El derecho a una vivienda accesible, asequible e inclusiva como elemento esencial para una vida independiente y participativa ha sido el asunto elegido por el movimiento organizado de la discapacidad para este Día de la Convención en España, el tercero que se conmemora desde que fuera establecido oficialmente por el Consejo de Ministros en 2019 a propuesta del propio Cermi.
Para la plataforma de la discapacidad, según indica en su manifiesto, el bien básico de la vivienda ha de ser garantizado a las personas con discapacidad mediante legislación y políticas públicas vigorosas que hagan efectivas soluciones habitacionales accesibles, “sin barreras ni obstáculos de ningún tipo, que permitan que las viviendas sean usables, cómodas y seguras”.
También ha de perseguir la asequibilidad, es decir, que no exista exclusión económica para la adquisición o utilización de la vivienda (compra o alquiler), teniendo en cuenta que las personas con discapacidad son, en general, un tercio más pobres que la media de la ciudadanía, por lo que, según señala, “deben ser consideradas grupo prioritario” en los apoyos y ayudas públicas.
Otro elemento fundamental es que la vivienda, y así lo reclama el Cermi, sea inclusiva, que facilite el derecho a llevar una vida independiente y a ser incluido en la comunidad, por lo que, según sostiene, “no caben modalidades habitacionales separadas y segregadas, siendo necesaria una transición de fórmulas de vivienda comunitaria”.
Las demandas de la discapacidad
Para el Cermi, la discapacidad ha de ser tenida “muy en cuenta” en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda, que, a su juicio, debe abordarse como parte de la legislación y las políticas públicas generales de vivienda. “Toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad”, recalca el manifiesto.
De esta manera, el movimiento Cermi considera necesario llevar a cabo dos medidas “de calado”. Por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, así como el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.
En materia de accesibilidad universal, pide que se resuelvan “con urgencia” algunas demandas, entre las que se encuentra la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste; que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas; y la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, el despliegue de políticas oficiales y la adopción de medidas que proporcionen y mantengan una oferta pública de viviendas accesibles a disposición de las personas con discapacidad.
Igualmente, exige que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a elegir dónde, cómo y con quién vivir, garantizando los apoyos que lo hagan posible. Y, en este sentido, abogan por que las políticas sociales y las de vivienda se aúnen para que se produzca, mediante estrategias públicas vigorosas, un tránsito a formas de vida inclusiva e independiente que permita la vida en la comunidad de pertenencia y la participación social de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, la vivienda colaborativa.
Por todo ello, el movimiento Cermi considera en su manifiesto que la discapacidad organizada y el Tercer Sector de Acción Social han de ser considerados como “agentes cívicos de referencia en la cocreación y cogobernanza de las políticas públicas oficiales de vivienda, en todos sus niveles”.
La Convención de la ONU, un cambio de paradigma para las personas con discapacidad
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2006 y ratificada por España en 2008, entró en vigor en nuestro país pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Se trata de un tratado internacional que supone la consagración del enfoque de los derechos de las personas con discapacidad, considerándolas sujetos titulares de derecho y obligando al Estado a garantizar el ejercicio de estos derechos de una manera plena y efectiva. O, en palabras del delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, “un tratado de derechos humanos que nos devolvía la condición de persona que tantas veces se nos había negado y que reconocía y celebraba nuestra dignidad”.
Según Jesús Martín, “el 3 de mayo de 2008 nuestro país se comprometía con la inclusión, con la vida en común y con la autodeterminación de las personas con discapacidad”. En un artículo de opinión firmado por él, Martín afirmaba que con esta Convención “avanzamos en igualdad, en libertades y en derechos, y son estas conquistas las que nos hacen mejores y a la vez se convierten en un buen indicador de progreso y en la mejor de las herencias para las generaciones venideras”.
Un logro de los derechos humanos sobre el que, en opinión del próximo director general de la Discapacidad del Gobierno, tenemos que preguntarnos si debemos ver este Día como una celebración o como un día para el activismo social.
“Imagino que a día de hoy será más de lo segundo, pues son muchos los «debes» que tiene España como Estado (lo que implica también a las comunidades autónomas, ayuntamientos, legisladores, poder judicial, empresas, etc.) con esta Convención. Pero estoy convencido de que la acción propositiva y beligerante del movimiento cívico de las personas con discapacidad y sus familias, encarnado en el Cermi va a ser clave para que cada 3 de mayo tengamos más que celebrar y menos que revindicar”, reflexionaba hace ya dos años Jesús Martín.