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El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados podría entrar en vigor a principios de julio

España restringirá la comercialización de los plásticos no reciclables o de un solo uso

El Congreso ha comenzado a debatir Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada por el Consejo de Ministros, mediante la cual se fijan límites y plazos a la comercialización de plásticos de un solo uso o no reciclables.

La comercialización de plásticos no reciclables tiene sus días contados.
La comercialización de plásticos no reciclables tiene sus días contados.

Según la ministra portavoz, María Jesús Montero, la norma aprobada en el Consejo de Ministros es una herramienta más para pasar de la economía lineal a la circular. El cambio movilizará muchos recursos de la UE y, según cálculos de la Comisión, estas inversiones van a requerir 2.500 millones de euros hasta 2035".

Y es que, por primera vez en la legislación española, el Proyecto de Ley determina los límites que se van a imponer a productos tales como los vasos para bebidas, incluidos sus tapones tapas, o los recipientes alimentarios para consumo inmediato, cuya comercialización debe reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030 con respecto al mismo año.

Para ello, todos los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar la utilización de alternativas reutilizables o de otro material no plástico. Dentro de dos años, se prohibirá su distribución gratuita, obligando a cobrar un recargo por los productos de plástico que se vendan al consumidor.

Se introducen también medidas para artículos de plástico no compostable que no están incluidos en la normativa comunitaria (como los artículos monodosis, las anillas de plástico y los palitos de plástico de sujeción) para su reducción y sustitución por productos elaborados con otros materiales.

Igualmente, se prohíbe la comercialización de otra serie de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, vasos, todos los productos de plástico oxodegradable y microesferas de plástico de menos de cinco milímetros.

Incluso se fijan tanto normas de diseño (por ejemplo, las tapas y tapones unidos al recipiente o botellas PET deberán tener un 25-30% de plástico reciclado a partir de 2030 y 2050, respectivamente), como de etiquetaje e información al consumidor.

Prevenir la generación de residuos

La prevención de residuos es también uno de los aspectos abordados por el nuevo texto. Aquí se aboga por reducir en un 13%-15% el volumen de los residuos producidos en los próximos cuatro años respecto a 2010, sumado al objetivo del 10% de reducción a partir de 2020.

Se prevé además recortar a la mitad los alimentos desechados per cápita y rebajar un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.

La comercialización de plásticos de un solo uso debe reducirse un 50% en 2026 y un 70% en 2030 con respecto a 2022 

Ya no se admitirá la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, excepto cuando estos deban eliminarse atendiendo a otras normas legales.

Se elabora, además, un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, aparte del que ya rige para el papel, los metales, el plástico y el vidrio.

Plazo de separación

Según este cronograma, los biorresiduos domésticos deberán separarse de forma separada a partir de 2022 para entidades locales con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para el resto de municipios; a los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos, a partir de 2025; y a los residuos de construcción y demolición, a partir de 2022.

Para reducir el consumo de agua envasada o embotellada, los establecimientos de restauración y hostelería deberán ofrecer siempre a sus clientes o usuarios la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento, siempre que se garantice que presenta las condiciones sanitarias exigibles y es apta para el consumo humano.

También las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias, entre otras, mediante el fomento de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua en envases reutilizables, sin perjuicio de que en los centros sanitarios y educativos se permita la comercialización en envases de un solo uso.

En el capítulo fiscal, el texto prevé un impuesto a la incineración, coincineración y eliminación de residuos en vertedero, mientras promueve sistemas de pago por generación y el uso de las compras públicas para incentivar el consumo de productos reutilizables y materiales fácilmente reciclables. 

Por lo que se refiere a la regulación de los suelos contaminados, la principal novedad es que se crea el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias, que incluye los datos aportados por los registros autonómicos.

Corto de alcance

Pese a todo, agrupaciones ecologistas o del reciclado han recibido la norma con tibieza. Desde la organización Amigos de la Tierra, lamentan que el Proyecto de Ley “no esté a la altura de la crisis ecológica en España, agravada por la problemática de los residuos”. A su juicio, “la prevención y reutilización siguen estando ausentes de la propuesta del Gobierno, que pone el foco en la gestión de residuos, sin ni siquiera acometer los cambios necesarios para mejorar los actuales sistemas de gestión”.

Para Greenpeace, por su parte, el proyecto no soluciona el abandono de los envases de bebidas y apunta que los impuestos que establece son tan solo "una tirita que no curará" un sistema de gestión de residuos que está "enfermo de manera sistémica". Considera, además, que el texto tiene "bastantes cosas mejorables", aunque duda que vaya a cambiar mucho durante su tramitación parlamentaria. Y cree que, tal como está redactada, la Ley no cumplirá los objetivos del plan de economía circular.

Y aunque Ecovidrio valora la ambición de la nueva normativa, advierte de ciertas medidas que podrían perjudicar la recogida selectiva de envases de vidrio, como la propuesta de que los ayuntamientos reciban, por parte de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), financiación para la recuperación de residuos de envases de vidrio que no han sido correctamente separados por los ciudadanos a través del contenedor verde. Cree que ello difiere de la filosofía de las directivas comunitarias para reforzar la recogida separada eficiente.