Desde los primeros días de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso no han hecho más que incrementarse las informaciones y pruebas de que sus militares están cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Son constantes las noticias e información gráfica sobre ataques mortales contra civiles y el uso de armamento ilegal, como las municiones de racimo, contra zonas residenciales, hospitales o infraestructuras sanitarias.
Por otro lado, son ya tres millones y medio de personas las que han huido del horror ocasionado en su país y todavía es mucho más alta la cifra de personas que permanecen en él, desplazados y en búsqueda constante de refugio y de recursos básicos para mantenerse con vida. Estos crímenes no deberían quedar impunes y son ya cuatro los tribunales que han tomado la iniciativa para investigar y exigir responsabilidades.
Doble estrategia judicial de España
En España se sigue una doble estrategia judicial. Por un lado, la fiscalía de la Audiencia Nacional se ha sumado a la demanda colectiva puesta en marcha por la Corte Penal Internacional, de manera que podrá investigar y recopilar testimonios de víctimas para añadir al sumario que sirva para juzgar a los criminales. Por otro lado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado un decreto encargando al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, investigar la agresión rusa contra Ucrania, país en el que residen ciudadanos españoles que, según el Ministerio Público están siendo víctimas de actuaciones ilegales por parte de la Federación Rusa.
Rusia no reconoce la Corte Penal Internacional
Actualmente son 41 países los que se han sumado a la demanda colectiva interpuesta contra Vladímir Putin y sus acólitos en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Países Bajos). De todas maneras, muchos expertos en derecho internacional manifiestan que se trata de actos más simbólicos que otra cosa, teniendo en cuenta las dificultades que entraña que Rusia ni siquiera reconozca la jurisdicción de la CPI.
La misión de este tribunal es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. El organismo comenzó a funcionar el 1 de julio de 2002 tras su ratificación por 60 países, incluida España, si bien, además de la ausencia de Rusia, se cuentan las de EE.UU. y China, que tampoco reconocen su jurisdicción.
En este sentido, la única posibilidad de hacer justicia es que Rusia acabe perdiendo la guerra, su gobierno sea derrocado y que Putin, junto al resto de responsables de los crímenes, tengan que refugiarse en otro país que sí esté sometido a la CPI, con lo cual, se podría ordenar su detención para ser juzgados. Pero esta es una posibilidad que los expertos ven como muy remota en estos momentos.
La CIJ ordena a Rusia detener la ofensiva militar
También con sede en la Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el máximo órgano judicial de la ONU. Este tribunal se ha mostrado “profundamente preocupado por el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania, que plantea cuestiones muy graves de derecho internacional”. En este sentido, señaló que no cuenta con pruebas que respalden las imputaciones que hace Rusia acerca de que Ucrania lleva a cabo un genocidio en Donetsk y Luhansk, con el que ha justificado la invasión, y además añadió que, en cualquier caso, es dudoso que la Convención sobre Genocidio otorgue autoridad para el “uso unilateral de la fuerza en el territorio de otro estado”.
La CIJ recibió el 7 de marzo un documento en el que Rusia argumenta que ese órgano judicial no tiene jurisdicción sobre el caso, ya que había explicado a la ONU su operación militar por motivos de legítima defensa en Ucrania.
La Convención sobre el Genocidio fue adoptada el 9 de diciembre de 1948 y tiene 152 Estados parte. Rusia y Ucrania se adhirieron al instrumento en 1954. Como estados parte de dicha Convención tanto Rusia como Ucrania tienen la obligación de ajustarse a sus términos; sin embargo, según la CIJ, “las partes no coinciden en la implementación” del instrumento y Rusia habría usado y abusado de las estipulaciones que contiene, por ello ordena la detención inmediata de la ofensiva militar llevada a cabo por este país. Algo que tampoco parece que vaya ocurrir ante la falta de reconocimiento de las disposiciones de este organismo por parte de Rusia.
El TEDH ordena el cese de ataques contra civiles
Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), atendiendo a una solicitud del gobierno ucraniano, ordenó a Rusia el cese de los ataques contra civiles y contra sus bienes en Ucrania. Este tribunal funciona dentro del Consejo de Europa (que reúne a 46 países) y es el organismo encargado de enjuiciar causas de individuos contra estados que vulneren algún artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde que inició su actividad, Rusia acumula casi tres mil sentencias condenatorias por vulneración de este convenio.
