La ley de información no financiera exige un verificador independiente

Por primera vez, durante los primeros seis meses de 2019, numerosas empresas españolas se han visto obligadas a presentar un informe de carácter no financiero, dando cumplimiento a la Ley 11/2018.  La ley establece que el contenido del informe de gestión debe ser verificado por un prestador de servicios de verificación independiente. AENOR es una entidad de referencia en este ámbito, ya que realiza unas 400 verificaciones de sostenibilidad según los criterios GRI y ambientales EMAS al año según estos referenciales. 

La nueva legislación establece que determinadas organizaciones tienen la obligación de reportar anualmente información de carácter ambiental, social, relativas al personal, al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, la gestión de la diversidad, así como sobre su relación con la sociedad. El objetivo es identificar los riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general.

Las empresas obligadas a presentar este informe son las grandes sociedades: aquellas con más de 500 empleados que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público; o bien durante dos ejercicios consecutivos reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos al menos dos de estas tres circunstancias: tener un activo consolidado superior a 20 millones de euros; un importe neto de la cifra anual de negocios de más de 40 millones o que el número medio de empleados supere los 250.

El reporte debe ofrecer información ambiental, social, gestión de personas y diversidad, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción