A partir del análisis comparativo de 21 empresas del sector energético en España

Fundación Naturgy y Deloitte presentan el informe ‘La contribución del sector energético español a los nuevos objetivos sociales europeos’

El informe destaca que dos de cada tres empresas energéticas españolas cuentan con un Plan de Sostenibilidad. Además, también señala que el sector energético lleva a cabo el 12% de los proyectos de responsabilidad social en nuestro país, con especial foco en la vulnerabilidad energética, la creación de empleo y formación, el cuidado del medio ambiente, la ciencia, la cultura y el deporte.

Según el estudio, las empresas energéticas realizan el 12% de los proyectos de RSC en nuestro país.

02 Dic 2021 | Redacción | Soziable.es

Según el informe ‘La contribución del sector energético español a los nuevos objetivos sociales europeos’, publicado por la Fundación Naturgy y elaborado por la consultora Deloitte, el sector energético ha sido uno de los primeros en implantar una gestión basada en criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). A día de hoy, hasta un 67% de las empresas de energía en nuestro país dispone de políticas y planes de sostenibilidad, con compromisos específicos de contribución y generación de valor para todos sus grupos de interés.

Este estudio cuantifica la contribución social de las compañías energéticas españolas, mostrando su retorno social y ambiental positivo, más allá del beneficio económico, y en términos de riqueza, empleo, calidad de vida, diversidad, protección de personas en situación de vulnerabilidad cuidado ambiental, entre otras acciones.

Los datos estadísticos se han obtenido mediante el análisis comparativo de la información pública de hasta 21 de las principales empresas del sector energético en España, de distintos tamaños, que abarcan toda la cadena de valor y suponen más de un 85% del negocio energético en nuestro país.

El informe ‘La contribución del sector energético español a los nuevos objetivos sociales europeos’ fue presentado este miércoles 1 de diciembre por Concha Iglesias, socia líder de Sostenibilidad y Cambio Climático de Deloitte España y directora del informe, quien destacó durante su intervención que “la sostenibilidad es un pilar estratégico para el sector energético. Su fuerte vinculación con el territorio, la naturaleza de su propia actividad y su acreditada experiencia en este tipo de iniciativas motivan al sector a reforzar su compromiso por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr una transición justa basada en la Agenda 2030”.

Según se extrae del estudio, las empresas energéticas realizan el 12% de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial que se llevan a cabo en nuestro país, principalmente en los ámbitos de la vulnerabilidad energética, la creación de empleo, la preservación del medio ambiente, la ciencia, la cultura y el deporte. Tanto es así que casi el 50% de las empresas energéticas cuenta con planes específicos para paliar la vulnerabilidad energética.

Los datos del informe

En el plano social, el documento destaca que el sector energético español fue uno de los primeros en reaccionar ante el coronavirus con la movilización de recursos y ayudas, con medidas específicas fundamentalmente para sanitarios, clientes y sociedad, en general, y con mayor dedicación a grupos vulnerables. Su contribución se calcula en más de 30 millones de euros en conceptos de donaciones directas y planes de acción.

De hecho, según el World Energy Trilemma Index 2021, el sector energético español es uno de los más sostenibles del mundo y ocupa el puesto número 10 de los 127 países analizados, algo que, según Iglesias, "es de gran valor e importancia”. Este sector es, además, líder en España en materia de prevención de accidentes laborales, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y uno de los más involucrados en la sostenibilidad de sus proveedores: un 77% de los cuales son evaluados con criterios ESG.

En cuanto a su contribución a la riqueza y desarrollo de la sociedad española, el sector energético se erige como fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Según datos del INE de 2019, esta industria supone una aportación directa del 2,8% del PIB nacional (unos 34.561 millones de euros) y genera más de 68.000 puestos de trabajo directos.

Análisis de los expertos

Durante el acto de presentación, Oliverio Álvarez, socio responsable de Regulación Energética de Deloitte España, moderó una mesa redonda abordando la temática del informe. En ella, participaron expertos en sostenibilidad y reputación corporativa de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, Sedigas, Caixabank y Naturgy, que coincidieron en afirmar que “la transición energética será social o no será”.

Nuria Rodríguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, recordó que los criterios sociales forman parte de la estrategia de Naturgy desde hace mucho tiempo y que la pandemia ha hecho aflorar nuevamente su importancia en el marco de la gestión ASG, que está en el centro de su Plan Estratégico a 2025. De hecho, Rodríguez aseguró que “sin la sostenibilidad es imposible hacer una transición energética adecuada” y puso como ejemplo más reciente de la compañía el reciente lanzamiento de su tarifa “Compromiso”, que asegura a los clientes un precio de pool a 65 euros durante tres años.

En su intervención, Marta García De Oteyza, senior manager de Responsible Banking del Santander, hizo hincapié en que “la forma de alcanzar los objetivos ambientales no puede dejar de lado los objetivos sociales” y explicó la propuesta del banco basada en el beneficio con propósito. “Hemos hecho una propuesta de negocio que responde al lema doing well by doing Good", explicó.

Joan Batalla, presidente de SEDIGAS, destacó la importancia del arraigo territorial de la industria gasista en toda su cadena de valor, lo que contribuye al desarrollo de las comunidades y puso en valor los gases renovables como “una apuesta a medio y largo plazo para descarbonizar la economía y por su impacto social en la economía circular y en la generación de empleo”, especialmente en el marco de la España vaciada.

En esta línea, el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, Carlos Ballesteros, explicó el papel que juegan la pequeña y mediana empresa en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS e hizo un llamamiento a la necesidad de pedagogía y comunicación a la sociedad: “tenemos el gran reto de integrar y saber explicar al ciudadano todos estos conceptos, tenemos que hacer una gran labor pedagógica”. Además, Ballesteros aseguró que “es un hito que haya más empresas con plan de Responsabilidad Social Corporativa que las que no lo tienen”.

Oliverio Álvarez recalcó el papel que puede jugar el sector en algunos objetivos clave en el ámbito social: “la energía es un bien básico y necesario para el desarrollo de las comunidades y sus sistemas económicos. El bienestar social, la competitividad industrial y el funcionamiento general de la sociedad dependen del suministro de una energía segura, fiable, sostenible y asequible”.

Por su parte, Pablo Zalba, socio responsable de Regulación y Políticas Públicas Europeas y Españolas de Deloitte, abordó con una ponencia los principales aspectos de la taxonomía social. En ella, destacó que “la COVID-19 está impulsando la sostenibilidad, desde la perspectiva medioambiental, pasando a ser uno de los ejes centrales de la transformación de nuestro modelo de crecimiento económico. La pandemia ha demostrado también la necesidad de reforzar la sostenibilidad social. Por ello, damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea de desarrollar una Taxonomía Social”.

María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, la cual ha beneficiado ya a más de 120.000 personas con sus programas sociales, destacó los proyectos de innovación social que está llevando a cabo su institución para cerrar el círculo de una transición energética justa y recalcó que “el informe deja patente que el sector energético es fundamental para conseguir los ODS y cumplir con los objetivos de la Agenda 2030”.

La presentación del informe finalizó con la intervención, vía online, de Lucas González, director general adjunto de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, quien ahondó en la visión de esta institución sobre la importancia de la taxonomía social para unificar los criterios de impacto social de las inversiones.

 

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