El 'Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid' de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada), que ha sido presentado por Cáritas, junto con el informe global de la ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España’, ha sido desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación.
Según alerta, la cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción de la COVID-19.
El 22% de los madrileños se encuentra en exclusión social, 370.000 personas más que antes de la COVID-19.
Asimismo, los resultados de esta investigación reflejan que en la Comunidad de Madrid un millón y medio de personas se encuentran en situación de exclusión social. Esto supone cinco puntos más que antes de la pandemia (del 17% en 2018 al 22%), es decir, 370.000 personas más en exclusión social. "Es especialmente grave el aumento de las personas en situaciones más difíciles, con un aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas", continúa.
Aumenta un 25% las situaciones de exclusión severa.
Además, también se indica que ha aumentado la desigualdad entre los más pobres, que han visto reducidas sus rentas un 22%, lo cual contrasta con el crecimiento del 18 % de las rentas de las personas con mayores ingresos. El desplome de rentas del quintil con menores ingresos explica el aumento de la pobreza severa.
Los hogares más afectados por la exclusión
Según se desprende el informe, el colectivo más numeroso dentro del espacio de la exclusión social es el de los hogares en área urbana encabezados por personas de nacionalidad española. Sin embargo, con respecto al porcentaje de personas de un colectivo concreto afectadas por la exclusión social, se observa que hay hogares con mayor probabilidad de sufrirla.
En el caso de los sustentados por mujeres, la incidencia de la exclusión es del 23 % frente al 21% en el caso de los hombres; al tiempo que en el de aquellos con dos o más miembros menores de edad, la tasa de exclusión triplica la de los hogares sin menores, alcanzando a 4 de cada 10 familias numerosas.
En aquellos en que la sustentadora principal es de nacionalidad extranjera, la prevalencia de la exclusión social es del 51 %, frente al 17 % de los hogares encabezados por personas de nacionalidad española; y en los hogares monoparentales a cargo de mujeres, la incidencia de la exclusión social es del 33%, siendo especialmente intensa en mujeres menores de 45 años.
Por el contrario, los hogares con menores probabilidades de exclusión social son aquellos sin miembros menores de 18 años, en los que la persona sustentadora principal tiene estudios superiores y los encabezados por personas de 65 o más años.
Empleo, viviendo y salud, principales factores de exclusión
Otra de las conclusiones del informe es que en Madrid la pandemia también ha tenido un importante impacto sobre el mercado de trabajo. Según señala, aunque, comparativamente, dicho impacto ha sido menor que el registrado en el conjunto del país y los últimos meses ofrecen datos positivos, “hay datos preocupantes”.
La inestabilidad laboral grave se ha duplicado y alcanza ya a 169.000 familias.
En este sentido, destaca que se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo, “lo que genera más trabajadores pobres”. Así, afirma que “la inestabilidad laboral grave se ha duplicado y alcanza ya a 169.000 familias”, al tiempo que el paro de larga duración “ha tenido una evolución especialmente negativa, pasando en Madrid del 30% en 2018 al 39% de 2021 (sobre el total de las personas desempleadas)”.
El paro de larga duración ha pasado en Madrid del 30% en 2018 al 39% de 2021.
En cuanto al desempleo que afecta a toda la familia, este “se ha incrementado un 50% y provoca que en 150.000 hogares todas las personas activas estén desempleadas”, siendo las tasas de desempleo particularmente elevadas entre las personas menores de 25 años (33%) y entre las personas de nacionalidad extranjera (19%).
Además, se resalta que los problemas relacionados con la vivienda afectan a una cuarta parte de la población de Madrid, ya que “el precio de la vivienda se ha incrementado un 44 % desde 2015, muy por encima de la media de España”, según el Índice de Precios de la Vivienda que elabora el INE. Un dato que afecta también al aumento del coste de los suministros básicos (electricidad y gas, principalmente).
