Hacia una ley de debida diligencia

Nace la Plataforma por las Empresas Responsables

La iniciativa está conformada por 12 organizaciones de la sociedad civil que representan a más de 570 entidades y que trabajarán conjuntamente en la aprobación en España de una ley que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y en toda la cadena de valor.

24 Jun 2021 | Rocío Barrie | Soziable.es

En la actualidad, las empresas operan en todo el mundo desarrollando sus actividades o comercializando sus productos más allá de sus propias fronteras. Esta actividad global, junto con estructuras corporativas complejas y la ausencia de estándares legales en muchos países, ha puesto en evidencia cómo las empresas han eludido su responsabilidad por los impactos ocasionados en las personas y en el planeta.

También, según informa la Plataforma, se ha demostrado que las iniciativas voluntarias como medio para evitar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales “han fallado” por la "ineficacia" de los compromisos asumidos si no conllevan una verdadera gestión de los riesgos y de los impactos que ocasiona la actividad empresarial, al tiempo que las víctimas de abusos corporativos sobre los derechos humanos y medioambientales también se encuentran desamparadas para poder acceder a la justicia.

No obstante, la regulación de la debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países de nuestro entorno, de ahí que representantes de Greenpeace, Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional o el sindicato USO, que forman parte de la Plataforma por Empresas Responsables, hayan sostenido este jueves durante la presentación que España “no puede quedarse atrás”.

Aspectos clave de la ley

La ley por la que abogan las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables debería establecer la obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación.

Asimismo, indican que debería contener un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación.

En este sentido, según ha explicado Sara García, de USO, “un sistema disuasorio de sanciones puede evitar que se llegue a producir el daño. Algunas sanciones que se pueden establecer son, por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la Administración pública, de acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo económico”.

Además, inciden en que esta normativa debe prever aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.

A este respecto, para Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, "es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos”.

“Las víctimas se enfrentan a barreras que hoy hacen esto casi imposible por los plazos de prescripción, los costes procesales o los tribunales y la legislación a aplicar. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos”, ha añadido.

Esta ley, según señalan, también debería designar una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal; al tiempo que obligue a la publicación de un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.

Así, para Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, "la falta de transparencia y la complejidad en la cadena de valor de las empresas facilita a las empresas no responder de manera efectiva por los impactos sociales y ambientales causados por proveedores y subcontratadas".

Con voz propia

Según ha manifestado la Plataforma por las Empresas Responsables, España “debe tener voz propia” si quiere ser tomada en serio en la promoción de una economía sostenible y responsable.

En este sentido, esta regulación ya ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la Unión Europea está trabajando en una directiva de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, cuyo primer borrador se presentará después de verano; sino que también países de nuestro entorno han aprobado una legislación en esta materia, tales como Francia, Alemania y Noruega, al tiempo que otros tienen procesos abiertos, como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo.

“España no puede estar a la expectativa de lo que dicte la UE”, ha indicado Isabel Tamarit, del Observatorio de RSC. Para ella, los países con legislación nacional en vigor o en proceso de adopción “están mejor situados para influir en los debates sobre las normas de la UE o del Tratado Internacional de Naciones Unidas y, además, demuestran que se toman en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible”.

Según han manifestado durante la presentación de esta Plataforma, las empresas multinacionales operan en contextos donde la vulneración de los derechos de los trabajadores “es frecuente”. El año 2020 ha sido “el peor” para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo. Así, “en el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga y en un 72% los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido”; “331 defensores de derechos humanos fueron asesinados” y “el 70% de ellos está relacionado con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas”.

“Queremos justicia y reparación de daños para las víctimas de malas prácticas empresariales”

Ante la ausencia de normativa vinculante que defina las obligaciones de las empresas y que asegure el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y medioambientales, expone la Plataforma, las empresas “se han beneficiado” de la posibilidad de operar en países donde no existen o no están debidamente garantizadas leyes sobre esta materia.

Tal y como han señalado sus organizaciones socias, “existen casos documentados de vulneración de derechos debido a la mala práctica de alguna de nuestras empresas”, lo cual pone de manifiesto la “necesidad” de una regulación de la debida diligencia. 

Además, han agregado, “tampoco” las iniciativas voluntarias como medio para evitar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales “están siendo suficientes”. Según Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, “las iniciativas voluntarias de responsabilidad social son insuficientes por sí solas para evitar las vulneraciones de derechos humanos y medioambientales, quizás mejoran la conducta empresarial, pero las limitaciones son claras porque las empresas no están obligadas legalmente a prevenir daños y enfrentan pocas o ninguna consecuencia cuando estos se producen."

Unido a esto, han concluido que la defensa de los derechos humanos está a la cola de las políticas corporativas en España. “Solo 13 empresas del IBEX 35 realizaron en 2019 una identificación de riesgos y de impactos en los derechos humanos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia", han sostenido.

Organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables

La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por las siguientes organizaciones: Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones) y USO.

“En España queremos que nuestras empresas sean responsables”

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