Minerales de sangre, el secreto a voces de la industria de los smartphones

La industria de los móviles y las tablets mueve unos 3,3 billones de dólares, lo que supone el 4,4 por ciento del PIB mundial. Para fabricar estos dispositivos son necesarios algunos materiales como el coltán (resultado de la aleación de columbita y tantalita) o el cobalto que se obtienen en gran medida de forma artesanal en minas situadas en la región de África central. Concretamente, el 80 por ciento del coltán y el 50 por ciento del cobalto procede de minas situadas en la República Democrática del Congo, un país que lleva desde 1998 hasta la actualidad desangrándose en conflictos armados que han costado la vida a seis millones de personas.  

A la llamada Guerra del Congo o Guerra del Coltán, que se desarrolló entre 1998 y 2003, le sucedió la Guerra de Kivu, un conflicto que enfrenta al norte y al sur de esta región congoleña limítrofe con Uganda y Ruanda. Es precisamente en esta región donde están las minas de coltán, por lo que muchos analistas consideran que la verdadera razón de este conflicto, alimentado por países vecinos y no tan vecinos, es el expolio de este valioso mineral.

Rocío Vicente (Unicef): “Que un niño trabaje en una mina de oro o de coltán no es un oficio ni un trabajo, es simplemente explotación”

“La guerra en los dos Kivu está considerada un conflicto étnico pero hoy en día es unánime la opinión de que el coltán está en el centro de las hostilidades”, dice un religioso congoleño entrevistado por Soziable.es que no quiere revelar su identidad y que cifra en 130 los diferentes grupos armados que se disputan el control de estos yacimientos. Este sacerdote católico regenta un centro que atiende a menores sin hogar, muchos de los cuales han sido víctimas de explotación en las minas.

“Son unas minas superficiales, que acumulan una gran riqueza mineral debido a las lavas que lo han arrojado a la superficie desde la gran profundidad de la falla del Rift”, explica José Lucas, responsable del Comité de Solidaridad con el África Negra en Madrid. “No hay que hacer excavaciones profundas y en periodos de guerra es muy fácil llevar allí a niños y obligarles a extraer mineral. Es mano de obra barata y en condiciones de esclavitud. Al ser una zona de guerra no hay nadie que supervise las condiciones de trabajo”, añade.

Unicef estima que hay alrededor de 40.000 menores congoleños que son obligados a trabajar en las minas. La especialista en derechos de infancia de Unicef Comité Español, Rocío Vicente, denuncia estos abusos: “Ningún niño debería trabajar en estas condiciones. Es una gravísima violación de sus derechos con un impacto muy grave su desarrollo físico, mental y social. Estos trabajos comprometen su desarrollo y su futuro”. Vicente se muestra tajante a este respecto: “Que un niño trabaje en una mina de oro o de coltán no es un oficio ni un trabajo, es simplemente explotación”.

Para imponer el control sobre la población en las zonas mineras, las guerrillas utilizan todo tipo de violencia y el abuso sexual es utilizado como un arma de guerra y de dominación. Lo denuncia el religioso congoleño: “Una de las trágicas consecuencias de los conflictos armados en la RDC son las violaciones, tan frecuentes en la actualidad, ya sea de mujeres, niños e incluso de hombres. La violencia sexual en este conflicto armado se distingue de otros crímenes por su magnitud y crueldad”.

De los grupos armados a las multinacionales

Para José Lucas no cabe ninguna duda: “Las multinacionales se benefician de todo ese coltán a bajo precio”. Pero ¿cómo se organiza todo este entramado comercial? El responsable del Comité de Solidaridad con el África Negra explica que, aunque los grupos armados que controlan el noroeste de la RDC tienen nombre congoleño, en realidad son milicias enviadas por los gobiernos de Uganda y Ruanda para saquear el coltán.

Esta estrategia se inició durante la Guerra del Coltán que enfrentó a estos dos países contra el Congo. “Hay muchos informes de la ONU que señalan la cercanía de estas milicias con el gobierno ruandés del presidente Paul Kagame y con el general ugandés Salim Saleh, hermanastro del presidente Yoweri Museveni”.

José Lucas (Comité de Solidaridad con el África Negra): “Las multinacionales se benefician de todo ese coltán a bajo precio”

Tras la retirada de las tropas ruandesas de la RDC, las minas de coltán cayeron en manos de guerrillas dirigidas por Ruanda y Uganda. Se creó entonces la empresa Somigl, cuyo mayor accionista es la guerrilla Reagrupación Congoleña para la Democracia (RCD) liderada por Azarías Ruberwa. “Él mismo dijo en una conferencia en Europa que esta guerrilla tenía el 70 por ciento de las acciones de esta compañía”, recuerda Lucas.

Son compañías como la Somigl las que pagan sus dividendos a los guerrilleros y revenden el coltán a grandes multinacionales de EEUU, Europa o Asia. “Todas estas multinacionales tienen una gran responsabilidad porque financian directamente a los grupos rebeldes que operan en Kivu”, denuncia el sacerdote congoleño.

Ausencia de normativa internacional

Un entramado comercial similar es el que se ha organizado en el sur del país para la explotación del cobalto, mineral que se utiliza para fabricar las baterías de todo tipo de dispositivos electrónicos. Lo cuenta Marta Mendiola, responsable del área de derechos económicos, sociales y culturales de Aminstía Internacional: “Gran parte de la producción mundial de cobalto se extrae mediante minería artesanal en el sur de la RDC. En diversos informes hemos denunciado las violaciones de derechos humanos que se producen allí. Nosotros hemos visto cómo miles de niños trabajan largas jornadas en las minas a cambio de uno o dos dólares al día”.  

Según Mendiola, “todo ese comercio internacional se inicia con una empresa minera africana que es la Congo Dongfang Mining International, propiedad  al 100 por cien de la multinacional china Zhejiang Huayou Cobalt Co, que es uno de los mayores productores del mundo de baterías y componentes fabricados a partir del cobalto”. Ese cobalto viaja a Asia (principalmente a China y a Corea del Sur) y son luego las grandes multinacionales tecnológicas las que se abastecen de esas baterías.

La responsable de derechos de Amnistía lamenta que hoy por hoy no exista ningún tipo de regulación internacional ni nacional que vigile esa cadena de suministros, con lo cual todo depende de la libre voluntad de cada empresa. Pero lo cierto es, añade Mendiola, que la mayoría de las empresas tecnológicas no hace un análisis exhaustivo de esa cadena de suministros y no investiga qué violaciones de derechos humanos se esconden detrás de la extracción del cobalto.