La Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura abordan los retos en la lucha contra la violencia en la infancia

Grande-Marlaska: "La violencia contra los menores es la mayor infamia de esta sociedad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia estará listo antes de fin de año. Lo ha hecho durante la inauguración de la I Jornada sobre Violencia a la Infancia, organizada en Madrid por la Fundación Mutua Madrileña (FMM) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

De izda. a dcha.: Ignacio Garralda, Fernando Grande-Marlaska y Manuel Almenar. (Foto: FMM).

24 Oct | Soziable.es | Soziable.es

El ministro del Interior ha calificado la violencia contra los menores como “la mayor infamia de esta sociedad porque destruye la construcción de la persona, de su dignidad y de su futuro”, y ha dado a conocer la creación de un registro nacional único que incluya cualquier tipo de violencia a la infancia y a sus autores como herramienta “para conocer su alcance y poder establecer políticas serias que mejoren la realidad”. Grande-Marlaska ha concretado que estas políticas, que contemplarán aspectos preventivos y de mejor detección de las situaciones, se plasmarán en un anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia que estará listo antes de fin de año.

La violencia contra la infancia es "la mayor infamia de esta sociedad", según el ministro del Interior

Bajo el nombre de 'Nuevos retos en la lucha contra la violencia a la infancia desde el ámbito institucional y judicial', la jornada organizada por Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha sido inaugurada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el presidente de la APM, Manuel Almenar y el presidente del Grupo Mutua y su Fundación, Ignacio Garralda. En ella, magistrados, expertos del mundo de la judicatura, fiscales, policía y asociaciones de atención y apoyo a la infancia han abordado la situación y las asignaturas pendientes en la protección a los menores en el marco familiar y de la escuela, así como en el ámbito digital.

Los casos de violencia a la infancia son cada vez más habituales a tenor de las últimas noticias, por lo que el presidente del Grupo Mutua y su Fundación, Ignacio Garralda, ha pedido “como presidente de una fundación que tienen entre sus líneas de actuación el objetivo de acabar con la violencia en los menores, que toda las instituciones y la sociedad se impliquen en esta lucha”. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, ha enunciado las tres vías necesarias para acabar con esta lacra: “educación, detección precoz y adopción de medidas de corrección”.

En la primera de las mesas redondas se ha abordado la situación actual de 'La protección de los menores víctimas de maltrato en el ámbito familiar y escolar', por parte de Ricardo Gallego Córcoles, magistrado titular del Juzgado de menores número 1 de Guadalajara; María Teresa Patiño Lafuente, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia; Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR; y Alicia Vicente Expósito, jefa del Grupo de Análisis Criminal de Delitos contra las personas de la Guardia Civil.

La detección precoz, especialmente por parte de la comunidad educativa, es fundamental para atajar el problema

Desde 2017 más de una decena de niños han muerto a manos de sus progenitores. Este problema creciente se constata en el dato de que “siete de cada diez agresiones a menores se producen en su entorno familiar”, que ha indicado Benjamín Ballesteros. La detección precoz, especialmente por parte de la comunidad educativa, es fundamental para atajar el problema.

Ciberviolencia

En la segunda mesa, titulada 'Los ciberdelitos contra el menor: la defensa del acosado y la actuación contra los acosadores', intervinieron Francisco Manuel García Ingelmo, fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Menores; Roberto Fernández Alonso, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de la Sección de Redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia; Marcos Gómez, subdirector de Servicios de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguirdad (Incibe); y Susana González Ruisánchez, abogada especializada en Derecho Tecnológico y Ciberseguiridad, Consejo General de la Abogacía Española.

Los expertos han coincidido en la necesidad de trabajar en la cultura de la ciberseguridad no solo en los niños, sino también en sus padres. “En Estados Unidos el cinco por ciento de los padres sobreexpone a sus hijos en las redes sociales”, ha apuntado Marcos Gómez, un fenómeno conocido como 'sharenting'.

Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, y Ainhoa Lujambio, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, han sido los encargados de moderar las mesas. María Jesús del Barco Martínez, presidenta de la Sección Territorial de Madrid de la APM y portavoz nacional de la asociación, y juez decana de Madrid, ha clausurado la jornada, reclamando que “todos debemos implicarnos en la educación de nuestros menores” y “educarles en la valentía para que defiendan al que está siendo acosado y en saber que sus derechos acaban cuando empieza la libertad del otro”.

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El Gobierno de Pedro Sánchez creará a principios de 2019 un Grupo de Alto Nivel presidido por la vicepresidenta, Carmen Calvo, en el que también participarán comunidades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y cuya misión será “aterrizar” la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030.

