Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido un cambio significativo en la percepción sobre la importancia de los aspectos sociales dentro del espectro ESG, dejando definitivamente atrás ese plano secundario que algún día tuvo a la sombra de lo ambiental y llegando a convertirse en un verdadero motor de transformación dentro de las organizaciones. Ha calado el reconocimiento de que una gestión efectiva y estratégica de los aspectos sociales no sólo es cuestión de ética, sino que puede tener un impacto positivo sobre cuestiones tan relevantes como son la reputación de una organización, la retención del talento o la fidelidad de clientes exigentes. Con ello, la gestión del impacto social se ha convertido en una cuestión de verdadero valor y diferenciación estratégica.
En este cambio de perspectiva, la regulación tiene sin duda un papel fundamental. En sólo unos años se ha multiplicado el número de disposiciones que traen consigo exigencias para las empresas en materia ESG: nuevos estándares, herramientas, exigencias de reporte… Una verdadera revolución regulatoria a la que resulta complejo adaptarse y todavía más anticiparse. A esto se une que vivimos en la era de la responsabilidad empresarial ampliada, donde se ha incrementado la vigilancia y escrutinio de la actuación empresarial, exigiendo cada vez unos mayores estándares de comportamiento e implicación en términos ESG, en general, y en cuestiones sociales, en particular.
En este escenario, destaca por su novedad y capacidad de impacto el nuevo marco de reporte europeo que entró en vigor a principios de año: la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Esta nueva normativa supone un antes y un después en el reporte extra financiero y en cómo las empresas se comportan y rinden cuentas sobre sus impactos en el medioambiente y la sociedad, ampliando significativamente el número de empresas obligadas a facilitar información sobre sostenibilidad, que de acuerdo con estudios iniciales pasaría de las 12.000 actuales a más de 50.000.
La directiva establece que, con el fin de homogeneizar en mayor medida la información publicada por las empresas de la UE, las organizaciones incluidas en su ámbito de aplicación deberán presentar la información no financiera de acuerdo con unos estándares comunes: los ESRS (European Sustainability Reporting Standards). La arquitectura de estos estándares es la siguiente:
- Estándares transversales (ESRS 1 y ESRS 2). De contenido genérico, son aplicables y obligatorios para todas las empresas
- Estándares temáticos. Se trata de distintos estándares agrupados en tres grandes bloques: ambiental, social y buen gobierno.
En este sentido, el bloque social consta de cuatro estándares diferenciados: fuerza de trabajo propia, trabajadores de la cadena de valor, colectivos afectados y, por último, consumidores y usuarios.
De esta manera, las empresas se van a ver obligadas a reportar información en base a unos indicadores concretos establecidos por la norma. Deberán informar sobre cómo están gestionando los riesgos, oportunidades e impactos –tanto actuales como potenciales y tanto positivos como negativos–, no sólo en relación con sus propios trabajadores (reportando cuestiones relacionadas con la diversidad, remuneración, salud y seguridad…), sino yendo más allá, debiendo informar también sobre la gestión de estos impactos en relación con los trabajadores de la cadena de valor, los clientes y usuarios y las comunidades en las que operan.
No hay duda de que el nivel de exigencia es cada vez mayor y que esto conlleva grandes retos para las organizaciones, que van a tener que establecer robustos sistemas de gobernanza interna para dar respuesta al gran volumen de nuevos requerimientos. Sin embargo, además de suponer un reto, estos cambios también abren importantes ventanas de oportunidad para aquellas empresas que están más comprometidas desde la perspectiva social y son capaces de entender bien cómo estas nuevas regulaciones pueden mejorar procesos internos en calidad de información, toma de decisiones y mejor rendición de cuentas.