Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

En España hay seis millones de personas en pobreza severa

Una cifra que no se superaba desde 2007 y que supone un aumento en dos millones de personas en esta situación respecto a 2018, según el informe ‘Sociedad Expulsada y derecho a ingresos. Análisis y Perspectivas 2021’, de la Fundación Foessa y Cáritas.

Por primera vez desde 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas

17 Oct 2021 | Rocío Barrie | Soziable.es

Según el avance de resultados de la encuesta Foessa 2021 (realizada a más de 7.000 hogares de todas las Comunidades Autónomas) que se incluye en el informe, año y medio después del estallido de la pandemia “son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España”. Esto revela, por tanto, “un ensanchamiento” del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta.

La crisis provocada por la pandemia está dejando un impacto “muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias”, según alertaron la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, y el técnico del Equipo de Estudios, Thomas Ubrich, durante la presentación de las conclusiones de la encuesta.

Asimismo, el informe indica que se registra un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: la integración plena en 2021 –es decir, hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión– es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42%). Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto al año 2018 (donde el porcentaje era del 49%).

Según señaló Thomas Ubrich, una primera conclusión sería que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social, “una fuga imparable hacia una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”.

Los datos de Foessa, explicó, “vienen a constatar que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, a los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008”.

En este contexto, el informe alerta de que, por primera vez desde 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en “uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018”.

Perfiles más afectados

El informe identifica también los grupos y colectivos sobre los que la crisis ha tenido un mayor impacto. Así, uno de los grupos más afectados por esta exclusión es el de los hogares con hijos. “Las dificultades que entraña la crianza y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que es del 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos”, apunta. Esta incidencia es mucho más acusada si se trata de una familia numerosa (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.

Otro factor determinante que señalan Foessa y Cáritas es el país de origen. “La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante”, informan. Este grupo representa el 38% en el espacio de exclusión y el 65% en el de la exclusión severa.

Nuevos factores de exclusión social

El empleo y la vivienda son dos de los factores que este informe asocia con una mayor o menor pobreza.  En este sentido, indica que el 25% de los hogares atraviesan “graves dificultades” en la dimensión del empleo, debido a las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral “cada vez más precarizado” y donde obtener un trabajo digno es “cada vez más difícil”, lo que conlleva una realidad de ingresos “bajos e insuficientes”. Una precariedad salarial que, añade, afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros y que afecta al 24% de hogares españoles.

Con respecto a 2018, prácticamente se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9% a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave, pasando del 4,8% al 10,3%.

Así, apunta que sigue aumentando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda (energía, agua e internet) suponen tal carga que, una vez realizados estos, se quedan en situación de pobreza. Una realidad que afecta, a día de hoy, al 14% de los hogares.

Aumento de la pobreza severa

La dimensión del empleo y de la vivienda, indica el informe, se vinculan “de manera innegable” con la exclusión del consumo, que se ha disparado notablemente al pasar del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021.

“La estrecha relación entre dificultades con el empleo y exclusión en el consumo se hace patente al comprobar que, para el conjunto de hogares afectados por la exclusión en el empleo, la pobreza severa se eleva hasta el 30%, que triplica el nivel de afectación del conjunto de la sociedad”, añade.

Por otro lado, el informe también destaca que el conflicto social, la dimensión que mide la calidad de las relaciones dentro de los hogares, ha pasado de afectar a un 5% de los hogares en 2018 a casi un 10% en 2021. Esta dimensión es la que, porcentualmente, más ha aumentado en cuanto al nivel de afectación para el conjunto de la población.

Necesidad de un adecuado sistema de protección social

El informe de Foessa y Cáritas Española también dedica un capítulo a las debilidades de nuestro modelo de protección social, poniendo un foco especial en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que resaltan que “ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes”.

Principalmente, destacan que existe un primer obstáculo que se produce antes siquiera de llegar a iniciar los trámites para solicitarla. Algo más de un año después de su aprobación, indican, “un altísimo porcentaje de los hogares en situación de pobreza severa no cuenta todavía con suficiente información para su solicitud o tramitación”.

Además, indican que “solo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud” y, en consecuencia, “solo un 26% de los hogares en pobreza severa ha conseguido realizar el mismo”. Es decir, “más de dos tercios de estos hogares (el 68%) no lo han solicitado a pesar de sus escasos o nulos ingresos”.

En definitiva, concluyen que “solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido; y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%) le ha sido denegado”.

Los retos sociales

La última parte del informe plantea una serie de retos para incidir en los desajustes estructurales de nuestro modelo de desarrollo social y en una salida de la crisis para todos que no deje realmente a nadie atrás.

Entre ellos, destacan potenciar un mercado de trabajo y un modelo productivo que favorezcan la creación de empleo capaz de garantizar el derecho a un trabajo decente y estable y con condiciones dignas; la necesidad urgente de políticas públicas suficientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista de nuestros derechos; o impulsar medidas y estrategias que garanticen el acceso al derecho a una conexión a internet de buena calidad, a tener dispositivos que permitan esa conexión y el derecho a adquirir competencias o habilidades para desenvolvernos en ese mundo.

Asimismo, plantean que el déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos prioritarios en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva ya que, según afirman, la pobreza y la exclusión social “siguen golpeando con más fuerza a la población menor de 18 años en España”.

Otro de los retos expuestos son las políticas sólidas de equidad y solidaridad para esta población inmigrante que se encuentra segregada, que ocupa los niveles sociales más desfavorecidos y que afronta graves dificultades en empleo, vivienda y pobreza; al tiempo que sostienen que nuestro sistema público de salud debe integrar una perspectiva de salud mental colectiva y comunitaria.

Por último, señalan que es necesario consolidar un sistema de garantía de rentas que proteja. Según concluyen, el IMV debe seguir mejorando en términos de cobertura y protección para ser un sostén económico efectivo y sostenible para las familias que necesitan de estos ingresos.

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