Según han expuesto desde la propia plataforma, en los últimos años, y sobre todo desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, las medidas que se deben tomar para frenar la crisis climática se están retrasando, provocando que la emisión de gases de efecto invernadero no deje de aumentar.
Belén Sánchez-Rubio, portavoz de Futuro en Común, señaló que “las promesas de España y del resto de países para reducir las emisiones de gases invernadero al menos un 55% antes de 2030 no pueden quedar en papel mojado. La COP26 debe ser un punto de inflexión si queremos evitar que el calentamiento global supere los 1,5ºC en las próximas décadas, tal y como se comprometieron los países, entre ellos España, en el Acuerdo de París”. Además, añadíó que “la crisis climática nos afecta a todas y a todos, pero sin duda ya está impactando en mayor medida en las personas y territorios más empobrecidos, discriminados y en mayor situación de vulnerabilidad”.
El precio que pagar
Para sensibilizar a la ciudadanía e incidir en el Gobierno español y en los líderes mundiales, Futuro en Común ha explicado que, si no se actúa de forma inmediata, ciudades como Barcelona, Valencia o Santander quedarán inundadas por la subida del nivel del mar en las próximas décadas y que Madrid tendrá el mismo clima que Marrakech.
Maite Sánchez, ganadera de Navarra afectada por el cambio climático, explicó que “el cambio climático nos está afectando muchísimo a la ganadería y a la agricultura. En las ciudades igual se nota menos, pero afectará igual porque, si nosotros fallamos, la cadena alimentaria también va a fallar. Es muy grave lo que está pasando y yo lo estoy viviendo día a día”.
Otras peticiones
Además de la reducción de emisiones, Futuro en Común pone el acento en la necesidad de contemplar medidas concretas para amortiguar el impacto desproporcionado que el cambio climático tiene sobre las poblaciones y territorios en mayor situación de vulnerabilidad.
En esta línea, Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, afirmó que “pese a la pandemia, continúa el modelo de desarrollo extractivo, aumentan los incendios en zonas protegidas y la minería. Este año tenemos el impacto de la sequía y se murió toda nuestra producción”.
Por su parte, Ndieme Ndong, habitante de la isla Mar Lodj en la región de Fatick, en Senegal, afectada por el continuo avance del nivel del mar y la salinización de las tierras cultivables, compartió cómo ha afectado el constante cambio climático a sus medios de vida. “Ese fenómeno ha alterado completamente nuestra vida. Puedo afirmar que el cambio climático ha destrozado nuestra economía. Sus efectos los sentimos mucho las mujeres, pero también los jóvenes. Se ven obligados a abandonar el pueblo para buscar un futuro mejor. Recomendamos a los miembros de los gobiernos que se van a reunir en la COP26 que piensen en las poblaciones”, manifestó.
Futuro en Común también ha querido hacer hincapié en el impacto que provoca el cambio climático sobre la movilidad humana, las denominadas migraciones climáticas, recordando que 30,7 millones de personas en 2020 se vieron obligadas a desplazarse debido a cuestiones relacionadas con el clima.
Además, con el fin de evitar que nadie se quede atrás y conseguir una transición justa hacia una economía verde, la plataforma considera imprescindible contemplar alternativas sostenibles para las personas y territorios que se vean afectados.
Otra de sus reivindicaciones es la perspectiva de género interseccional en el marco de los Derechos Humanos, ya que, según explicaron, las mujeres se encuentran entre las principales afectadas por el cambio climático.
Por todo ello, Futuro en Común pide al Gobierno de España que asuma el liderazgo en estas materias en la COP26 y contribuya a movilizar los compromisos y recursos económicos necesarios para ello, con los instrumentos multilaterales de financiación para la lucha contra el cambio climático, como el Fondo Verde.
En este sentido, señalaron que esta financiación debe ser no reembolsable y destinarse, al menos en un 50%, a acciones para la adaptación en el Sur Global. Además, Futuro en Común también insta a revisar exhaustivamente la fiscalidad y los incentivos, deducciones y exenciones que favorezcan actividades contrarias al cumplimiento de los objetivos ambientales.