseguir que España deje de ser uno de los países de la Unión Europea que menos invierten en su infancia.
En esta línea, la organización ha publicado ‘Presupuestos 2023. Una oportunidad para abordar la pobreza de los niñ@s’, un documento con 14 medidas que, de incluirse en los PGE, contribuirían a apoyar a la infancia más vulnerable en nuestro país.
Entre estas medidas, destaca la inclusión en el IRPF de una deducción fiscal reembolsable de 1.200 euros por cada hijo menor de edad, que supondría un apoyo a la crianza y beneficiaría a todas las familias (incluidos los hogares que no reciben actualmente las ayudas fiscales debido a sus bajos ingresos). Para reducir la pobreza infantil es también necesario dotar de fondos la implementación de la Garantía Infantil Europea, a través de la aportación a la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, y seguir aumentando los fondos para servicios sociales transferidos a otras administraciones con el propósito de reforzar la lucha contra este problema.
Para apoyar a la infancia más vulnerable fuera de nuestras fronteras, UNICEF España ha pedido que se presupueste la creación de una Unidad de Derechos de Infancia en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, propone que aumente la financiación de los programas de cooperación al desarrollo y que los PGE 2023 tengan en cuenta la crisis nutricional y alimentaria que ha dejado a 49 millones de personas al borde de la hambruna, de los cuales 13,6 millones de niños y niñas menores de 5 años que sufren desnutrición aguda grave.
UNICEF España propone también que los PGE contemplen recursos para avanzar en la implementación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada hace más de un año. Estos recursos permitirían formar a profesionales de diversos ámbitos en prevención, detección y atención a la violencia contra la infancia o reforzar las Oficinas de Atención a las Víctimas.
El documento recoge propuestas relacionadas con la salud y la educación e insta a garantizar la asignación presupuestaria del Plan de Acción de Salud Mental 2022-24 y del Plan Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil o seguir aumentando las becas y ayudas al estudio. UNICEF España también recuerda que se debe asegurar la disponibilidad de recursos para poder ofrecer atención temprana de calidad y universal desde el nacimiento hasta los 6 años.
En cuanto a la protección de los niños y niñas más vulnerables, la organización pide que aumenten los recursos para mejorar el sistema de protección residencial y avanzar en un proceso de desinstitucionalización de los niños y niñas acogidos en este sistema. Asimismo, se recomienda diseñar y financiar un modelo, basado en responsabilidades compartidas, de intervención urgente para atender a niños y niñas migrantes no acompañados.