Desgraciadamente esta orden tampoco ha surtido ningún efecto, dado que Putin no se siente obligado atender a los requerimientos de este órgano después de que, el pasado 16 de marzo, el Consejo de Europa expulsara a Rusia en una decisión sin precedentes, debido precisamente a la invasión a Ucrania.
¿Es posible juzgar a Putin?
Algunos expertos ven imprescindible que Putin y los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania se sienten en el banquillo de los acusados, aunque los órganos jurisdiccionales y las herramientas legales disponibles, como se ha visto, no parecen muy eficaces por el momento.
En un debate organizado recientemente por la Fundación por la Justicia, el Instituto 9 de Mayo y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el abogado ucraniano Andreu Yakubub afirmaba, en referencia a la noticia del bombardeo al hospital infantil de Mariúpol durante un alto el fuego para evacuar a civiles, que “hemos perdido el foco de la intencionalidad. Estamos ante un crimen de guerra, sin lugar a dudas". "¿Con qué intención se están lanzando misiles a hospitales o colegios cuando los primeros dos días solo se lanzaban contra objetivos estratégicos?, ¿qué ha cambiado?...La hipótesis es que lo que se está intentando, con ataques intencionados contra la población civil, es presionar al jefe del Estado para que pida, por todos los medios, el alto el fuego como un mal menor al desangramiento del país. No deberíamos tolerar la impunidad”, señaló.
"Hemos perdido el foco de la intencionalidad. Estamos ante un crimen de guerra, sin lugar a dudas".
Por su parte, Luis Miguel Romero, patrono de Fundación por la Justicia y Cónsul Honorario de Ucrania, afirmaba en el debate que juzgar a Putin “es una necesidad". En su opinión, "ante la irracionalidad de las armas es necesario acogernos a la primacía del derecho. El derecho tiene que dar respuesta a estos crímenes de guerra, si no queremos volver a los actos de barbarie que desembocaron en dos guerras mundiales. El derecho está al servicio del ser humano y de su dignidad, sancionando vulneraciones como estas". "La invasión a un pueblo hermano y pacífico como el ucraniano, con ataques premeditados contra civiles, niños, mujeres embarazadas, profesionales sanitarios, no puede no ser juzgada. Sin derecho no hay justicia, y sin justicia no habrá verdadera paz”, declaró Romero.
"Juzgar a Putin es una necesidad".
“Sí se puede responsabilizar a personas que ejecutan acciones de esa naturaleza”, enfatizaba Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat de València y miembro del Consejo Consultivo de Fundación por la Justicia. “Y quien ejecuta las acciones no solo es Putin, sino también los mandos del ejército que están dando órdenes de bombardear hospitales y toda la cadena de mando, sin descartar a las autoridades bielorrusas", indicó. Según declaró, "el derecho internacional tipifica los crímenes que se pueden atribuir a una persona, entre ellos la agresión, el genocidio, los crímenes de guerra (como atacar hospitales, colegios, usar a la población civil como escudos, hacer que no tenga agua, alimento), y los crímenes de lesa humanidad”. “¿Podría parar la guerra abrir un proceso penal contra Putin? La respuesta por desgracia es no. Pero se impartirá justicia”, trasladó.
"¿Podría parar la guerra abrir un proceso penal contra Putin?".
Además, el catedrático de Derecho Penal, Javier Boix, opinó que la realidad de sentar a Putin en el banquillo de los acusados es bastante improbable. “De abrirse un proceso contra él en la Corte Penal Internacional tendrían que apresar a Putin fuera de Rusia, o entregarle. Por otro lado, es un escándalo que pueda paralizarse la investigación por el Consejo de Seguridad de la ONU. Hace algunos años se intentó eliminar, pero no fue así. Pero no porque se pueda hacer poco se debe hacer nada. No porque nunca haya una sentencia condenatoria quiere decir que el hecho de plantear la posibilidad no contribuya a una intimidación que pueda llevar al efecto de prevención”, sentenciaba Boix.
En su opinión, "la justicia va lenta, pero va”. “Los juicios acaban llegando. Es importante iniciarlos. Pero a quien inicialmente le corresponde juzgarlos es a Ucrania. Y hay que alabar la serenidad con la que las autoridades de Ucrania están usando el derecho en medio del conflicto armado. ¿Que el arresto de Putin es improbable y que si iniciamos los trámites podamos estar ante otro Bashir? Es probable. Pero torres más altas hemos visto caer”, concluyó el catedrático.