La directiva propone mejorar las prácticas de gobernanza para que a su vez mejore la gestión de riesgos y mitigación de impactos sobre derechos humanos y el medioambiente derivados de la cadena de valor en las estrategias empresariales. En dicha cadena de valor, destaca el papel que la gobernanza juega en el sector agroalimentario, donde la influencia que pueden tener los inversores para mejorar las condiciones laborales es significativa pues se trata de uno de los sectores con mayor exposición a violaciones de derechos humanos, esclavitud moderna o riesgos laborales y de salud.
De acuerdo con FAIRR Initiative, esta influencia colectiva de los inversores permite realizar engagement con las empresas del sector, lo que hace posible aumentar la transparencia en materia de derechos laborales en tres áreas claves: salud y seguridad, condiciones de trabajo justas y representación de los trabajadores.
La integración de las cuestiones sociales y de derechos humanos, y no solo la dimensión medioambiental, es indispensable para el contexto de transición ecológica justa, a la cual pretenden acercarse las propuestas regulatorias de la Unión Europea. En lo que respecta a las cadenas de suministro, además de tener en cuenta las actividades principales de las empresas, se debe asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en toda la cadena de valor del sector, ya sea el agroalimentario, el energético o la minería. En este sentido, la directiva publicada por el Parlamento Europeo sobre Debida Diligencia y la batería de regulación publicada o prevista por publicar por parte de las administraciones europeas tienen el potencial de aportar mayor transparencia y claridad en el medio plazo.
Muestra de esta importancia es la publicación por parte de Principios de Inversión Responsable, PRI, de un documento en 2020 de posicionamiento sobre derechos humanos en la comunidad financiera, en el cual detallaban tres responsabilidades principales de la comunidad financiera y las empresas: detallar políticas, debida diligencia y acceso a mecanismos de remedio. La debida diligencia permite reducir la ocurrencia de casos de socialwashing y aporta mayor tranquilidad y transparencia al sector mediante objetivos claros, tangibles y medibles. Asimismo, y en este contexto, cabe darle importancia al papel del reporting que han de hacer las empresas para que el inversor, con mayores niveles de transparencia, pueda definir mejor criterios de doble materialidad en sus inversiones.
Integración y ‘engagement’
El avance en las estrategias para la integración de cuestiones de derechos humanos se da, por ejemplo, a través de acciones de diálogo activo o engagement con determinadas compañías que presenten margen de mejora en esta materia, en lugar de su exclusión sistemática del universo de inversión.
Los propietarios de activos pueden intervenir, por su lado, a través de su influencia en los gestores. Reconociendo los impactos sobre la cartera que pueden derivar de una mala gestión en la cadena de valor, puede favorecerse un mayor nivel de engagement por parte de los inversores. Del mismo modo que pueden ser un factor diferencial para que se materialicen ciertas mejoras en las condiciones de los trabajadores a lo largo de la cadena de valor.
La Directiva publicada por el Parlamento Europeo sobre Debida Diligencia y Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en un elemento diferencial y de referencia en este campo, pretendiendo evitar los impactos adversos de las actividades de las empresas sobre la sociedad y buscando prevenir, mitigar y reparar las consecuencias negativas en materia de derechos humanos o de medioambiente derivadas de la actividad de las empresas.
Esta directiva, en coordinación con la Directiva de Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD), la creación del Punto Único de Acceso Europeo (ESAP) y los estándares de divulgación corporativa de sostenibilidad que está desarrollando EFRAG (ESRS), aspira a redondear la disponibilidad y calidad de información ASG divulgada directamente por las empresas; si bien aún queda un largo camino por recorrer en materia de derechos humanos, tanto en la capacitación técnica para aplicar la debida diligencia en estas cuestiones como en la importancia de la medición del impacto, la disponibilidad de métricas y la necesidad de armonización de los distintos marcos existentes.