Las nuevas normas prohíben la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado y establecen orientaciones específicas para los delitos cometidos en línea, como la divulgación de información privada y el exhibicionismo cibernético.
La normativa también incluirá una lista más exhaustiva de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes cometidos contra figuras públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Otros delitos contemplados son la intención de castigar a las víctimas por su género, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, así como para preservar el honor de una persona o restaurarlo.
Según Frances Fitzgerald (PPE, Irlanda), ponente de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, la normativa “evitará la violencia, protegerá a las víctimas y enjuiciará a los agresores. No puede haber igualdad sin erradicar la violencia contra las mujeres; debemos asegurarnos de que no hay impunidad para quienes cometen esos delitos”.
Y, por su parte, Evin Incir (S&D, Suecia), ponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, explicó que la directiva “refleja nuestro compromiso sin fisuras de reforzar los derechos de la mujer y salvar vidas. Recordemos este momento como un primer paso histórico en el refuerzo de los derechos de las mujeres, que marca el camino hacia un futuro donde todas las mujeres pueden vivir sin miedo ni opresión. Es una victoria para la justicia y la igualdad en la Unión Europea”.
Salud sexual y reproductiva
La normativa también exige que se dé prioridad a la seguridad y el bienestar de las víctimas, incluido el acceso a alojamientos protegidos. La asistencia sanitaria debe ser accesible, sin excluir los servicios de salud sexual y reproductiva.
En este sentido, señala que las autoridades de los países miembros tendrán obligaciones más estrictas de elaborar informes y recoger pruebas. Asimismo, deberán sensibilizar a la población sobre el hecho de que mantener relaciones sexuales sin consentimiento se considera un delito.