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Se destinará el 0,7% de la Renta Nacional Bruta al desarrollo en 2030

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que incluye el mandato de dedicar el 0,7% de la renta nacional bruta a la ayuda al desarrollo en 2030 y que establece como ejes principales de la cooperación española la reducción de la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género.

Rueda de prensa en la que se ha presentado el anteproyecto de la nueva ley.
Rueda de prensa en la que se ha presentado el anteproyecto de la nueva ley.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, una norma que actualiza la actual, vigente desde 1997, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los acuerdos de cambio climático de París y otros instrumentos internacionales y que se centra en la reducción de la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género.

Una inversión en bienestar y en futuro

Según trasladó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, esta norma da rango legal al compromiso adquirido por España en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030, al tiempo que dedicará un 10% de la misma a acción humanitaria.

Asimismo, recordó que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incrementan en casi 400 millones de euros la ayuda al desarrollo y recupera una década de retroceso en este ámbito.

La futura ley también establece, en palabras de Albares, una cooperación financiera “más ágil y eficaz” entre todas las administraciones que realizan ayuda oficial al desarrollo: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y ayuntamientos.

En su opinión, este texto “refuerza la gobernanza del sistema de cooperación, mejora la transparencia y favorece la rendición de cuentas”. Con estos fines se crea un Consejo Superior de Cooperación; una Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, como espacio de coordinación y se eleva de rango a la Comisión Interministerial existente, a la que acudirán los secretarios de Estado.

Además, la norma prevé que la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (Aecid) disponga de un nuevo estatuto para dignificar el trabajo y las carreras profesionales de los cooperantes y de un nuevo instrumento de cooperación financiera con un marco normativo de subvenciones adaptado a las especificidades de la cooperación internacional.

Así, otro de los apartados clave de la futura ley será la transformación del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) en el nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (Fedes), que financiará proyectos y programas que contribuyan al desarrollo sostenible en países de renta baja o renta media-baja y media conforme a la clasificación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. La gestión de este fondo corresponderá a la Aecid y a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Como novedad, incorpora el Sahel (región del África Subsahariana) como región prioritaria de la cooperación española y se mantienen las áreas tradicionales, incluyendo América Latina y el Caribe. Asimismo, se reforzará la ayuda ante crisis imprevistas, como han sido las de Afganistán, Haití o el tifón de Filipinas.

Además, el ministro afirmó que España está haciendo “un esfuerzo importante” en donación de vacunas y que ha comprometido un total de 50 millones de dosis. Según aseguró, "la cooperación al desarrollo es inversión en bienestar y es inversión en futuro".