El precio de la vivienda se ha incrementado un 44 % desde 2015, muy por encima de la media de España.
Entre los indicadores más destacados, el informe apunta a que un 16 % de los hogares en la Comunidad de Madrid quedan por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda, lo que sitúa a más de 400.000 familias con una reducida capacidad económica para terminar el mes; y a que se ha triplicado la proporción de personas que residen en una vivienda insegura (con amenaza de desahucio, tenencia en precario, malos tratos), pasando del 3% al 11%.
Otro de los problemas relevantes es la falta de acceso a medicación o tratamientos a causa de problemas económicos. Según esta investigación, “casi 300.000 hogares (11 %) han dejado de comprar medicinas, prótesis, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos”.
Asimismo, señala que la tasa de exclusión entre las personas que padecen una enfermedad mental supera en 10 puntos la del conjunto de la población. “Las familias madrileñas en las que alguien sufre un trastorno de salud mental diagnosticado alcanzan el 14%”, añade.
La brecha digital
Por otra parte, el informe indica que el aumento de la desigualdad no afecta solo a los ingresos sino también a otros ámbitos, como la brecha digital. Según asegura, “240.000 hogares están afectados por ella” y, “en especial, a los hogares conformados solo por personas mayores de 65 años y personas sin estudios”. De estos hogares, “82.000 se encuentran en situación de exclusión social”, añade.
240.000 hogares están afectados por la brecha digital
Relaciones sociales y familiares
La crisis de la COVID-19 está erosionando la calidad de las relaciones familiares, vecinales y de comunidad y, dentro de este contexto, el informe de Fundación FOESSA destaca que los problemas relacionados con el eje social “son los que en términos relativos más han crecido desde 2018”. “Si entonces afectaban al 5% de la población, ahora afectan al 14%, lo que supone un aumento del 200% en tres años”, manifiesta.
Asimismo, indica que también han aumentado las situaciones de aislamiento y de conflicto social, viendo reflejadas estas últimas un aumento superior al 300% en términos relativos. En este sentido, las situaciones que más han aumentado han sido las relacionadas con malos tratos, malas relaciones dentro del hogar y embarazos adolescentes, cuyo aumento ha sido aún más pronunciado entre las personas en exclusión social.
Por otro lado, la investigación demuestra cómo la ayuda mutua entre hogares en la Comunidad de Madrid se ha reducido hasta el 26% (respecto al 40% de 2018). Así, los hogares que ni dan ni reciben ayuda han pasado del 38% al 44%.
Retos
Por último, según el informe, las medidas de protección social adoptadas por las diferentes Administraciones durante la COVID-19 han evitado una situación que podía haber sido mucho peor que la actual, “pero no ha sido suficiente”. “El sistema de protección social debe evitar que las nuevas situaciones de exclusión o su intensificación se transformen en crónicas”, apunta.
En este sentido, el informe considera preciso resaltar que “el limitado desarrollo del Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2021 solo llegaba al 19% de la población en situación de pobreza severa”, así como llamar la atención sobre la insuficiente adecuación de la Renta Mínima de Inserción tras el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital. “Muchas personas han visto denegada, retirada o reducida la renta mínima por problemas ajenos a su situación. Urge asegurar una correcta compatibilidad entre ambas prestaciones”, establece.
También considera que “es necesario garantizar un sistema de salud público de calidad, con especial atención a las personas en exclusión social, así como una mayor atención a los problemas de salud mental”. Según apunta, “es preciso impulsar nuevas políticas frente a la exclusión residencial, que es un problema que no deja de aumentar en la Comunidad de Madrid”.
Asimismo, se observa que “es necesario seguir dando pasos para contrarrestar la brecha digital, pero al mismo tiempo mantener canales de atención presencial para las personas que se quedan fuera de este sistema”.
“Es importante que la sociedad madrileña no mire para otro lado y dar pasos para garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes de la región”, concluye.