La Dirección General del Agua presentó varias iniciativas legislativas a consulta en una nueva reunión del Pleno del Consejo Nacional del Agua. Entre ellas, destaca una sobre reutilización del agua que promueve y regula el uso de las aguas regeneradas procedentes de depuradoras, ante la que las organizaciones ecologistas se muestran en contra pues supone un nuevo enfoque de oferta de agua que podría reducir los caudales circulantes por los ríos, ya que aspira a duplicar el volumen de agua reutilizada, de 400 a 800 Hm3/año.
Además, la iniciativa legislativa permite poner un precio al agua reciclada, lo que supondrá un posible ingreso adicional para los municipios concesionarios del agua doméstica, favoreciendo la mercantilización del recurso.
En este sentido, organizaciones ambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España consideran que las aguas procedentes de las depuradoras son recursos que actualmente cumplen funciones importantes en el dominio público hidráulico, donde son necesarias para terminar el proceso de depuración, la recarga de los acuíferos, la contención frente a su salinización en zonas litorales o el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos.
Además, señalan que en muchas ocasiones son el único aporte a los humedales que se nutren de acuíferos sobreexplotados. En las zonas litorales, se podría llegar a la ausencia de caudales en marismas y estuarios fluviales, ecosistemas vitales para la fauna y flora acuática y zonas claves para la pesca.
Según estas organizaciones, para asegurar que no se genera un efecto negativo sobre los ecosistemas, el uso de las aguas regeneradas sólo puede sustituir, y no ser adicional, a las extracciones actuales de mejor calidad, liberando recursos hídricos en la cuenca para las funciones ecológicas y evitando el efecto rebote del aumento de consumo de agua en las cuencas.
Contadores de agua utilizada
Durante la reunión del Consejo Nacional del Agua también se presentó una propuesta de Orden de contadores (Proyecto de Orden por la que se regula los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados) que pretende avanzar hacia el control mediante la digitalización de los aparatos de medida, el control en tiempo real y las herramientas de colaboración con los usuarios, haciéndoles partícipes del autocontrol.
En este caso, las ONG creen que esta iniciativa es positiva, aunque no suficiente si no se avanza igualmente en el control efectivo y la sanción de las extracciones ilegales, que pueden constituir un elevado porcentaje de las extracciones de las aguas subterráneas y que también deberían cuantificarse.
Las organizaciones advierten, al mismo tiempo, de que la Administración del agua no cuenta con medios personales ni los recursos suficientes para hacer el seguimiento. Y, por otro lado, apuntan que delegar la competencia a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) crea desconfianza, debido al alto nivel de ilegalidad existente en la actualidad y que no ha sido denunciada ni controlada por los propios usuarios legales.