La guía de contratación está concebida como herramienta para que desde las empresas se impulse la integración laboral de personas con discapacidad
La Fundación SERES se elabora anualmente un informe con la contribución de las empresas en materia social y, según ha señalado Lucila García, este año “el 78% de las empresas que han participado cuentan con personas con discapacidad en sus plantillas”. En relación a esto ha afirmado que “aún hay mucho camino por recorrer pero se va viendo un avance” .
Por su parte, Fernando Riaño, director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de ILUNION, ha hecho alusión a la importancia de la responsabilidad de todas las empresas en materia de discapacidad, ya que “el aspecto social es una tendencia que claramente ha venido para quedarse, ya que está tanto en la agenda ‘soft’ como en la agenda ‘hard’ de las empresas”. Y es que, aunque en su opinión “el término de la discapacidad ha ido avanzando dentro de las empresas, hay que tener en cuenta que los datos de empleo de este colectivo son alarmantes y es necesario trabajar en este sentido a través de la Ley General de Discapacidad”. En materia de Responsabilidad Social Corporativa, Riaño ha añadido que “no se debe entender la RSC desde la moda y la estética sino desde la convicción y que no hay que confundir la responsabilidad social con la responsabilidad legal”.
Desde Garrigues, uno de los grandes despachos de abogados internacionales de derecho empresarial, Gregorio Nevado, socio del mismo, ha explicado los diferentes aspectos de la guía y ha manifestado que el objetivo de la misma es explicar desde un punto de vista práctico, el análisis de la aplicación de la cuota de reserva de las medidas alternativas.
En relación a la integración laboral de personas con discapacidad, Javier Cerrolaza, director territorial jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha asegurado que “la inspección de trabajo se dedica a vigilar el cumplimiento de la cuota de reserva con el objetivo de actuar con requerimiento en caso de no cumplimiento” y ha añadido que “es importante el compromiso de todos ya que en caso de infracción, en materia de empleo, la sanción puede llegar a 6.000 euros”.
Por último, Jesús Celada, subdirector general de Diálogo Civil de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ha reconocido que “estamos en un país en el que el modelo de la discapacidad es un paradigma y que ha habido una evolución y un cambio, ya que antes solo se abogaba por la labor asistencial y desde hace unos años el foco también está puesto en la formación y el empleo”. También ha declarado que en plena crisis ha aumentado la contratación de las personas con discapacidad en un 64%, y ha animado a “buscar nuevos nichos de empleo para aprovechar las tecnologías y el medio ambiente”.