La ONU debate un nuevo convenio para proteger los océanos

España participa en la tercera conferencia intergubernamental que se celebra en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con el objetivo de ir ultimando lo que se ha dado en llamar el Tratado Global de los Océanos y que pretende proteger la biodiversidad marina más allá de las fronteras nacionales. El compromiso de los 193 Estados miembro de la ONU es cerrar para finales de 2020 un texto que regule las aguas internacionales, que suponen más de dos tercios del total de los océanos.

El compromiso de los 193 Estados miembro es cerrar para finales de 2020 un texto que regule las aguas internacionales

El futuro Convenio de Naciones Unidas sobre biodiversidad más allá de las fronteras nacionales (en inglés Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ) es un instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que en su artículo 192 establece que “los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino”.

Más allá de las 200 millas

Su objetivo es la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional de los estados costeros. Entendida la jurisdicción nacional como las zonas económicas exclusivas que pueden alcanzar en general las 200 millas desde las líneas de base o la plataforma continental, que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia y en las crestas submarinas, el límite exterior de la plataforma continental no excederá de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

Entre las cuestiones que se discuten en las negociaciones figuran los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, entre los que se incluye el establecimiento de áreas de protección marina como las que existen en aguas territoriales de muchos Estados; el acceso a los recursos genéticos marinos; la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina, o la evaluación del impacto ambiental en aguas internacionales.

Ésta es la tercera reunión de la conferencia intergubernamental de las cuatro previstas. Las dos anteriores tuvieron lugar en septiembre de 2018 y en marzo y abril de 2019, y la cuarta se espera para el segundo semestre de 2020. El objetivo es tener el nuevo Convenio aprobado en la Asamblea de Naciones Unidas a finales de 2020.

Amenazas

Esta cita se produce en un momento en el que las amenazas en nuestros mares y océanos son cada vez más preocupantes por la contaminación, y en particular la contaminación por plásticos y microplásticos, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos pesqueros y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los océanos.

El Gobierno estima que el futuro convenio es particularmente importante para España, país con una gran tradición marítima y pesquera. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, España es el segundo país de la UE en aguas marinas, sólo por detrás de Portugal, y alberga la mayor biodiversidad marina de Europa, ya que está en tres regiones biogeográficas con unas características muy diferenciadas: mediterránea, atlántica y macaronésica.

Además, nuestro país ya cumple con el objetivo del Convenio de Biodiversidad Biológica de proteger al menos el 10% de las aguas marinas, habiendo superado ya la cifra del 12% con la aprobación del área marina protegida del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo. En los próximos años está previsto ampliar esta red de espacios marinos protegidos, partiendo siempre del mejor conocimiento científico disponible y aplicando un enfoque participativo en el que se incluyan todos los sectores y la sociedad civil en la gestión y protección de estos espacios.