11 Dic | Servimedia | Soziable.es

El anuncio lo ha realizado la alta comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, Cristina Gallach, en el transcurso de su intervención en el Desayuno por Talento ‘Los ODS para una sociedad y educación más justas e inclusivas’, organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad y en el que debatió sobre la inclusión social, educativa y laboral de los ODS 2030 de la ONU.

El objetivo es “implicar” a todos los ministerios e incluso a seis ministros “para dar la fuerza que requiere un trabajo transversal” a través de este “grupo de administración” que estará apoyado, asimismo, por un “subgrupo” más “operativo y concreto para aterrizar y cumplir la misión y el mensaje claro del cumplimiento de la Agenda 2030”.

A este respecto, subrayó que, en cuanto a “gobernanza y contenido”, el desarrollo de dicha agenda tiene como “pilares básicos” a administración, sociedad civil y empresas y ya está tomando forma “por las decisiones que se van tomando”. “Esperemos verlo también con la preparación de los presupuestos, que son para las personas y la estabilidad económica de nuestro país”.

Tras reconocer que España se incorporó “un poco tarde como Estado y como Gobierno a la aplicación de la Agenda 2030”, advirtió de que, en la actualidad, va “a paso ligero y recuperando espacio, teniendo en cuenta que hubo bastante trabajo hecho por parte de la sociedad civil, autonomías y municipios, que se tomaron muy en serio la agenda”. “Era hora de que el Gobierno esté liderando todo esto e intentando ser líder, con decisión y con presteza”, apuntó.

Cristina Gallach junto a Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

Consejo para el Desarrollo Sostenible

Junto a esto, mencionó la creación del futuro Consejo para el Desarrollo Sostenible, que, según Gallach, “debería situarse en un espacio algo más amplio y genérico e incluir algunos de los aspectos que se discuten y tratan o debería tratarse en el Consejo de RSC”. “No son excluyentes, pero el Consejo para el Desarrollo Sostenible es más amplio y debe incluir aspectos relativos a medio ambiente y movilidad, entre muchos otros”.

Este organismo será la “segunda pieza” para la implementación de esta Agenda 2030 y será creado en un plazo aproximado de mes y medio como un “pulmón de presión y escucha de la sociedad civil”, así como un “espacio inclusivo, de intercambio de información y, sobre todo, de escucha de la sociedad civil”, que “desempeña un papel fundamental”.

“Necesitamos una sociedad civil empoderada que haga de eje de presión corresponsable con las distintas administraciones para que, entre todos, vayamos cumpliendo la agenda a corto, largo y, sobre todo, medio plazo”, subrayó.

Este Consejo contará con varios grupos de trabajo y estará “inspirado en el modelo alemán, que incluye a grandes expertos”, aunque en el caso español tendrá más peso la sociedad civil “responsable”, que está “ansiosa por contribuir a este contrato social que entre todos estamos escribiendo”, según Gallach.

La alta comisionada para la Agenda 2030 avanzó que, en el marco de dicho Consejo, se abordará también la implementación de los ODS en relación a la discapacidad ya que  la "lucha contra la desigualdad y las discriminaciones" lleva a entender que las actuaciones de todos los implicados "han de ir encaminadas a promover la inclusión social". Según Gallach, los ODS contemplan una "transversalidad" en cuanto a la discapacidad, que no "puede ser vista desde una perspectiva de asistencia".

Comisión parlamentaria para los ODS

La “tercera pata” de esta política será la constitución de una comisión mixta Congreso-Senado “para la vigilancia” de la aplicación de la Agenda 2030 desde el ámbito legislativo y que no será un “espacio de constreñimiento adicional al que ya existe y que está muy estructurado en las distintas comisiones temáticas” sino un “espacio más horizontal para analizar los avances globales” al que se “someterá” el Alto Comisionado.

Gallach también se refirió a la “cuarta gran pieza de esta gobernanza”, que es la confección de una Estrategia para el Desarrollo Sostenible hasta el año 2030 y que sirva de “guía” tanto al Ejecutivo como a las comunidades autónomas y entidades locales.

La idea es que se presente “en público” con motivo de la Cumbre de los ODS que tendrá lugar en septiembre en Naciones Unidas en la que dijo esperar que Pedro Sánchez “tenga un papel relevante poniendo de relieve el trabajo hecho durante un año por el Alto Comisionado”.

Tras precisar que se trata de una agenda “muy política y apartidista” reconoció que no es “vinculante” jurídicamente, pero representa un “compromiso de administración y sociedad civil para pilotar esta transformación”. “Si la idea de la formulación de un pacto de Estado puede ayudar, estaré encantada de defenderlo”, sentenció, abundando en la implicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez para cumplir “al pie de la letra” la Agenda.

Finalmente, incidió en la necesidad de “movilizar” también a pequeños y medianos empresarios con el fin de que incorporen la sostenibilidad e inclusión en sus modelos de negocio y se “comprometan en la divulgación” de este proyecto.

 

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